Todo lo acontecido durante los 36 días de paro cívico en Santa Cruz debiera ser suficientemente entendido y comprendido por la población sobre lo que significa un Estado con gobiernos autoritarios, insensibles e interventores, que buscan controlar a la población en base al miedo, a la distracción y al entretenimiento; no sólo se entrometen en la vida privada de las personas y atacan las libertades individuales, sino que además se agrede a las personas que piensan distinto o que no siguen sus designios, siendo capaces de afectar la vida e integridad física de las personas sumado a la afectación de la propiedad privada (sea mediante impuestos confiscatorios e inflación-impuesto, entre otras modalidades más de expropiaciones).

Ante tanta violencia institucional sistemática, el pueblo cruceño, frente al abuso de poder, reaccionó de forma incontrastable con un histórico y multitudinario cabildo en fecha 13 de noviembre de 2022, saliendo en defensa de la vida en libertad y la propiedad privada.

Esas imágenes del referido cabildo quedarán en los archivos históricos del país y en especial del departamento cruceño. Intentaron enterrarnos sin saber que cada boliviano, somos semillas, gérmenes y axiomas de una sociedad libre dispuestos a defender la vida en libertad.

Con todo ello, los bolivianos no debemos ser apáticos con todo lo ocurrido en Santa Cruz y por el bien de la propia población boliviana se debería exigir un Estado con gobiernos al servicio de la libertad, garantizando y protegiendo todo el catálogo de derechos conforme establece, ordena y manda la Constitución Política del Estado (CPE) boliviana (arts. 1, 2, 9, 14-III, etc.), sin estatismo atroz.

Dentro de la estructura y organización territorial del Estado, tenemos al gobierno central, gobiernos autónomos departamentales (gobernaciones), gobiernos municipales (alcaldías) y las autonomías indígenas originarias campesinas; por lo tanto, todas y cada una de las autoridades antes mencionadas con su correspondiente conformación son parte del Estado, en su estructura y organización territorial.

Las autoridades públicas son aquellas que nosotros elegimos para que sean administradores (reciben un salario mensual de nuestros impuestos), constituidos por la clase política en función de gobierno en cada uno de los niveles antes referidos; y los administrados somos nosotros, las personas individuales, los que somos miembros del pueblo boliviano, entendiéndose pueblo como la “suma de los individuos” que sale en defensa de sus libertades individuales, tal como lo hizo el pueblo cruceño recientemente en los 36 días de resistencia civil pacífica (paro cívico que fue levantado mediante la declaración de cuarto intermedio del 26 de noviembre de 2022); por lo tanto, cualquier iniciativa ciudadana en pro de proteger y defender su vida en libertad, tanto en su organización, diseño y elaboración, no debe constituirse entremezclándose con la estructura estatal (en cualquiera de sus niveles de gobierno) ni con los políticos, sean estos de oposición u oficialistas, pues son justamente a ellos a quienes lógicamente la sociedad civil siempre exige y exigirá el cumplimiento de la CPE, las leyes y demás normas jurídicas, estableciendo el respeto a la libre determinación, los principios y valores en el marco de la CPE, acorde a un Estado Constitucional y Social de Derecho, en el que la libertad y la dignidad (Art. 22 de la CPE) son presupuestos para la realización de los demás derechos fundamentales.

En consecuencia, jamás se debe perder el sentido común, esto es, que toda cuestión cívica es en realidad una lucha por la búsqueda de la efectivización de la separación de poderes; la libertad política de la sociedad civil y su representatividad y la independencia de los órganos de Estado, todo ello previsto en los Arts. 11 y 12 de la CPE; y, obviamente, de forma elemental, la independencia judicial (Art. 178 de la CPE), tal como afirmaba James Madison: “que los poderes se vigilen mutuamente y que los ciudadanos puedan dormir tranquilos”.