Franklin Pareja es docente titular de la Universidad Mayor de San Andrés y se trata de un politólogo reconocido a nivel nacional e internacional, y una voz a la que los medios de comunicación recurren de manera frecuente para contar con su análisis sobre la coyuntura política y social del país. Tiene otras credenciales, cuenta con un Máster en Administración de Empresas, es candidato a doctor en Desarrollo y Políticas Públicas y se desempeña como docente investigador del Instituto de Ciencia Política y Derecho. En esta entrevista concedida a Péndulo Político evalúa los entresijos del conflicto desatado por la postergación del Censo y alerta sobre escenarios futuros en caso de no resolverse en estos próximos días.

PREGUNTA (P). En qué lectura o decisión radica la posición del MAS de posponer la fecha del Censo y realizar la consulta recién en 2024?

RESPUESTA (R). La postergación del Censo, de forma excesiva (dos años) y al margen de cualquier criterio técnico, devela que esta se sustenta eminentemente en un cálculo político multifactorial: tiene que ver con recursos económicos y una nueva configuración política, además vendría a evidenciar el comportamiento de la movilidad humana en los últimos 20 años (el Censo de 2012 se hizo con la cartografía de 2001), que podría demostrar la inviabilidad e insostenibilidad de muchos municipios en el país, por su condición casi extinta, rompiendo el artificial discurso postizo de la fortaleza y la densidad del mundo rural andino amazónico. 

Asimismo, si el Censo se realiza de forma rigurosamente técnica, al margen de manipulaciones (sospecha fundada), claramente permitiría analizar y determinar con cierta precisión el comportamiento del crecimiento vegetativo de los últimos 10 años (al menos) y contrastar si coincide con el volumen del crecimiento del padrón, hipotéticamente de crecimiento atípico. Esto último pondría en entredicho la legalidad y la legitimidad al menos de los últimos tres procesos electorales, lo cual tendría repercusiones políticas de colosales proporciones.

(P).- Lo acabas de señalar, el quid de la cuestión parece ser que el Censo ponga en entredicho el padrón electoral y con él los últimos procesos electorales. Si se confirma esta sospecha, ¿qué podría suceder?

R. Puede producir fracturas institucionales, revueltas regionales, debilitamiento de las instituciones del orden y, por supuesto, extremado y absoluto autoritarismo y violencia para sofocar la tensión social; porque quedaría develado de que estamos viviendo un total engaño construido en plan prácticamente dictatorial con ropaje democrático. No se descarta el peor escenario, una confrontación social que podría inclusive detonar una guerra civil.

(P). Se pudo evitar el conflicto o desde un inicio se instaló como una medición de fuerzas?

(R). Probablemente la medición de fuerzas nos fue bien calibrada desde un principio por ninguno de los actores. Quizás el Gobierno pensó que sofocaría el paro y la protesta en poco tiempo, por agotamiento natural y división interna; pero sucedió que la cohesión fue de menos a más, mostrando que el peso específico cruceño es tan grande que ni movilizando el aparato represor y las organizaciones desde todos los frentes pudieron quebrar la moral cruceña. La mayor ceguera del Gobierno fue pensar que detrás del movimiento ciudadano existe una o dos logias, y que estas se sustentan en una o dos figuras, que no irradian más allá de Santa Cruz, como son Camacho y Calvo. Si fuera así, ya los habrían derrotado. Hoy por hoy, la demanda cruceña en clave nacional está penetrando en el civismo nacional. Por otra parte, el Comité Interinstitucional quizás pensó que el gobierno iba a ceder más rápidamente ante el perjuicio en cascada de la matriz económica del país (su mayor fortaleza), no obstante, su lucha tiene connotaciones épicas, con más testosterona que neurona, instalando la iconografía de héroes antes que de verdaderos estadistas regionales. Por este motivo ambas figuras no logran cautivar a otros líderes del país. 

En todo caso, Gobierno y Comité podrían haberse equivocado; pero está claro que ambos entienden que no están dispuestos a ceder en virtud a que los supraintereses son extremadamente sensibles y difíciles de conciliar. El trasfondo ya no es simplemente el Censo, se trata del cambio de eje del poder territorial en el país. Santa Cruz por segunda vez maneja la agenda nacional, introdujo en la arquitectura jurídica el régimen de autonomías –hasta el día de hoy no ha funcionado ni avanzado prácticamente nada–, ahora su lucha no es solamente por más recursos ni más escaños, sino por más autonomía.

(P). ¿Qué demuestra esta táctica del gobierno de bloquear a los bloqueadores, no es jugar con fuego?

R. Miopía y ceguera, son incapaces de visualizar los escenarios futuros. Carecen de un equipo para gestionar la crisis con inteligencia, al margen de la bravuconería, el egocentrismo y la petulancia de sus principales interlocutores. Solamente lograron enervar a la región cruceña y cohesionarla más, los cercos que se instalaron no la debilitaron moralmente, ni la agotaron, más bien empujaron su demanda hasta lograr una cierta simpatía y adhesión nacional, se podría estar produciendo la transformación de la demanda hacia una más nacional.

(P). ¿Cerrará el conflicto la mesa técnica que se instaló en Trinidad? ¿O solo en el caso que se anuncie que el Censo se llevará adelante el 2003? Y si no es así, ¿qué podría suceder esta siguiente semana?

R. Si el gobierno no resuelve esta semana el conflicto, escalará a nivel nacional. No se descarta su tozudez dada la intransigencia; pero cada vez están más acorralados, aunque quieren dar la sensación de que el moribundo es Santa Cruz. No existe ninguna mesa técnica, nunca hubo ni nunca la habrá, esa es una justificación para crear una salida que los políticos ya definieron. Históricamente las decisiones técnicas nunca tuvieron supremacía sobre las decisiones políticas, y si fuera de esa manera, Bolivia sería un estado con altos niveles de institucionalidad; pero no es así, se trata de un país caótico, porque precisamente en Bolivia lo técnico no tiene valor y, adicionalmente, porque afecta intereses corporativos, regionales y personales, que encubren elevados niveles de corrupción. [P]