Llegado el día 36 del paro convocado por el comité cívico de Santa Cruz, con la modificación, por parte del Gobierno, del decreto que fijaba la fecha del empadronamiento nacional y la reacción a la vuelta de los comités que insistieron en su medida y lograron que hoy la demanda se haya transformado en una ley con el mensaje de que “prácticamente el éxito es total”, resulta necesario evaluar toda la serie de acontecimientos para determinar la validez de estos razonamientos y medir el valor de la victoria.

El debate instaurado después de que el Gobierno difiriera la fecha del censo para mediados de 2024 produjo la articulación de un comité interinstitucional con el objeto de lograr el verificativo censal en 2023. A esto se sumó la universidad cruceña con la elaboración de una propuesta técnica que permitiría el adelanto de la fecha. Con estos supuestos, el debate giró en torno a la posibilidad técnica de realizar la encuesta nacional el año entrante.

La propuesta presentada inicialmente, cuando fue analizada, consistía en un compilado de recortes de prensa y un “resumen ejecutivo” de un par de hojas que fue tachado de inconsistente por el Gobierno, sin que se haya podido presentar de manera coherente un argumento contrario. Varios días después, cuando se suscitó la apertura para la discusión de la fecha del censo en una mesa técnica en Trinidad, recién se presentó la “propuesta técnica”. En esta básicamente se proponía el incremento de funcionarios para una actividad sin un análisis de eficiencia que respalde la correlación entre el incremento de recursos asignados con el acortamiento del tiempo, exponiendo para ello que si se dobla el personal asignado, se acorta a la mitad el plazo de la tarea, lo que tampoco es real.

A esto deben sumarse los pronunciamientos en sentido de que existiría un mandato “irrenunciable” del cabildo convocado por los corporativos cruceños y que nada menos que lo determinado en el cabildo sería admisible. Se decidió, en paralelo, que el paro continuaría sin importar las consecuencias que ello representara.

Ahora resulta que el “mandato” del cabildo sí era negociable y que la propuesta técnica nunca fue viable, puesto que se reconoce hoy que técnicamente no se puede llevar adelante el censo en la gestión 2023, de lo cual se colige que la propuesta técnica nunca tuvo el respaldo suficiente para poder contrastar la propuesta del Gobierno.

Finalmente, se ha generado un paro que podría haberse levantado muchos días antes, con el pronunciamiento del decreto del Gobierno que fija la fecha censal para el 23 de marzo de 2024. Sin embargo, se evitó ponerle fin con el objeto de no reconocer que todo el argumento alrededor del verificativo era un sofisma y a la vuelta se propone como una “victoria” del pueblo cruceño que se haya fijado la fecha del Gobierno, por ello exigió una ley que active al Legislativo en una competencia del Órgano Ejecutivo, sin dejar de lado los hechos de abuso que se verificaron en los distintos puntos de bloqueo.