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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prepara una nueva convocatoria de licitación pública internacional para actualizar la plataforma biométrica del padrón electoral, tras declarar desierta la emitida en octubre, indicó el presidente de esa entidad, Óscar Hassenteufel.

Con la actualización se pretende que el TSE cuente con una plataforma que permita identificar y verificar huellas dactilares y características faciales de forma multibiométrica (paralela) de cada empadronado.

Asimismo, se cumplirá en parte las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el informe final del proyecto de cooperación técnica de la auditoría integral al registro electoral biométrico en Bolivia realizado en 2017.

“Esta es una tarea que no ha podido realizarse por varios años y que cada vez se tiene mayor urgencia; por ello, se lanzó en octubre una licitación pública internacional (…), pero fue declarada desierta”, señaló el presidente del TSE.

Sin embargo, Hassenteufel lamentó que antes de que se reciban propuestas empezaron a circular comentarios y afirmaciones en sentido de que el TSE tenía la intención o propósito de favorecer a una determinada empresa.

“Circularon otros comentarios confundiendo la plataforma biométrica con el padrón electoral y pretendiendo sembrar dudas sobre la limpieza y la oportunidad de la licitación. Muchos se dieron la tarea de solicitar hasta informes y copias de toda la documentación”, señaló el vocal.

Explicó que, como resultado de la primera licitación, se tuvo solo una propuesta, la cual fue analizada por una comisión, misma que recomendó declarar desierta. “El acto de cierre de la presentación de propuestas y apertura de las mismas, de la primera licitación, se hizo el 31 de octubre de manera pública”, afirmó.

De acuerdo con el registro de licitación en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), la adquisición de equipos para actualizar la plataforma biométrica demanda una inversión de Bs 29.997.600.

Por su parte, el vocal Francisco Vargas señaló que inicialmente se esperaba hasta diciembre concretar la contratación en el marco de lo que exigen las licitaciones públicas y en 220 días desarrollar el servicio, proceso que se ve demorado hasta lograr una nueva licitación.