Medio: El Potosí
Fecha de la publicación: miércoles 25 de julio de 2018
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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Un paso más para el juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa y tres de sus ministros se ha cumplido. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), integrada por Olvis Égüez (cruceño) y Edwin Aguayo (potosino), recomendó enjuiciar al expresidente. Ahora, este dictamen deberá ser ratificado por la Sala Plena del TSJ que se reunirá hoy.
La sesión de la Sala Plena está programada para hoy miércoles a las 9:00 y el asunto está en la agenda, manifestó el presidente del TSJ, José Antonio Revilla el funcionario.
“La Sala Penal hace las veces de juez controlador de garantías constitucionales y consiguientemente evalúa la proposición acusatoria y el requerimiento fiscal correspondiente y, en base a eso, informa a la Sala Plena y esta procederá como corresponde”, explicó.
La Fiscalía envió al TSJ una proposición acusatoria redactada el 22 de mayo por la Procuraduría. Esta acusa a Mesa y sus exministros Gustavo Pedraza, Freddy Escobar y Luis Fernández de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, por la expulsión de Non Metallic Minerals, una empresa subsidiaria de la chilena Quiborax, que tenía concesiones para explotar ulexita en el salar de Uyuni.
La decisión del Gobierno de Mesa derivó en un arbitraje internacional por el que Bolivia fue condenado a pagar $us 42.6 millones. Según la procuraduría, Mesa violó su propia ley al expulsar a los chilenos. El exmandatario aseguró que lo que hizo fue nacionalizar el salar y los chilenos, con una inversión de $us 800.000 se llevaron una ganancia de $us 42.6 millones.
De ser ratificado por la sala plena del TSJ, el proceso continuará por vía política. Será remitido a la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo, cuyo pleno definirá si autoriza el juicio en el TSJ. Hay más de 100 procesos pendientes de decisión en esta instancia.
La postura condice con el criterio de Mesa, quien volvió a reiterar su inocencia y apuntó a los ministro de Justicia, Héctor Arce, y de Minería y Metalurgia, César Navarro, además del procurador Pablo Menacho de ser los directos responsables de la pérdida del arbitraje que devino en el pago de la millonaria indemnización.
El futuro de Mesa queda en manos del MAS
Si la Sala Plena del TSJ ratifica, la decisión de enviar al Legislativo los expedientes por el caso Quiborax contra Mesa, a partir de ese momento está en manos de diputados y senadores del MAS la decisión de si elexpresidente será sometido a un juicio de responsabilidades.
"No alcanzaremos a meterlo preso"
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, llamó ayer a la tranquilidad a Mesa y a sus seguidores, porque no alcanzarán a meterlo preso ni lograr una sentencia ejecutoriada por el caso Quiborax.
La exministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo que Mesa no debería ir a la cárcel porque actuó en defensa del país al revertir las concesiones a Quiborax.
"Deben acusar a Evo por Guaracachi"
Después que la Sala Penal del TSJ recomendó el enjuiciamiento de Mesa por el caso Quiborax, pidió al procurador del Estado que inicie una demanda en contra del presidente Evo Morales por el caso Guaracachi-Rurelec.
“El 24 de julio de 2018 le he entregado una carta al procurador, diciéndole que debe acusar al presidente Evo Morales por la expropiación de Guaracachi-Rurelec, en estricto cumplimiento del artículo 14, I de la CPE que establece igualdad de trato para todos los ciudadanos. De lo contrario debe retirar la acusación en mi contra”, emplaza Mesa al procurador.
Según el exmandatario el Laudo del Tribunal Arbitral de la UN, desarrolló exactamente los mismos argumentos para Guaracachi que usó el Ciadi en el caso Quiborax. “A igual daño al Estado, igual acusación… En lo personal acuso de ese daño en Quiborax a Arce, Menacho, Navarro y Arismendi”, sostiene.
Argumentó que la Procuraduría ha violado el artículo 14, parágrafo II de la Constitución Política del Estado que sanciona: “toda forma de discriminación”, porque “en un caso de igual naturaleza ha procedido de manera radicalmente diferente”.