La frase pronunciada el martes por el senador chapareño Leonardo Loza, del Movimiento Al Socialismo (MAS): “Creo que hoy nació otra bancada”, no es errada. Loza, uno de los que rechazó el proyecto de Ley del Censo, reconoció que hay división en su partido y se mostró desconcertado (se confesó “preocupado” y “confundido”) por la posición de la mayoría de sus colegas. Por primera vez en varios años, el oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional había sido sobrepasado por una nueva corriente renovadora, más democrática y ya no manipulada por la verticalidad del expresidente Evo Morales.

Finalmente, tras superar la férrea resistencia del ala ‘evista’, la Ley del Censo pudo ser sancionada en el Senado. Se impuso una mayoría compuesta por legisladores de las tres bancadas con representación parlamentaria: MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos, dando vía libre a la norma que, en cualquier momento, será promulgada por el presidente Luis Arce.

Como era previsible, el diputado Héctor Arce, junto con otros leales a Morales, insistió en que hubo un “pacto” entre algunos de sus colegas del MAS con la oposición para aprobar la Ley del Censo, como si los acuerdos políticos no fueran parte del trabajo de los parlamentarios en ambas cámaras. En los hechos, Arce (el diputado) sigue el libreto del jefe nacional de su partido, que no pierde oportunidad para criticar al Gobierno. Hay quienes dicen que el evismo busca debilitar la figura política de Arce (el presidente), con miras a las elecciones de 2025.

Es ‘vox populi’ que Evo Morales quiere proyectarse como candidato para los futuros comicios generales, nada menos que en el año del Bicentenario de Bolivia, mientras que Luis Arce va perfilándose con perspectivas de revalidar su gestión. Dada la fuerte interna que se vive en el MAS, se especula que el actual mandatario podría ser postulado por otro partido (dicen que sería el PS-1), considerando que Morales prácticamente se ha apropiado de la sigla del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS–IPSP).

También previsiblemente, el ala radical del MAS, con ascendencia en el Trópico de Cochabamba, bastión de Morales, ha iniciado una campaña de persecución y/o intimidación contra los asambleístas del oficialismo que apoyaron la ley que está destrabando el largo conflicto social afincado, sobre todo, en Santa Cruz.

Esa campaña está apoyada por exautoridades del gobierno de Morales, entre ellas dos exministros, Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, que no tuvieron reparos en salir públicamente a cuestionar a miembros del gabinete de Arce, en concreto a Eduardo del Castillo e Iván Lima; sabedores de su grado de legitimidad (ganó las últimas elecciones con el 55,1% de los votos), ninguno de los exministros se ha atrevido aún a criticar de frente al Presidente.

Como toda corriente radical, este grupo de seguidores evistas no tolera la discrepancia al interior de su partido, menos aún la postura de diputados y senadores del MAS que, perdiendo el miedo después de años de imposiciones y falta de democracia interna, ahora toman decisiones por su propia cuenta.

Este abierto desafío a las órdenes que Evo imparte desde el Chapare han generado una grieta que será difícil de cerrar. Entretanto se dilucida esta incógnita, lo cierto es que, por lo visto tanto en Diputados como en Senadores, el expresidente y sus leales han quedado en minoría respecto a la tendencia moderada de los ‘renovadores’ en el MAS, estos últimos dentro de la línea de Luis Arce y David Choquehuanca.

Hay una suerte de demonización de la llamada ‘democracia pactada’, una figura política que se dio en los años 80, 90 y principios de los 2000, resultado de un conveniente discurso ligado al descrédito del neoliberalismo que imperó en aquellos años en Bolivia. Los parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, son representantes de la ciudadanía en el Legislativo y tienen la obligación de llegar a acuerdos, principalmente, cuando está en juego la paz social en el país. No puede ser que un partido pretenda imponer a sus diputados y senadores que actúen de una forma solo por interés de una organización política, en detrimento de la nación.