En el gigantesco y entusiasta cabildo del domingo 13 de noviembre en Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico preguntó a la multitud si estaba de acuerdo en revisar su relación con el Estado. Sin debate ni mayor explicación, se dio por aprobada la propuesta. Así es un cabildo en estos tiempos de grandes ciudades.

De inmediato saltaron alertas de todo tipo, pues se interpretó la propuesta como una reivindicación federalista, ya que desde hace mucho hay un movimiento que de tanto en tanto levanta esa bandera. Como en algún momento se aludió a la autodeterminación de los pueblos, también se piensa que hay una intención separatista, independentista. Algunas voces salieron a explicar que se trata en realidad de profundizar o perfeccionar las autonomías y otros dijeron que no era más que otra manera de exigir el “pacto fiscal”.

Finalmente, algunos han puesto de relieve el contexto en que se planteó, para asegurar que en esa propuesta está una reivindicación pura de la democracia como rechazo a las formas autoritarias del gobierno, que llegó a usar a la policía para apoyar a unos ciudadanos en su agresión a otros. Es posible que haya de todo eso y mucho más.

Lo que es común a todos es que ponen en entredicho la Constitución, que es la que define, precisamente, la relación de los ciudadanos con el Estado. Replantear esa relación implica su reforma. Si de ella surge federalismo, autonomías o pacto fiscal, ya se verá. Por ahora el debate se abrió.

Reformar la Constitución del 2009 parece hoy más necesario que nunca, y se trata además de un derecho constitucional pues dicha norma admite la posibilidad de su reforma parcial o total e incluso por iniciativa ciudadana. Tampoco hay restricciones a los temas de la reforma.

Como todos sabemos, la Constitución del 2009 nació maltrecha, y su aplicación sirvió más para destruir instituciones que para construir nuevas.

Primero se forzó ilegalmente la inclusión de la reforma total que no estaba contemplada, como no lo estaban la Asamblea ni el referendo. Luego se la convocó por un año y para sesionar solo en Sucre, y terminó superando ese plazo y sesionando en Oruro. El texto final fue modificado por el Congreso, que no tenía atribuciones para ello, y fue a referendo sin mayor debate. Recuerdo que una encuesta detectó que más del 75% de los votantes no la había leído, dejándose llevar por la propaganda que ofrecía más y mejores derechos con menos obligaciones.

Durante los 13 años de su vigencia, la Constitución del 2009 ha demostrado ser un lastre. No pudo reemplazar el viejo sistema institucional, pero logró inutilizarlo.

Sus propios impulsores se encargaron de desacreditarla al incumplir normas que fueron claves para su viabilidad, como la disposición transitoria primera que computaba como válido el primer mandato de Evo Morales. También lo hicieron al convertir a un Tribunal Constitucional, carente de legitimidad por haber sido elegido por ínfimas minorías, en intérprete de la Constitución. Así pasó cuando convalidaron la posibilidad de un cuarto mandato para Evo. Como esas, muchas otras normas han terminado ignoradas, comenzando por la obligatoriedad del idioma nativo en el sector público

La Constitución 2009 está llena de mandatos y disposiciones que han sido transgredidos deliberadamente, o violados, para usar una palabra fuerte.

Pero, además, tiene otras que simplemente no pueden cumplirse porque el país no tiene la capacidad económica para hacerlo. Entre ellas se encuentran muchas de las que “garantizan” nuevos derechos universales como el acceso al agua, a los medicamentos, a la educación técnica, y un etcétera tan largo como la misma CPE. Ojalá todo eso pudiera cumplirse, pero se trata de aspiraciones de desarrollo que, al estar en la Constitución, simplemente la deslegitiman, porque le dan el carácter de una promesa política, una oferta de campaña, nada más.

Incluso contiene artículos imposibles de cumplir y que solamente enervan nuestras relaciones internacionales, como el que declara su derecho “irrenunciable e imprescriptible” sobre el territorio que le de acceso al océano Pacífico.

También es preocupante que la CPE tenga otras normas que se cumplen pero que terminan siendo un obstáculo al desarrollo. Ahí están las que se refieren a los hidrocarburos y al litio, entre otras, que impiden negociar con flexibilidad la presencia de empresas con el capital y la tecnología adecuados para explotar esos recursos en beneficio de la población.

Por último, hay normas que deberían cumplirse pero que son afectadas por otras que lo impiden. Por mencionar una: la independencia de la justicia, que es imposible con un órgano judicial sin recursos y dependiente del poder político. También hay otras normas que deberían ser rigurosamente respetadas, pero que carecen de los instrumentos necesarios para hacerlo, como es el caso de las relativas a los derechos humanos. Basta recordar tragedias provocadas como las de Bakovic y Aramayo, la masacre del Hotel Las Américas, el caso de Porvenir, la represión en el Tipnis y uno se da cuenta de que las instituciones no han funcionado como debieron hacerlo. Incluso la crisis del 2019 y los recientes hechos en Santa Cruz muestran que en situaciones importantes fallan la fiscalía, la policía, la Asamblea Legislativa.

Incluso muchos problemas de representación política tienen orígenes constitucionales, como lo veremos cuando se abra la disputa por los escaños parlamentarios.

El cabildo ha acordado “revisar la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano”, pero eso es algo que el país está haciendo desde hace tiempo aunque no lo haya dicho de la manera explícita y contundente con que lo hizo la ciudadanía cruceña.

En realidad, podría considerarse que el de la Asamblea Constituyente y la Constitución del 2009 fueron parte de un esfuerzo de revisión que comenzó con el siglo y que todavía no ha culminado, convertido ya en un ensayo fallido que habrá que enderezar, avanzando por otro camino que nos ayude a evitar los errores cometidos.