El último grandioso cabildo al que deberíamos llamar ‘el cabildo de la convicción’, a decir de la historiadora Paula Peña Hasbún, planteó revisar la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano. Varias declaraciones afirman que después del Memorándum de 1904, ésta es la primera vez en nuestra historia cruceña que se manifiesta esta posición, lo cual no es tan cierto, basta recordar el manifiesto del Movimiento Autonomista Nación Camba (MANC) (El nuevo pacto con el Estado boliviano)
publicado el 24 de julio de 2001, en ocasión de rememorar el Día de la Bandera Cruceña.

Este documento declara que la Nación Camba es, posiblemente, la única sociedad universal que Bolivia tiene y que es constructora de una identidad propia, pero también profundamente latinoamericana, y libertaria. Enunciaba que “no podemos pagar el alto precio que nos ha impuesto un Estado autoritario que, fundado en 1825, es el responsable directo de que millares de bolivianos emigren en masa hacia los cinturones de miseria que estrangulan las falsas prosperidades de las ciudades del eje central, y del extranjero”. Ante tal situación expresaba su irrenunciable vocación autonomista en el marco de nuestra autodeterminación nacional, planteando doce propuestas que tiendan a “lograr un nuevo pacto de la Nación Camba con el Estado boliviano”. Algunas de aquellas expresan lo siguiente:

Reconocer a Bolivia como una república multinacional, concordante con su esencia pluricultural y multiétnica, que debe fundarse en la democracia, la soberanía popular y la autodeterminación. La nueva división política y administrativa de la República la integran Naciones (comunidad humana que expresa y se reconoce a sí misma como poseedora de rasgos peculiares y/o características etnoculturales propias que la diferencian de otras, y que por la vía del referéndum, el plebiscito o la iniciativa popular, se autodetermina y el Estado la reconoce como tal), Regiones Autónomas (se constituyen cuando más de un Departamento deciden conformar una unidad más amplia), Departamentos y Provincias, y finalmente Mancomunidades Municipales.

Respecto a los recursos naturales –en el caso de concesiones hidrocarburíferas o mineralógicas–, los Departamentos propietarios recibirán en compensación por su explotación el 50% de las rentas que reciba el Estado central. Sobre las rentas y presupuestos, además de los impuestos reconocidos por ley y destinados a los Departamentos y Municipios, de las recaudaciones obtenidas en los respectivos territorios, el 70% debe corresponder a la fuente recaudadora y el 30% al Gobierno central. En cuanto a la seguridad ciudadana, la Policía Nacional o Republicana, dependerá del presidente de la República, mientras que la nueva Policía Departamental estará a cargo del gobernador. Sobre el régimen cultural, “la Gobernación evaluará el (o los) contenidos de la enseñanza básica, media, intermedia y superior, conforme a las características y demandas culturales de la Región o del Departamento, pudiendo dictar normas sobre la materia”.

Estas propuestas constituyen para el MANC la plataforma para abrir el debate en torno a la reforma del Estado, ya que estos postulados representan “la piedra angular que servirá de base para impulsar y construir nuestro innegociable proyecto de autonomía, como la expresión del poder cruceño”.

La actitud valerosa de Santa Cruz en el paro indefinido, demostró un quiebre entre un agónico Estado centralista y autoritario, frente a una Bolivia emergente, democrática, que reconoce la unidad en la diversidad, que permite a los pueblos ejercer el derecho de autodeterminación para definir su propio destino. Esa puede ser una vía de la nueva relación de Santa Cruz con el Estado.