Que sepamos a lo largo de la historia de Bolivia nunca se logró vivir libres del miedo al autoritarismo y al debilitamiento de la democracia en los cortos períodos que esta se establecía; hoy vivimos la etapa más larga de socavamiento de lo poco que existía de ella. 

La renuncia a la presidencia del Estado provocada por la acción muy bien coordinada internamente y asesorada desde el exterior, sumada a la arrogancia de los actores políticos y máximas autoridades del MNR, constituyó el cierre de un período conocido peyorativamente como “democracia pactada”, como si la esencia de la democracia no fuera la búsqueda de consensos para alcanzar un objetivo en beneficio de las personas que viven en el territorio nacional; aunque también debemos reconocer que el abuso que se hizo de los pactos políticos para favorecer a ciertas parcialidades o personas y grupos económicamente poderosos desvirtuó ese mecanismo. La instalación de un nuevo régimen debilitó aún más la consciencia democrática.

Hoy llevamos más de un mes de protestas exigiendo la realización del censo para el 2023, la entrega oportuna de resultados para la asignación de presupuestos y la distribución de curules; protestas que siendo nacionales, se concentran con mayor fuerza en Santa Cruz de la Sierra y la polarización política es cada vez mayor amenazando a la poca democracia que existe constituyendo un verdadero peligro para toda la ciudadanía boliviana.

Observamos que más allá de los grupos partidarios que se sienten como peces en el agua en un concurso de quien tiene la capacidad de desbocarse más, la prolongación del conflicto va contaminando a la convivencia ciudadana y hasta organizaciones que por su naturaleza no debían alinearse partidariamente con ninguno de los sectores; al contrario, trabajar  tendiendo puentes que hagan posible el diálogo y la solución definitiva de un problema que ni tan siquiera debía iniciarse, hoy se las ve echando gasolina al fuego para hacerse visibles, sin aportar a la solución del conflicto. 

Existen denuncias de graves atentados a los derechos humanos y agresiones de inadaptados que aprovechan la oportunidad de dar rienda suelta al odio patológico que absorben de los discursos de sus líderes. El momento es difícil y la delicada tarea de salvar la democracia o tirarla al trasto se halla en manos del Parlamento a los que debemos instar a que, por nada más que unas horas, piensen en el país, dialoguen, lleguen a consensos y aprueben la ley que garantice el cumplimiento serio de la palabra empeñada por el presidente; déjense de ser dóciles seguidores de sus jefes y jefazos, encaren los problemas y salven la democracia.

DE FRENTE 

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

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