Le pido que siga mi relato por unos instantes como si hubiese sido realidad.

El pasado 12 de julio se reunió el Consejo Nacional de Autonomías y recibió el informe del INE que, en conjunción con los organismos internacionales, afirmó que era imposible efectuar el censo en noviembre de este año. Los miembros del consejo reconocieron que no eran la instancia para determinar una nueva fecha, así que dejaron al Órgano Ejecutivo la forma de resolución de este aspecto.

Frente a esta revelación, líderes y autoridades de “varios” departamentos y municipios, manifestaron sus reparos y pidieron que se pueda resolver de forma profesional este asunto, de tal manera que los resultados estén disponibles antes de las elecciones generales de 2025 y que los recursos involucrados puedan ser distribuidos, como corresponde, en el menor plazo posible.

Existió pues una creciente presión popular para que el censo sea bien hecho y a la vez oportuno. Surgió en los movimientos ciudadanos y cívicos el clamor de “Resultados 2024”. A lo largo del país se realizaron muestras pacíficas pero contundentes al respecto, destacando los paros de actividades en Santa Cruz del 23 de julio por un día y del 7 y 8 de agosto por dos días.

Para evitar que la fecha del censo continúe siendo motivo de discordia, el presidente convocó a una reunión de gobernadores, alcaldes y rectores de universidades en Cochabamba el 18 de agosto. El primer mandatario escuchó las diversas opciones y en consenso decidieron que en el plazo de no más de una semana se reúna un comité técnico en Trinidad para proponer una nueva fecha del censo con el consenso profesional del caso, pero con la directiva de que sea un operativo inclusivo (“cuente a todos”) y a la vez oportuno (resultados en 2024).

A partir del 25 de agosto y durante seis días se reunió una comisión técnica de alto nivel donde hubo discusiones acaloradas y disensos sobre los medios, aunque con una clara coincidencia sobre los objetivos buscados. En las redes sociales también se observó discusión, pero sobre todo respeto al disenso. Al final se llegó a un acuerdo de que la fecha sea el 23 de marzo de 2024 y que los resultados sean aplicables en similar año.

Para evitar cualquier susceptibilidad, el partido oficialista propuso que estos plazos se agreguen de forma permanente en la Ley 1405 de Estadísticas Oficiales del Estado, normando los procedimientos para garantizar la oportunidad y calidad de los censos posteriores. De igual forma, se agregó una cláusula temporal referida solo al censo 2024.

Luego de ingresar a las cámaras de diputados y senadores y ser aprobada por mayoría de dos tercios, la Ley fue promulgada el 13 de septiembre por el presidente. Debido a la algarabía y beneplácito, se convocó a un Cabildo en Santa Cruz que delineó una hoja de ruta para afrontar los siguientes retos. De igual forma, en el Chiriguano se aglutinaron cruceños de otras visiones que festejaron el acuerdo.

¿Cuál es la diferencia entre este escenario hipotético y el que vivimos?

En términos de procedimientos, el sistema político hubiese solucionado un conflicto sin tener que lamentar la pérdida de vidas humanas, empleos, empresas y oportunidades. Además, es probable que la decaída confianza en la democracia se hubiese recuperado al menos parcialmente.

Luego de varios meses de conflictos y como dice el consenso de analistas, llegó la hora de hacer un balance sincero e interno en cada cuerpo institucional que fue parte del conflicto. La historia podrá dar su veredicto más imparcial sobre estos hechos, cuando la bruma de la coyuntura se haya despejado.

Con este relato quiero destacar sobre todo que el costo del conflicto sería considerablemente menor si los actores del sistema político en su conjunto estuviesen dispuestos de inicio a usar la democracia de forma idónea. Lo observado en la Asamblea Legislativa estos días es una muestra de ello, donde vimos que el resultado fue “ganar-ganar”.

Confío que el cierre del conflicto nos deje como legado más y mejor democracia.