La Ley de Plazos que acompaña al decreto presidencial que fijo fecha para la realización del Censo de Población y Vivienda el próximo 23 de marzo de 2024 ya es una realidad. La ley es una redundancia, pues ya las normas vigentes contemplan todo lo mencionado: el censo debe hacerse más o menos cada diez años como en toda la región se viene haciendo desde los años 50; los resultados deben aplicarse en la distribución de discursos, y también deben servir como base para elaborar un mapa electoral que garantice la igualdad de todos los bolivianos.

Todo ya está en las normas, pero dada la experiencia, no viene mal que haya un compromiso explícito con una Ley sin mucho margen a la interpretación para que se obre en consecuencia. Ahora, una Ley es una Ley y como tantas, corre el riesgo de ser incumplida. Cada cual entonces se atendrá a las sanciones, sobre todo políticas, que correspondan.

La tramitación de la Ley ha dejado al descubierto algunas sorpresas y varias heridas. La más increíble, que negociando y tocando las claves esenciales, la oposición ha sido capaz de ganar un pulso con el Movimiento Al Socialismo y colocar una Ley, algo que no sucedía desde hace al menos dos lustros.

Tampoco es que haya que lanzar vítores al parlamentarismo. La mayoría no tiene muy claro por qué ha votado lo que ha votado y el último argumento lanzado como a la desesperada para tratar de parar la tramitación es profundamente infantil: negar la ley pretendiendo que así no haya censo y así, no se modifique el mapa electoral es un razonamiento impropio, como cerrar los ojos para no ver la pobreza.

Aquellos que antes y mejor sean capaces de interpretar los datos del Censo para adecuar su propuesta política habrán partido con ventaja

Despejado el ruido, toca concentrarse en que la ejecución sea impecable, en que los resultados salgan pronto, limpios e inapelables, en que la calidad de todo el proceso sea ejemplar, pues solo así lograremos que la consulta sirva de verdad para algo.

Nadie le debería temer a un censo y menos los políticos, pues es el elemento que va a juzgar la eficiencia de las políticas aplicadas en tan largo plazo, algo que puede ser refuerzo, pero también interpelante. Un buen Censo va a permitir a los gobernantes afinar sus proyectos, pero también a los políticos afinar sus promesas, unos y otros van a lograr con meridiana claridad una radiografía de su propio pueblo, con sus virtudes y sus carencias, con sus logros y con sus necesidades.

Los datos adelantados ya van dibujando una Bolivia diferente, mucho más urbana, mucho más conectada, más concentrada en crecer individualmente, más preocupada por el futuro y con problemas terrenales que no se resuelven con discursos grandilocuentes ni tuits mordaces.

Aquellos que antes y mejor sean capaces de interpretar los datos del Censo para adecuar su propuesta política habrán partido con ventaja. Hacer un buen Censo es imprescindible: nos va la salud de la nación en ello.