Han pasado dos semanas desde que un cabildo en Santa Cruz definió, entre otras cosas, revisar la relación de ese departamento con el Estado Plurinacional. Un politólogo y un asambleísta coinciden en que el Estado puso límites a las autonomías departamentales, hecho que ahora mueve al sector dirigencial cruceño a replantear el vínculo con el Gobierno central.

El 13 de noviembre, en el cabildo más multitudinario registrado en Santa Cruz, la dirigencia cruceña lanzó cinco preguntas que fueron respondidas afirmativamente por la multitud concentrada en El Cristo. Ahí emanó la determinación que autoriza al Comité Pro Santa Cruz a convocar a una comisión especial para que, en un marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano.

Para el politólogo Juan Pablo Marca, los cívicos cruceños llegaron fortalecidos a esta coyuntura por su rol dirigencial en las manifestaciones ciudadanas de 2019, que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Ello les permitió lanzar esa propuesta a una ciudadanía enardecida por la falta de respuestas del Gobierno central.

Transcurridas dos semanas del cabildo, sin embargo, las urgencias por lograr una ley para garantizar el censo no permitieron avanzar en la concreción de este mandato. Los cívicos solo han anunciado que trabajan “en los criterios y perfiles profesionales y técnicos para la conformación de la comisión constitucional” que formulará un diagnóstico y propuesta.

Una autonomía cercenada

¿Cómo es esa relación departamento-Gobierno que se debe revisar? El presidente de la Asamblea Departamental, Zvonko Matkovic, dice que Santa Cruz y sus habitantes están “bajo un régimen constitucional de autonomías que fueron tergiversadas por el MAS”. Agrega que “el actual partido de gobierno ha cercenado las autonomías e hizo que solo existan en papel, dado que no se ha permitido el desarrollo de las mismas en beneficio de las regiones”.

La dirigencia cruceña impulsó la autonomía como medida política y jurídica. Tres cabildos realizados entre 2004 y 2006 la apoyaron. Las autonomías departamentales, municipales y para pueblos indígenas fueron introducidas en la Constitución en 2009, previa Asamblea Constituyente. En mayo de 2008, un referéndum en Santa Cruz aprobó con el 80% de aceptación el estatuto autonómico del departamento. Y los dirigentes del Comité Pro Santa Cruz tuvieron siempre protagonismo, tanto Rubén Costas, quien dirigió las manifestaciones por la autonomía, como Luis Fernando Camacho, que protagonizó una movilización de carácter nacional en 2019. Ambos fueron elegidos posteriormente, a su turno, para presidir el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

Marca coincide en que la autonomía departamental es limitada y que fue cercenada a través de distintas leyes. “Es una autonomía centralizada incluso frente a las otras autonomías, llámese las autonomías indígena originario campesinas”, dice. A la vez, afirma que varios estudios muestran que “a pesar de ese régimen de autonomías, tampoco se ha podido ejercer las competencias que el estatuto daba al departamento de Santa Cruz”.

“La gestión fue muy pobre, incluso se puede decir que la reglamentación de las competencias y la ejecución de las competencias es muy pobre”, dice.

El hecho es que las autonomías no han colmado las expectativas de la clase dirigente de Santa Cruz. Desde la Asamblea Departamental, Matkovic señala que revisar la relación con el Estado se justifica porque, “a pesar de las autonomías, las regiones se encuentran sometidas al capricho del centralismo, competencial y presupuestariamente. Seguimos dependiendo del Gobierno central para atender las necesidades de los habitantes que reclaman mejor salud, educación, acceso a servicios básicos, mejores días para ellos”.

Una de las justificaciones del Comité Pro Santa Cruz para convocar al paro cívico por el censo 2023 era que un recuento de los habitantes del departamento mostraría el crecimiento demográfico real y forzaría al gobierno a asignar recursos financieros en función de esa población, que fue contada por última vez en 2012. “Los municipios y las gobernaciones se quedaron con competencias tan intrascendentes y con presupuestos tan reducidos, que seguimos dependiendo de que un burócrata en la ciudad de La Paz autorice o no proyectos, o entienda que se necesitan más médicos, más profesores, mejores hospitales, entre muchas otras necesidades en el resto del país”, dice el asambleísta.

En medio del paro, que se inició el 22 de octubre, anunciar la revisión de las relaciones con el Estado boliviano tiene más de discurso para las masas que de propuesta real, opina Marca. “Es la impotencia de conseguir respuesta a las demandas de Santa Cruz”, dice. En su criterio, la segunda pregunta del cabildo abre muchas posibilidades y podría ser la oportunidad para abrir un amplio debate.

Por ahora todo está en “veremos”, pero los antecedentes cercanos muestran que el propio gobernador Camacho no tuvo éxito en la difusión de su propuesta de federalismo. En diciembre de 2021 estuvo en la universidad pública de Tarija para plantear el agotamiento del modelo autonómico y la propuesta de modelo federal. En enero de este año, visitó Trinidad para inaugurar una “casa federal”. En ambos casos recibió rechazo, organizado por militantes del MAS, y señalamientos de injerencia que resaltaron tanto o más que su propuesta.

Al margen del federalismo, el presidente del comité, Rómulo Calvo, introdujo otro concepto-propuesta: “Reconsiderar opciones alternativas viables constitucionalmente para decidir nuestro destino amparado en el derecho internacional a la autodeterminación de los pueblos”.

Marca considera que “la dirigencia cívica entiende poco de los conceptos de autodeterminación de los pueblos que se han planteado a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero que en los últimos años han sido presentados como derechos de los pueblos indígenas. Además, se debe tomar en cuenta que Santa Cruz es una sociedad diversa, plural, no se puede plantear que es homogénea. Si el mismo departamento no reconoce esos derechos, sería paradójico reclamar esto al Estado”.

Matkovic no quiso comentar esta nueva propuesta y sugirió trasladar la pregunta sobre la autodeterminación al propio Calvo. Los dirigentes cívicos no respondieron al requerimiento de Página Siete.

En todo caso, la idea de revisar relaciones con el Estado aún debe llenarse de contenidos. Entrevistado por radio El Deber, el exsenador Germán Antelo dijo que la comisión constitucional será el cerebro para reconducir el proceso autonómico y anular las leyes que han hecho retroceder las autonomías. Esa comisión, en su criterio, debe definir por qué línea transitar y ahí está la opción de las autonomías diferenciadas.

Esto implica, dice, “nuevas competencias asignadas a los departamentos que quieran avanzar de manera asimétrica... No debemos decir: ¡ya, Bolivia federal! sin analizar qué nos conviene. Ya hemos avanzado, tenemos cambios importantes, Bolivia es autonómica, profundicemos ese proceso”.