Con la crisis del censo, que aún no termina, el horizonte económico y social se torna mucho más complejo. Desafortunadamente, los actores políticos y tanto liderazgos nacionales como regionales no dan la talla. Se pierden en los laberintos de un poder fragmentado, en la pequeñez de la cachaña política y en la defensa de intereses muy mezquinos y particulares. 

En cuanto la institucionalidad política no da soluciones, desde Santa Cruz se ha desatado una energía social, un movimiento ciudadano muy grande que va más allá de ciertos liderazgos coyunturales y ha reflotado, en el debate nacional, dos ideas que, en general, son muy mal comprendidas. 

Por una parte, se trata del pacto fiscal, que con la información que salga del censo debería ser el siguiente paso que la institucionalidad política debería adoptar para avanzar en el desarrollo de las políticas públicas desde una perspectiva local. La otra es iniciar el debate sobre la relación entre Santa Cruz y el Estado. Esto ha dado pie a muchas interpretaciones. Una lectura sobreideologizada habla de separatismo, pero una interpretación más serena apunta a reiniciar la discusión sobre autonomía y federalismo como sistema de gobierno. 

Por lo tanto, estamos frente a un desafío que busca la redistribución de recursos económicos, la reconfiguración institucional del poder y una redefinición del modelo de desarrollo económico. 

Una primera constatación es que esta agenda de políticas públicas le queda enorme a los liderazgos políticos actuales que ven todo esto como un juego de suma cero, como una disputa entre enemigos irreconciliables. 

Con los resultados poblacionales, económicos y sociales del censo algunos departamentos ganarán más recursos económicos y mayor representatividad política, y otros perderán en ambos campos. Ésta es una verdad de Perogrullo, pero que desatará una nueva disputa política, tal vez más feroz que la actual. 

El mecanismo que, en teoría, debería encaminar una solución para estas desigualdades en recursos y poder es el pacto fiscal. Un instrumento de concertación entre el Estado y la sociedad civil y también un mecanismo de negociación al interior del Estado entre regiones y de éstas con el poder central. Es decir, una ingeniería política compleja y sofisticada que debería construir una visión colectiva del desarrollo desde lo local hacia lo nacional, pero que en manos de la clase política actual puede convertirse en un regateo inútil y en escenario más de la champaguerra política. 

El pacto fiscal implica repensar el modelo de desarrollo desde lo ciudadano/regional. En la actualidad, el Gobierno ha decretado “el fin de la historia”. El modelo económico primario-exportador-rentista-comerciante-centralista es lo mejor que le ha podido pasar a la humanidad. Nada se puede cambiar. Con esta visión fanática del desarrollo es muy difícil avanzar a un pacto fiscal. 

Asimismo, para implementar un nuevo modelo de desarrollo local se necesitan más recursos, lo que implica una reforma tributaria. Los ingresos del gas natural, que han sustentado el modelo vigente, se están acabando. Los nuevos ricos (cooperativistas mineros, grandes gremiales y cocaleros, por ejemplo) deberían pagar impuestos y deberíamos tener una tributación de base regional. En la coyuntura actual esto parece imposible. 

Un pacto fiscal también implica concertar la manera en que se distribuirán y coparticiparán los recursos. Conlleva a construir un sistema de compensaciones a los departamentos y municipios que tienen menor desarrollo. Implica ser capaces de elaborar presupuestos plurianuales, con un horizonte de cinco años. Un pacto fiscal presupone distribuir más recursos a las regiones. Por ejemplo, en el Presupuesto General del Estado 2023, el 85 por ciento de los recursos está concentrado en el gobierno central. Esto es una forma de quitar poder al centralismo. Obviamente, un pacto fiscal redistribuye recursos, pero debe aumentar la capacidad de gestión institucional a nivel regional. Tener un sistema de seguimiento y control de base local y nacional. 

Un segundo paso, posterior o paralelo a un pacto fiscal, puede ser el federalismo. Federar proviene de faedus, que también significa “pacto” o “alianza”. El federalismo es una opción de organización del Estado que está en la agenda nacional desde hace muchos años. Hoy reemerge en un contexto de crisis. El federalismo, para su implementación, requiere del cambio constitucional, implica llamar a una nueva Asamblea Constituyente, en la que estará abierto no sólo el tema del federalismo, sino también otros. 

La propuesta de federalismo tiene mayor audiencia en Santa Cruz, Potosí y Tarija. En los otros departamentos, es una idea que no se comprende e incluso se la confunde con separatismo o división de Bolivia. Nuestros vecinos Brasil y Argentina son Estados federales.

Uno de los temas más complejos del federalismo es, sin duda alguna, el económico, porque se profundizan los temas mencionados del pacto fiscal: impuestos departamentales, ingresos, distribución y modelo de desarrollo. Entretanto, el federalismo es un medio para alcanzar el desarrollo económico y no un objetivo en sí mismo. 

El desarrollo económico tiene como tareas centrales, sólo para mencionar algunas, la diversificación productiva, el cuidado del medio ambiente, la transformación digital, el aumento del empleo de calidad, la reducción estructural de la pobreza y la desigualdad, el incremento de la productividad, una justicia transparente. No hay la menor duda de que para alcanzar estos objetivos ayuda mucho que el desarrollo sea visto desde lo local.