El Gobierno pospuso la realización del Censo para 2024. Santa Cruz salió de la pasividad a partir de su cabildo y respondió con un paro indefinido. Se sucedieron varios diálogos frustrados. Enfrentamientos en distintos puntos de Santa Cruz, entre afines del Comité Interinstitucional y partidarios del Gobierno. El primer día del paro, en medio del conflicto, se produjo un muerto; luego varios heridos y detenidos. El país permanece expectante. Ahora, ¿qué sigue?

El cabildo convocado el 30 de septiembre por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz dio 21 días de plazo al gobierno para derogar el Decreto 4760, que pospuso la realización del Censo de Población y Vivienda para 2024. El diálogo que pudo poner en concordia a los discordes, durante esas tres semanas permaneció “congelado”. Finalmente, el gobierno no derogó el decreto, el plazo venció con el paso de los días y más bien llamó a un “contracabildo” para el viernes 21 de octubre. 

Había empezado un drama en varios actos. El país a partir de ese día se internó una vez más en el insomnio de las coyunturas, con sus días y noches inciertas como oscuras. De esta manera, ambos actores se internaron en una dinámica de acción-reacción que, como plantea John Kenneth Galbraith en Anatomía del poder, “casi cualquier manifestación de poder inducirá otra manifestación de poder opuesta, aunque no necesariamente igual. Todo esfuerzo por doblegar a unas personas a la voluntad de otras tropezará de alguna forma con un esfuerzo por resistir a esa sumisión”.

El paro indefinido inició el sábado 22 de octubre. Lo hizo de la peor manera: con un muerto (Julio Taborga, soldador, padre de cuatro hijos), paradoja mayúscula, en el puente de la Amistad de la localidad de Arroyo Concepción. La arena del conflicto se tiñó de rojo, precisamente entre las tenazas de quienes intentaban bloquear el puente y quienes rechazaban la medida de protesta. El diálogo que se había instalado a primera hora de la mañana entre las autoridades del gobierno y la dirigencia cruceña fue un bien logrado diálogo de sordos. Ninguno de los dos frentes salió de sus posiciones; más bien, luego de tres cuartos intermedios, la dirigencia cruceña se retiró de la mesa de reuniones anunciando que continuaría, las movilizaciones y el paro indefinido. La ministra Prada, en un desconocimiento del tempo del conflicto y la templanza que se requiere en esas situaciones crispadas, los tildó de “niños malcriados” y los responsabilizó “de la violencia y de lo que vaya a pasar”.

Las cartas estaban echadas en medio de vidrios rotos. El domingo 22 por la noche el Comité Interinstitucional, a los pies del Cristo Redentor, ratificó la continuidad del paro indefinido. El Gobierno convocó a una reunión pero no a quienes llevaban adelante la medida de presión del paro, sino a los sectores que también presionaban pero en su contra, eran quienes habían encabezado el contracabildo del viernes. En este contexto, el presidente Luis Arce reiteró la predisposición de su Gobierno al diálogo y el Gobernador Luis Fernando Camacho le dijo que “deje de mandar a gente incompetente, venga usted personalmente, no sea cobarde”. 

El efecto Lucifer

¿Se divisa en el horizonte la instalación de un “diálogo sincero” del que hablan unos y otros? ¿O más bien ambos actores están presos del “efecto Lucifer”, donde la presión que ejercen sobre el ambiente, sobrecalentada por unos y otros con reiteradas acciones de tensión y descalificaciones cruzadas, crispa los ánimos de los actores y los predispone más bien para la radicalización, el enfrentamiento y la violencia?

El martes 25 no se produjo el diálogo; una vez más lo único que se provocó fue su frustración. El Gobierno y los sectores sociales cerraron filas; mientras Santa Cruz ingresó al cuarto día de paro. El Comité Interinstitucional permaneció firme en su posición; mientras el Gobierno aprobó con los sectores sociales que le son afines, la realización de una cumbre nacional para fijar la fecha del Censo. Ese día, en Cochabamba, donde el presidente Arce participó en un congreso campesino conjuntamente con el expresidente Evo Morales, arremetió contra la “vieja derecha” que “sigue queriendo emprender aventuras golpistas en nuestro país”.

Enfrentamientos humanos, bloqueo de carreteras. Algo más para atizar el fuego de ese gran caldero, el MAS emprendió la asfixia del paro. O sea, cerco a la ciudad de Santa Cruz desde las cero horas del miércoles 26. Una especie de cuchillo helado preparado para hundirse en la espalda del adversario. “No va a entrar ni salir nada ni nadie”. En La Paz, un grupo de diputados del oficialismo sugirió al presidente Arce dictar el estado de excepción en el departamento de Santa Cruz para “controlar el desorden, el caos y el terrorismo”. En Cochabamba, Beni, Tarija, Oruro y Potosí se instalan tibios puntos de bloqueo y fugaces paros en solidaridad con Santa Cruz; pero en La Paz, epicentro del poder político, grupos de choque del MAS arremetieron contra la marcha de la Paceñidad que pedía Censo para 2023. El resultado: varios heridos en medio de esa confusión de gases, piedras, palos y petardos. 

Antes de la cita en Cochabamba, donde se llevó a cabo la cumbre nacional y se tomaría la “decisión definitiva” sobre el empadronamiento –se invitó a los nueve gobernadores del país, alcaldes, rectores de universidades públicas y movimientos sociales–, las preguntas flotaban en el ambiente. “¿Qué garantías nos pueden dar para que asistamos?”, se cuestionaron en Santa Cruz los dirigentes cívicos. “¿A qué vamos a ir?, ¿a recibir violencia?, se interrogó en La Paz el alcalde Arias. El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Eber Rojas, mostrando sus puños, respondió: “Camacho, ¿me estás escuchando? Voy a venir, vamos a luchar puño a puño (…) Nosotros vamos a ir igualito a matar al Camacho y al Calvo”.

El jueves 27 la noticia que abrió los titulares informó que el Gobierno, en resguardo del abastecimiento interno, prohibió la exportación, de manera temporal, de los productos derivados de la soya, carne de res, aceite y azúcar. “Estado de emergencia”. La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO), los empresarios privados, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) levantaron la voz por la restricción. Luego el transporte pesado internacional y nacional bloqueó la ruta internacional de Tambo Quemado, frontera con Chile. Para agregar más cenizas a la tierra quemada, Hernán Hinojosa, diputado del MAS, anunció que presentaría “un proyecto de ley de nacionalización de las empresas Cooperativa de Electricidad, Saguapac, empresa Sofía y la Cervecería Boliviana Nacional”. En Tarija se cumplió un paro de 24 horas marcado por enfrentamientos en los puntos de bloqueo, intervención policial y por lo menos siete arrestados. Un tam-tam repetido, estruendoso y doloroso. 

Un día después de la cumbre nacional sostenida en Cochabamba, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, preguntó: “¿Qué están esperando para levantar el paro?” El Comité Interinstitucional respondió: “Estaremos en paro indefinido mientras no se dé una solución inmediata conforme a lo definido en el cabildo del 30 de septiembre (...) Exigir un nuevo decreto que establezca que el empadronamiento será ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el mes de octubre de 2003”. La hostilidad siguió levantando vuelo en sus dos alas: por una parte, la Central Obrera Boliviana, la dirección nacional del MAS y el Pacto de Unidad, que el pasado jueves participaron de una reunión con el presidente Arce, anunciaron movilizaciones en los nueve departamentos; y por otra, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), luego de su marcha de apoyo a la realización del Censo en 2023, convocó a los comités cívicos del país a organizar un paro nacional. En Santa Cruz los combustibles comenzaron a escasear y las calles se llenaron de basura. El “mercado negro” apareció detrás de los combustibles y los perros callejeros de la basura.

Síndrome del abismo

Lunes 31 de octubre, décimo día de paro. Llegaron 700 efectivos de la policía para relevar a sus camaradas. Cuatro columnas de marchistas saldrían desde la Refinería de Palmasola, el Plan Tres Mil, la Pampa de la Isla y la Zona Norte-Satélite, según lo anunció Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas. ¿Aflorarían las “autodefensas de la población cruceña” ante la amenaza de la policía y la movilización de sectores del MAS? El presidente del comité cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, expresó que ese era su temor. ¿Temor? Ayer domingo, en Pailón, los pobladores que apoyaban el paro cívico se enfrentaron con quienes están en contra de la medida. Sonaron las campanas del pueblo, los vecinos acudieron a reforzar el punto de bloqueo y el otro bando acabó replegándose. El sonido de las campanas por un tenso momento se confundió con puñetes, patadas, petardos y el gemido de los heridos.

El martes 1 de noviembre se celebró en Bolivia la fiesta religiosa de Todos Santos; pero ni Santa Cruz respiró santidad, ni el Todos se mantuvo incólume y compacto, más bien persistió desgarrado en dos bloques con identidades binarias y posiciones divergentes. Ese día se abrió nuevamente una luz de esperanza: el Comité Interinstitucional le planteó al presidente Arce sentarse en una mesa pero sin condicionamientos. ¿El objetivo? Pacificar Santa Cruz y el país, “unir voluntades para evitar que haya derramamiento de sangre”. Por la noche esa luz de esperanza se apagó en la Guardia, donde se produjo una violenta actuación de la policía contra sus pobladores, que pretendieron levantar el cerco que instalaron los sectores del MAS en la carretera. En la trifulca, un periodista resultó duramente golpeado, casi hasta dejarlo en riesgo de muerte. El conflicto, una vez más, siguió desarrollándose en su incandescencia, pues estuvo debidamente lubricado. 

Miércoles 2 de noviembre. Se llevaban doce días de paro y nueve de cerco. La violencia sumó y siguió. Los marchistas de las organizaciones sociales que apoyaban al MAS salieron encapuchados de San Julián con escudos artesanales de barril, con la wiphala, rumbo a la Gobernación cruceña para exigir la renuncia de Fernando Camacho. Y se anunciaron dos nuevas marchas para fortalecer el cerco y levantar el paro indefinido: de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y de los Ponchos Rojos. ¿Volvería Santa Cruz a comer una vez más el pan amargo de cada día?

Un nuevo intento de diálogo fracasó el martes 1 de noviembre. El jueves el vocero presidencial, Jorge Richter, hizo el anuncio. El Gobierno en consecuencia decidió instalar una mesa técnica para definir la fecha del Censo el viernes 4 de noviembre. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que “técnicamente es imposible” realizar el Censo el próximo año. Pocas horas después, Presidencia lo desacreditó. Por su parte, los comités cívicos de ocho de los nueve departamentos anunciaron un paro nacional desde el lunes 7 de noviembre y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) advirtió sobre la pronta instalación de piquetes de huelga de hambre en diferentes ciudades. El presidente Arce exhortó a deponer cualquier medida de presión que atente contra la reconstrucción de Santa Cruz. 

La Guardia, después de la violenta jornada que vivió, recuperó la calma. Los “cercadores” permitieron el ingreso de al menos 40 carros basureros que estaban impedidos de ingresar al vertedero municipal. Los Ponchos Rojos negaron que su organización estuvo organizando un cerco a Santa Cruz. ¿Será finalmente esta mesa técnica multiinstitucional el sedante ansiado para este oleaje embravecido, donde todos los barcos parecen levantarse con sus banderas flameantes al centro de la contienda? [P]