Por donde antes corrían libremente animales como el jochi, taitetú, tortugas, lagartos, monos y otras especies silvestres, se imponen ahora 124 hectáreas de cañaverales. Del frondoso bosque que rodeaba a Buena Vista –una de las 20 comunidades del Territorio Indígena Tacana, en la Amazonía paceña– va quedando poco. Caminar por este lugar, que equivale a 173 canchas de fútbol, implica resistir los 35 grados centígrados en primavera. La falta de sombra que daban los altos árboles, arrasados hace cinco años, dificulta el recorrido.

Los habitantes cuentan que en este lugar, y en la parte urbana de la comunidad, la temperatura ha ido subiendo desde 2016. Aquel año comenzó la deforestación para plantar caña, y así proveer a la estatal Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), ubicada en el municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz, y que colinda con parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana 1.

“El aire no se siente puro. Antes de que llegue la empresa (EASBA) nadie chaqueaba (desmontar) de esa manera, con máquinas”, cuenta el corregidor de Buena Vista y uno de los productores de caña, Julio Duval.                                                 

No solo el paisaje del territorio tacana cambió, sino el de todo el bosque de alrededor, donde ahora se cultiva caña. Desde el inicio de la construcción de EASBA (en 2010) se deforestaron, hasta 2019, 4.573 hectáreas de área boscosa, según el estudio “Agroindustria y Amazonía boliviana: El caso de la Empresa Azucarera San Buenaventura, de Daniel Robinson” (CEDLA, 2019).

Esa desaparición implicó, por ejemplo, la pérdida de semillas nativas y manchas naturales de majo y asaí, cuyos frutos recolectan los indígenas para uso medicinal y alimenticio, todo como parte de su gestión territorial y de sus prácticas tradicionales.

Es cierto que la caña representa un ingreso para las comunidades, pero tiene efectos negativos debido a la pérdida de foresta, dice la presidenta del Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), Mariane Quenevo.

“Los animales están migrando; como tacanas somos afectados porque nos alimentamos de la carne del monte, y para nosotros es un problema que se deforeste más cada año”, expresa su preocupación la dirigenta.

La relación que tienen los indígenas con el bosque es primordial para su vida. Según el estudio “Ingresos económicos en hogares de la TCO Tacana I” (2017), de la investigadora Zulema Lehm, la primera fuente de ingresos anuales es la venta de fuerza de trabajo, pero las actividades basadas en los recursos naturales y que no implican cambio en el uso del suelo llegaban a un 52%. Dichas actividades son el aprovechamiento forestal maderable y leña, pesca, caza, turismo, aprovechamiento forestal no maderable y la recolección de mieles nativas.

EASBA cambió esa lógica. Esta empresa comenzó a operar en 2017, más de seis años después del inicio de su construcción, y le costó al Estado 265 millones de dólares, monto  proveniente de tres créditos del Banco Central de Bolivia (BCB), de los cuales aún no se pagó ni la cuarta parte.

El gobierno del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) auguraba con esta obra el desarrollo no solo del país, sino de las comunidades del lugar. Con ese argumento impuso una empresa en medio del bosque amazónico de La Paz, cuya vocación es forestal.

Las promesas gubernamentales llevaron a algunos indígenas locales –además de los llamados interculturales (indígenas provenientes de tierras andinas)– a apostar por esta actividad que, confiaban, les daría ingresos prontamente.

Buena Vista, que alberga a más de 100 familias, fue la primera comunidad tacana que aceptó plantar caña en 2017, y 20 socios se dieron a la tarea que, en septiembre de 2021, ya les ha permitido una tercera zafra.

Esta es una de las cuatro comunidades indígenas que está al sureste de los predios de la empresa estatal azucarera y una de las ocho comunidades tacanas donde EASBA proyectó el cultivo, lo mismo que en los predios de 14 comunidades interculturales.

El monocultivo está casi en la mitad de las 20 comunidades del territorio –es decir, en nueve de ellas–, según datos del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA).

En la zafra de este año, la comunidad cosechó 994 toneladas y, por esa cantidad, cada uno de los 20 socios recibió 8.500 bolivianos, monto que llega a cubrir solo una parte de sus gastos anuales; para el resto, deben acudir a otras     actividades.

La modalidad con la que participan los actores cañeros, establecida en el “Reglamento para la prestación de servicios agrícolas a productores de la caña de azúcar”, es por contrato y alquiler de tierras. Es decir, las comunidades ceden una cierta cantidad de hectáreas y EASBA es la que se encarga de desmontar, preparar el suelo, sembrar y cosechar.

El desmonte no es gratuito, implica una deuda de 4.000 dólares por hectárea desmontada. En el caso de Buena Vista, la deuda llegó a cerca de medio millón de dólares, es decir, a 3.452.160 bolivianos.

“Como la empresa nos ha hecho todo el trabajo de desmonte para la siembra, esta se lleva el 80% y nosotros el 20%, a manera de pagar la cuenta con la empresa. Ese es el acuerdo que tenemos como grupo. De los cuatro millones, hemos pagado un millón. Como tenemos tercera zafra, yo creo que vamos a pagar casi dos millones ya”, confía Duval, quien es un promotor de esta actividad.

La investigación “Territorios en transición: Análisis de las condiciones de la conflictividad territorial y socioambiental en el Norte de La Paz”, de la investigadora Suzanne Kruyt (Fundación Tierra, 2021), explica que los contratos son de entre cuatro y cinco años, y el nivel de ganancia de cada productor puede variar considerablemente, según la calidad y cantidad de la producción y del nivel de deudas acumuladas.

Duval explica que, por ejemplo, en su primera cosecha la caña tenía al menos cuatro pulgadas de grosor, pero que para la segunda y tercera fue reduciéndose.

La modalidad fue cuestionada en distintos momentos y por diferentes actores cañeros, quienes sienten que la ganancia es mínima. La comunidad tacana Altamarani, que va por su tercera zafra, pidió el 30% de los ingresos, solicitud que fue denegada por EASBA. 

Además, no todos los tacanas que cultivaron se vieron beneficiados. Los pobladores de Carmen Tahua, del municipio de Ixiamas, a 83 kilómetros de distancia de la planta de EASBA (superior a los 60 kilómetros establecidos), aún no recibieron ganancias.

Carmen Tahua destinó 171 hectáreas, otrora pastizales naturales de engorde, a esta actividad. Al caminar entre los cañaverales, que están muy cerca de las casas, se nota que el diámetro de la caña no llega a los ideales nueve centímetros: apenas mide tres, en el mejor de los casos, y por ello EASBA rechazó esta cosecha.

La comunidad firmó el convenio en octubre de 2020, pese a que no estaba considerada en las comunidades previstas por EASBA, y esperaba cosechar en la zafra de 2021, iniciada en       septiembre.

Debido a que en el convenio entre ambas partes, al que accedió La Brava, se establece que la empresa adquirirá la producción de la caña “siempre que cumpla los parámetros mínimos aceptados por la empresa”, aquella no cosechó la producción.

La industria no brindó la asistencia técnica comprometida, reclama el representante de la Asociación de Cañeros de Carmen Tahua, David Delgadillo Chuqui, y por eso no se habría logrado el objetivo. Además, la semilla brindada por la empresa no fue de buena calidad, añade el  dirigente.

Lo sembrado quedó, por tanto, como “caña parada” en terreno, es decir, sin cosechar. Según el convenio, esta situación debería ser cubierta por la empresa, pero hasta ahora no ocurrió.

La Brava consultó sobre este y otros aspectos al actual gerente de EASBA, Rony Alcaraz, pero la autoridad se abstuvo de dar información porque –argumentó– se requiere de una autorización del Ministerio de Producción.

La producción industrial de caña requiere de condiciones que los suelos del bosque alto no tienen, y por ello se necesita aplicar cal y otros químicos, explica el investigador y agrónomo Daniel Robinson.

“Los suelos en este sector de San Buenaventura son de dos tipos diferentes. Cerca del río Beni se está produciendo mejor la caña, pero la mayor parte de la tierra donde querían producir es de suelo ondulado, como cerca de la carretera”, afirma Robinson. 

Pese a esta situación –y a que los comunarios de Buena Vista están conscientes de todos los problemas que trae el cambio de uso de suelo para ampliar la frontera agrícola– tienen planeado sumar 800 hectáreas a la nueva agricultura para 2022. También están listos para plantar maíz y arroz de forma mecanizada y dotar a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA).

LAS PRESIONES

Hasta marzo de 2020, Teresa Suárez Tayo y otras indígenas tacanas se adentraban al bosque desde muy temprano para recoger sululu, majo, flor de asaí y otros frutos. Además, confeccionaban una variedad de artesanías que ofrecían a los turistas que llegaban hasta Tres Hermanos. Todo cambió desde la llegada de la pandemia del coronavirus, que paralizó el turismo, y por eso ella y el resto de las familias del lugar no vieron otra opción que ceder a lo que se resistieron por cinco años: que el cultivo de la caña de azúcar entre a su comunidad.

—Todos hemos dicho que vamos a trabajar en la caña, porque parece que hay ganancia—, dice Teresa, y su voz suena cansada. 

Junto a otras mujeres tacanas, cocinó toda la noche para festejar el vigésimo segundo aniversario de la comunidad que ella, su esposo y cuñados fundaron. El festejo coincidió con los días del inicio del desmonte de 400 hectáreas para la caña, las que están en el área de aprovechamiento forestal, de donde los comunarios también obtienen parte de sus ganancias.

Con este cambio de uso de suelo, Tres Hermanos se suma a las ocho comunidades que ya están inmersas en el cultivo cañero.

Teresa y Federico Chipunavi, este último corregidor de Tres Hermanos, son los encargados de hacer seguimiento al desmonte que está a cargo de un empresario asiático, el que les compra las troncas que se aprovechaban como parte de los planes de manejo. A diferencia de las otras comunidades, esta logró acordar 1.200 dólares por desmonte y no 4.000, como cobra EASBA.

La comunidad lograba sus ingresos combinando el turismo, planes de manejo forestal, pesca y caza, pero después de la pandemia solo le queda los ingresos de la venta de madera. Debido a esta situación, cedieron a la caña, pese a que las dos comunidades vecinas tienen deudas millonarias y a que pocas promesas se les han cumplido.

“Había mucha expectativa, inicialmente; iba a haber buenos resultados, de acuerdo con lo proyectado. Dijeron que al entrar el tema de la caña se abrirían caminos vecinales, y que habría desarrollo. Una vez que se implementó, fueron solo promesas; no se cumplió lo proyectado”, explica el presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Sergio Quenevo.

Los comunarios de Tres Hermanos, por ejemplo, cuentan que hace algunos años se les prometió la conexión de energía eléctrica, pero este servicio acaba de llegar gracias a la gestión de la comunidad y del CIPTA ante el Gobierno Municipal de San Buenaventura. Si no, no se hubiese logrado.

Aun así, las 18 familias de Tres Hermanos albergan la esperanza de que la caña les ayude a tener ingresos. Esa esperanza es su consuelo en medio de la decisión que no fue nada sencilla, porque la asumieron pese a conocer las amenazas que implica.

En 2016, todos los tacanas, explica Quenevo, objetaron que la empresa avance sobre las que consideraban sus tierras. Ante los cuestionamientos –recuerda– las autoridades gubernamentales de tierras anunciaron audito-rías a las TCO para ver si estaban haciendo un buen manejo del bosque. 

Las advertencias no se concretaron, pero es un discurso recurrente del gobierno del MAS. A finales de septiembre de este año, el diputado masista José Nogales planteó que el Gobierno realice una auditoría y revisión de las TCO. 

“Somos la única comunidad que no está trabajando (con caña), pero por esas amenazas estamos ingresando con 300 hectáreas”, revela Eulogio Chipunavi, cuñado de Teresa Suárez y presidente de la Organización Territorial de Base (OTB), mientras descansa de su trabajo de extracción de madera, en el mismo suelo donde se plantará caña en 2022.

Los comunarios de Tres Hermanos rechazaron este cultivo porque no solo vieron, sino que sufrieron las consecuencias de la deforestación en las comunidades que aceptaron las plantaciones.

Una mañana de 2017, los pescadores se sorprendieron al encontrar peces muertos en los arroyos Maige y Jiruma, donde los tacanas de Tres Hermanos y la vecina Altamarani pescaban para alimentarse. Además, el agua cristalina llevaba manchas de color ocre, presuntamente de los lixiviados de la planta procesadora de EASBA, lo que causó problemas digestivos e irritación de piel en los comunarios.

Los indígenas se quejaron, pero las autoridades estatales todavía no se hicieron presentes para comprobar aquella contaminación, pese a que el CIPTA recolectó muestras, en convenio con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), cuyos resultados todavía no son   públicos.

“Ya no tenemos pescado en el arroyo Maige. Antes mis hijos correteaban a los pescados, ahora ya no se ven”, lamenta Teresa.

El Maige luce solitario, en sus sedimentos se aprecian restos aceitosos. Es más, hace unas semanas –debido a que la bomba de agua de la comunidad se estropeó– Teresa Suárez y sus vecinas fueron a bañarse allí y sintieron el agua grasosa y ardor en el cuerpo.

Desde un inicio, los tacanas cuestionaron el hecho de que no se les haya consultado sobre la implementación de EASBA. Hubo algunas reuniones de socialización, pero no se realizó la consulta previa, libre e informada, estipulada en las normativas nacional e internacional. Tampoco se les dio a conocer los estudios de evaluación de impactos ambientales.

Teresa, al igual que los otros habitantes de Tres Hermanos, está resignada a los cambios en la biodiversidad, pero al mismo tiempo espera que los ingresos de la caña alcancen lo que ganaban con el turismo.

LA RESISTENCIA

Mientras Sandro Marupa camina por medio del bosque en busca del árbol de chonta para sus artesanías, comenta que es cierto que los habitantes de Bella Altura, su comunidad, se dedican a la agricultura, pero lo hacen en pequeñas parcelas, máximo de una hectárea, mientras que la caña implica enormes extensiones y uso de maquinaria pesada.

“La mecanización nos va a afectar negativamente. Si volviéramos a lo de antes, a modo de proteger y cuidar el bosque y el medioambiente, obtendríamos la misma cantidad de producción. Entre media hectárea y una hectárea es suficiente para el consumo de todo el año”, dice.

Los habitantes de su comunidad, como la mayoría de la TCO tacana, producen arroz, maíz, yuca y plátano, principalmente para su autoconsumo y, en caso de excedente, venden en el centro del poblado, o intercambian con otros alimentos. El trueque fue, de hecho, clave durante la fase dura de la pandemia.

Este hombre tiene 20 años de experiencia convirtiendo la chonta en bandejas, platos, trinches y otros implementos para la cocina. Es uno de los varios artesanos que se resisten a cultivar caña en Bella Altura, que al igual que Tres Hermanos pronto desmontarán 200 de las 400 hectáreas de su plan de manejo para aportar con materia prima a EASBA.

Antes de la deforestación prevista, la comunidad ya siente los efectos de la ampliación de la frontera agrícola, pues la empresa obtuvo en comodato un área que era concesión forestal y que los tacanas reclamaban como parte de su territorio. Esa área es Limoncito, que los comunarios de Bella Altura, Altamarani y Tres Hermanos compartían para cazar y recolectar frutos.

Los cañaverales de EASBA colindan con lo poco que queda de Limoncito; ese poco fue defendido por los comunarios. Aun así, Marupa siente que lo deforestado afecta silenciosamente a los tacanas, y amenaza no solo su trabajo, sino su modo de vida.

“Limoncito ha sufrido un gran impacto, y ha hecho que los animales huyan. Para cazar tenemos que caminar unos 45 kilómetros”, relata parado en el límite de Limoncito y EASBA.

La deforestación afectó también al turismo, dice Marupa, pues incluso antes de la pandemia los turistas ya no se sentían atraídos por las áreas deforestadas a causa de las actividades del ingenio.

A través de dos decretos, el Gobierno habilitó 48.000 hectáreas, en 2012, y 97.000, en 2016, para el cultivo de caña. De esta última cantidad, el INRA otorgó a EASBA tierras en calidad de “usufructo” en el área denominada PROINSA —menciona el estudio de CEDLA— donde se encuentra parte de lo que los tacanas consideran sus tierras ancestrales. Desde 2010 que ellos demandan que se les dé el título de dichas tierras, y lo propio hacen las comunidades interculturales, pero ahora esa área es considerada tierra fiscal.

El cultivo de la caña es la punta de lanza para penetrar en el territorio ancestral del pueblo tacana, considera el representante de la      Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contioca), Alex Villca. “Quién sabe si más adelante vayan a poner otros monocultivos, como sorgo, soya y maíz. Hay una intencionalidad clara: despojar a las poblaciones indígenas con grandes proyectos”, afirma. 

* Este reportaje fue realizado gracias al apoyo del Amazon Rainforest Journalism Fund, en alianza con el Pulitzer Center.