Uno de los puntos del cabildo de 13 de noviembre acuerda “delegarle” al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional para “revisar la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano”. Horas después sus animadores explicaron que se están refiriendo a transitar hacia la lucha por el federalismo. Días más tarde el emotivo presidente del comité dirá que Bolivia no quiere a este departamento.

Sin embargo, cabe preguntarse ¿cuál es la relación política que tiene el departamento de Santa Cruz con el Estado Boliviano? ¿Es que en algún momento se firmó algún tratado con esta región? ¿Cuál es el instrumento jurídico que lo liga y que regula esa “relación”? ¿Y cómo sería esa nueva relación política y el procedimiento para llegar a ese objetivo?

Santa Cruz es parte de Bolivia desde su creación. Y lo es porque el año 1810, en el proceso de la independencia, las nacientes repúblicas adoptaron el principio conocido como uti posidetis iuris, que permitió definir las fronteras de las nuevas naciones que se emanciparon del yugo español. Como Santa Cruz conformaba las provincias del Alto Perú, junto con La Paz, Charcas, Potosí y Cochabamba, participó en la Asamblea Deliberante convocada por el Mariscal de Ayacucho en el célebre Decreto de 9 de febrero de 1825, para que los representantes de estas provincias, que se encontraban bajo la autoridad del Ejército Libertador, decidan su suerte. Ya se sabe cuál fue el resultado: la Asamblea adoptó la Declaración de Independencia de la corona española el 6 de agosto de 1825. La Declaración comienza con esta frase: “La representación soberana de las provincias del Alto Perú”, y al pie firman los diputados que representaban a las provincias señaladas en el párrafo anterior. Todo esto se enseña en el nivel básico del sistema educativo boliviano, y no se requiere el concurso de expertos constitucionalistas para descubrir la pólvora.

Apenas fundada la República, el decreto de 13 de agosto de 1825 adoptó el sistema unitario; en tanto que por decreto de 23 de enero de 1826 el Presidente Sucre convirtió a estas provincias en departamentos, “hasta que se concrete la división constitucional del territorio”. Al aprobarse ese mismo año la primera Constitución de la República de Bolivia se ratificó el sistema unitario y también que el territorio de la República estaba comprendido por esos departamentos. A lo largo de nuestra historia constitucional el sistema unitario se mantuvo invariable. En dos momentos se debatió y hasta se llegó a votar el tránsito a un sistema federal: en la Convención de 1871 y en la Convención Nacional de 1899, que se realizó al término de la guerra civil. En ambos casos se ratificó el sistema unitario en la votación final.

Los departamentos que constituyen el Estado Plurinacional de Bolivia son partes inidivisibles de un todo; no tienen una “relación política” particular, que pueda ser modificada o pueda terminar porque así lo decide un Comité Cívico. Así es en Bolivia y en cualquier parte del mundo. Por eso la integridad territorial y la unidad nacional son innegociables. Si una persona o un partido político proponen cambiar el sistema político de unitario a federal, deberá seguir un procedimiento, debatirse y votarse en su momento en el seno de una Asamblea Constituyente, porque afecta a sus bases fundamentales.

El sueño dorado de las élites cruceñas no solamente es apropiarse de los recursos naturales y de la riqueza que es del Estado y del pueblo boliviano, sino también de cerrar “sus fronteras” a otros connacionales. No olvidar que en el Estatuto Autonómico que ilegalmente hizo votar R. Costas en una parodia de referéndum, había un artículo que decía que el departamento autónomo tenía competencia de regular la “migración interna”. Plantear una discusión sobre “la relación política” de Santa Cruz con el Estado es simple separatismo, y eso constituye un delito según la legislación penal.