Si alguien hizo unos depósitos de buena fe en la palabra del Gobierno cuando anunciaba para sorpresa de todos que garantizaba que los resultados del censo se utilizarían en la nueva distribución de escaños parlamentarios en las elecciones del 2025, probablemente pecó de ingenuidad política. Muchos tragaron esa píldora creyendo en unos efectos benévolos, pero estos nunca llegaron.

Ya resultaba extraño que el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, cambiara repentinamente de parecer, sin estudio ‘técnico’ -que tanto le gusta repetir- de por medio, el día que dijo que los resultados de población estarían listos en diciembre de 2024 y pocas horas después aseguraba que en realidad estarían disponibles en septiembre.

La razón era obvia: tras su primera intervención, salió el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, a advertir que si les dan resultados en diciembre, el tiempo no les alcanzaría para hacer la nueva distribución de representaciones parlamentarias por departamentos. Dijo ‘los necesitamos en septiembre’, y el Gobierno les respondió ‘concedido señores, tendrán resultados en septiembre’.

Pero resulta que aparentemente todo era un teatro para desarmar la movilización cruceña a través del cansancio y la prolongación sin fin de su paro indefinido. Ahora que los proyectos de ley llegaron a manos de la Asamblea Legislativa, los parlamentarios de los dos Movimiento al Socialismo (MAS-Evo y MAS-Arce) están haciendo su parte al recibir el encargo, sin ninguna prisa, perdiendo todo el tiempo posible, suspendiendo sesiones incluso con el argumento pueril de quien dice ‘me ha mirado feo’.

Ahora en el nuevo capítulo de esta amarga historia, el MAS facción Evo Morales ha anunciado que no aprobará una nueva distribución de escaños porque hay regiones que se sentirán perdedoras y repudiarán a los diputados que apoyen el cambio. Es decir, ha desahuciado la ley que debiera dar por finalizado el conflicto e imposibilita, por tanto, que Santa Cruz levante su paro indefinido.

Para ellos el cálculo político va siempre primero: no les interesa si un departamento creció sustancialmente por la migración de ciudadanos de otra región, y para ellos lo mejor es dejar las cosas como están, haciendo así que la estadística sea inútil y estéril. 

Pero tampoco es que el MAS facción Luis Arce haya contribuido mucho a acelerar la aprobación de la ley en la instancia de comisión, que es de donde no se ha movido en más de una semana. Eso hace pensar que en realidad lo que está ocurriendo en el país es el desarrollo de una estrategia bien montada para aparentar mostrar interés en el problema, pero en el fondo promover que no se revuelva.

Para reforzar ese plan, salieron autoridades de Gobierno a precisar que ellos ‘respetan’ la independencia de poderes y que ahora el tema está en manos del Legislativo, donde ellos nada tienen que hacer. Cuando la ministra María Nela Prada dice sin ruborizarse ‘respetamos, es otro órgano del Estado’, sabe perfectamente que está diciendo algo que es y no es verdad a la vez. 

En las dos veredas del poder, el partido mayoritario es el mismo, y todas las veces que el Gobierno se ha lo propuesto, ha logrado que la Asamblea Legislativa apruebe leyes en pocas horas. 

Mientras tanto, a 900 kilómetros de allí, los cruceños han comenzado a perder la paciencia por una medida que se extendió mucho más tiempo del esperado. Sus líderes dejaron en manos del MAS el destino del conflicto: con ley o sin ella, y en los tiempos que el MAS decida.