Cuando esta columna se publique hay la posibilidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) haya aprobado algún proyecto de ley ratificando que el Censo de Población y Vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024 y que sus resultados serán entregados oportunamente para la nueva distribución de los recursos de coparticipación y el Órgano Electoral defina la nueva asignación de diputaciones para las elecciones de 2025.

Pero, también es probable que se haya impuesto la línea evista del MAS y la ALP no haya podido aprobar nada. Razón por la que el conflicto en Santa Cruz se mantiene y el país no pueda gozar de una tregua este fin de año.

El país no tendría que pasar por un calvario que abona a que la incertidumbre crezca y se sienta que es cada vez más difícil convivir en paz. Veamos por qué:

La Constitución Política del Estado (CPE) dispone que la distribución del total de escaños en la Cámara de Diputados entre los departamentos será determinada por el Órgano Electoral “en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional, de acuerdo a la ley” (Art.146-V).

Además, este artículo norma que por equidad se asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo, porque la Cámara de Diputados representa a la población. En cambio, en la Cámara de Senadores, que expresa la representación territorial, cada departamento tiene cuatro senadores.

Esto responde a un principio de equidad. De ahí que la realización periódica de censos es fundamental no sólo para la planificación del desarrollo, sino también para la adecuada distribución de los recursos nacionales y de la representación política de los departamentos, pues por él se conocen los cambios demográficos registrados entre uno y otro. Así, si la población de algunos departamentos crece, tiene que aumentar el número de diputados que los represente.

Sin embargo, no es fácil digerir este tema, no sólo porque los senadores y diputados se han convertido en gestores de demandas regionales, cuando su función fundamental es de carácter nacional. Empeora esa percepción que los candidatos a diputados, especialmente desde la elección de uninominales, organizan sus campañas cual si fueran postulantes a algún concejo municipal o al consejo departamental. De ahí que la disminución del número de representantes por departamento no se debe aceptar, porque se considera que con ello disminuye la capacidad de relacionamiento con el Estado central.

Conviene recordar estos aspectos porque al parecer los parlamentarios del MAS que dirige Evo, calificados por un constitucionalista como “violadores en serie de la Constitución”, han decidido no dar tregua al país. De hecho, su errática actuación durante el paro de Santa Cruz por el censo, combinando sus ataques al gobierno y a la dirigencia cívica cruceña, según el público al que se dirigían y el curso de los acontecimientos, ha terminado en una radical oposición a la aprobación de una ley sobre el censo en la que se incluya que en las elecciones de 2025 se aplique sus resultados como norma el artículo constitucional citado.

Los dirigentes y voceros de este partido mezclan de todo un poco para confundir más. Primero, sostuvieron que promulgar una Ley del Censo sería invadir atribuciones del Órgano Ejecutivo y faltar al respeto al primer mandatario (al que agreden cada día). Ahora, afirman que aprobar una ley de esa naturaleza significaría alianza con la derecha, el imperialismo, etc., etc.

Se trata de argumentos poco serios que, de acuerdo a algunos especialistas, están siendo construidos a las volandas para defender la actual distribución territorial de la representación que está sobradamente comprobado que no es equitativa ni democrática, y les asegura una victoria electoral en 2025. Y como volver al rascacielos presidencial es el objetivo central del MAS evista, no hay Constitución que valga si pone obstáculos a ese deseo.

Por lo menos, así ha sucedido desde que ésta fue aprobada, violada en serie y sistemáticamente por sus propios impulsores, que no pueden ser sancionados ni controlados.

Pero, hay que recordar que, como en 2016 y en 2019, todo tiene un límite.