La protesta de 36 días de Santa Cruz para la realización de un censo transparente y oportuno, que permita una adecuada redistribución de recursos de coparticipación tributaria según criterios poblacionales y un justo reparto de escaños en la Cámara Baja, ha dejado secuelas en el sistema político y económico del país. 

Lo que se percibe, como cuestión de fondo de este paro indefinido, es que probablemente se trata de un síntoma de una crisis de Estado, que se suele dar cuando, según el constitucionalismo, la principal carta política y jurídica de un país, la Constitución Política del Estado (CPE), no refleja la realidad material que regula. Es decir, que hay un divorcio entre los preceptos del principal acuerdo al que ha llegado la sociedad y lo que sucede cotidianamente. Tal es el punto de vista, por ejemplo, de un grupo de expertos que, convocado por los “Diálogos al Café” del Ceres, ha debatido en las últimas horas sobre si es posible o no discutir tales desajustes en una reforma constitucional mediante una Asamblea Constituyente. 

Ciertamente, las crisis que confronta el país, cada vez más frecuentes, se deben probablemente a la distancia que media entre el país trazado por la actual CPE, promulgada, tras un accidentado proceso constituyente, en 2009, y la Bolivia real, material. Es, en líneas generales, una Constitución que, en lo político, responde a una visión andinocéntrica y etnonacionalista y con un marcado estatismo centralista, en lo económico, que a la larga actúa como una camisa de fuerza para un país que necesita de mayores márgenes de libertad política y económica para su desarrollo. 

Ejemplos de esta falta de correspondencia sobran. En cuanto a lo político, es necesario referirse a la crisis derivada de la pretensión del expresidente Evo Morales de perpetuarse en el poder, que se acentuó en 2016, con el referendo constitucional del 21F, y que tuvo su epítome en la crisis por el fraude electoral de 2019, que buscaba, precisamente, la reelección del expresidente. En lo económico, el país, debido a la rigidez del régimen establecido en la CPE, ha pasado de ser exportador de hidrocarburos a importador de diésel y gasolina, por montos globales que superan los ingresos por las ventas externas de combustibles; en lo que toca a la justicia, está demostrado que no hay independencia ni imparcialidad de los jueces, sometidos por el oficialismo, que, además, gracias al control del Legislativo, define las listas de magistrados para las fallidas elecciones judiciales por voto directo.  

Son algunas de las discordancias que ponen en evidencia la crisis de Estado y el envejecimiento prematuro de una Constitución poco adecuada a la realidad nacional. 

La crisis del censo también ha cuestionado el carácter centralista del Estado Plurinacional y hoy Santa Cruz, en un ámbito constitucional y legal, analiza el futuro de la relación de esa región con el Estado, lo cual, de principio, sugiere la búsqueda de vías de autodeterminación, pero también de profundo cuestionamiento al modelo unitario estatal, con su sustitución por el federalismo, que otorgaría mayores competencias y grados de libertad política y económica a las regiones.   

¿Vemos, hoy, las frágiles costuras del Estado Plurinacional? Lo cierto es que las crisis actuales, que llegan a las calles, resultan de la falta de conexión entre el poder constituido y la realidad nacional. Al parecer, ha llegado la hora de plantearnos un necesario reajuste constitucional.