Hemos seguido con expectativa cada hecho del paro indefinido que determinó el cabildo de Santa Cruz, del 30 de septiembre, y los sucesos posteriores que han derivado en el tratamiento y la aprobación en la Cámara Baja de una ley del censo, definida como uno de los requisitos para levantar la protesta cruceña en otro cabildo, el del 13 de noviembre, el mayor y más multitudinario de la historia del país. Resta que el Senado apruebe esta norma para que sea promulgada, pero se pueden inferir algunas lecciones sobre este proceso que ha concluido.

Veamos los resultados de la aprobación de esa norma jurídica en la Cámara de Diputados: de 119 diputados que emitieron votos secretos en la larga y extenuante sesión de la Cámara de Diputados, 91 aprobaron la norma, 25 la rechazaron y hubo dos sufragios en blanco y uno nulo.

¿Qué significan estas cifras? Que inclusive los legisladores del MAS respaldaron la norma, al igual que las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos.

Lo que podría ser interpretado como una excelente noticia para la democracia ha sido, sin embargo, condenado por el líder del masismo radical, Evo Morales, quien ha asegurado que la votación oficialista a favor de la ley del censo implica que quienes la han respaldado “cruzaron ríos de sangre, se aliaron a las bancadas de Mesa y Camacho y aprobaron una ley a pedido de esos golpistas. Eso no es renovación, eso se llama traición”. El jefe masista ha agregado que lo que denomina como el acuerdo entre el oficialismo y la oposición es un retorno a la “democracia pactada de la época neoliberal, a la pactocracia, o gobiernos de pactos a espaldas del pueblo”.

Es lamentable que un acuerdo político positivo, si se toman en cuenta los 36 días que ha durado el paro, sea calificado por el jefe de los cocaleros y expresidente como un hecho perjudicial y como un retroceso.

La democracia implica el pacto, que conduce a tomar en cuenta todas las posiciones, incluso las minoritarias, porque asumir que se debe eliminar al otro por lo que piensa o expresa no es democrático.

No pasa desapercibido el hecho de que Santa Cruz ha logrado consolidar su posición, tras el conflicto, aunque a un costo muy alto, no sólo como la capital económica del país, sino como un importante centro político que no puede ser ignorado por el Gobierno a la hora de aplicar sus políticas.

De hecho, consiguió poner un freno a la pretensión de imponer la postergación del censo, pero, sobre todo, a la intención de ejercer el poder sin limitación alguna, lo cual marca un hito en la historia política y democrática del país.

El proyecto centralista de manejo del Estado ha ingresado en crisis terminal.

En consecuencia, Santa Cruz tiene la obligación de plantear una nueva forma de relacionamiento con el Estado que responda a las necesidades del país. Tal propuesta debe ser inclusiva, de tal modo que todas las regiones sean tomadas en cuenta.

Es posible que este cambio no sea inmediato, pero queda claro que, como resultado de la crisis del censo, es imprescindible eliminar el centralismo y la pretensión de edificar un Estado fundamentado en la expoliación de las regiones en beneficio de una burocracia partidaria centralista que, además de costosa, es un lastre para el país.