Teoría de Restricciones propone una metodología para gestionar conflictos que permite visualizar las posiciones, intereses y sobre todo los supuestos o creencias subyacentes de los actores en disputa.
Uno de los principios de esta filosofía de gestión es que las personas no son malas ni tontas, consiguientemente, a pesar de que una posición pueda parecer descabellada, intransigente o absurda, debe ser respetada y objeto de análisis e identificación de los supuestos explicativos de ese posicionamiento. Por lo general se suscitan supuestos válidos, objetivos y visibles para ambas partes, pero también supuestos escondidos que suelen ser erróneos.
En principio visualizamos las posiciones en conflicto expresadas en “Censo el 2024” por parte del Gobierno y en “Censo el 2023” por parte del Comité Interinstitucional. En este nivel, sería más que imposible intentar gestionar las diferencias, por lo que conviene indagar las necesidades que pretenden satisfacer estas posiciones para cada uno de los actores. Así tenemos que el Censo 2024 obedece a la necesidad de contar con información de calidad y plenamente confiable, y el Censo 2023 a la necesidad de que sea oportuno para la redistribución de recursos y escaños en la Asamblea Legislativa.
En el nivel de las necesidades, como se puede ver claramente, no habría cuestionamiento alguno de parte de los actores ni de la población que mira con expectativa el curso del conflicto, pero en los hechos a pesar de la coincidencia de ser lo más importante la fecha de resultados y efectos del censo, sigue escalando el conflicto.
Convendría entonces preguntar: ¿Por qué para tener un censo de calidad es imprescindible que sea el 2024? y ¿Por qué para que sea oportuno (recursos y escaños) no puede ser después del 2023? Sencillamente porque se desconfía.
A partir de declaraciones podemos visibilizar estos supuestos. El Gobierno afirma que hay 750 actividades y éstas no podrán cumplirse hasta antes de marzo de 2024, pero al parecer hay supuestos escondidos como “Ceder puede ser señal de debilidad” o “Si cedemos en la fecha, nos impondrán otras condiciones”.
Por el lado del Comité Interinstitucional, se insiste en que censo 2023 es mandato de 1,5 millones de personas, pero también pueden estar influyendo supuestos como “Hay que aprovechar el momento para doblar la mano al gobierno”, o peor aún, “Es una buena oportunidad para quitar legitimidad al centralismo y derrotarlo una vez más en las calles”.
Por mucho que neguemos la presencia de estas creencias, ahí están, tienen legitimidad para cada colectivo y deben ser analizadas con respeto y mucho cuidado. Meter calda no está resultando.
Conviene entonces clarificar abiertamente ambos tipos de supuestos, los explícitos y los implícitos. Primero, no es cierto que por tratarse de 750 actividades el censo deba ser inexorablemente en marzo 2024. Tampoco es cierto que 1,5 millones de ciudadanos rechazarían privilegiar la fecha de resultados antes que el día del empadronamiento. Por otra parte, no es cierto que el que cede pierde, por el contrario, en este caso puede ser señal de madurez política y puede dar rédito a los actores. Asimismo, escalar el conflicto deliberadamente provocaría una crisis insuperable en la que perderíamos todos, el peor resultado de una negociación.
Pero, ¿qué actor puede ceder un poco más? El Comité Interinstitucional, a pesar del 2º Cabildo y los esfuerzos del Rector Cuellar no termina de aceptar el censo 2024 y el entuerto se expresa en 5 proyectos de ley que deambulan en busca de coherencia y contundencia. El gobierno se apoya en una ruta crítica muy larga, casi impuesta por el BID y FONPLATA que exigirían (habrá que ver si es verdad) procesos de contratación ciegamente burocráticos.
José Pomacusi lo advirtió, el que cede está perdido, será rehén eterno del otro y mejor porfiar, aunque se tenga que morir dignamente.
En la negociación contemporánea no basta con visibilizar los intereses, es imperioso clarificar las creencias, premisas y supuestos ocultos. Pero cuando no existe un objetivo común, negociar es lo más necio que se puede hacer. Si no se promueve un diálogo mediado por expertos de alto vuelo, que calen hondo en las emociones seguiremos logrando arreglos superficiales que soslayarán el conflicto de fondo y éste volverá a emerger una y mil veces.

El autor es exdocente de la Maestría en Gerencia Pública de la UMSA.