En Bolivia, desde hace 15 años, la política como discurso, poder y acción se ha convertido en un constante manoseo y juego de intereses perversos en beneficio de una élite de poder que, a su vez, ha creado otros sistemas paralelos al Gobierno central para impermeabilizar las acciones de facto del Ejecutivo y legitimar sus ilegalidades e inconstitucionalidades.

Tras 15 años de evomasismo, la política como discurso se ha degradado a tal punto que prácticamente ya no existe una finalidad que pretenda lograr el bien común o que posea un contenido ético. Si desde Aristóteles la política es una forma de moral que se debe a la persona humana y al bien común, en la actualidad, en Bolivia, la política está estrechamente relacionada con la corrupción, el poder fáctico, la prebenda y la miseria humana.

La política como poder, desde el poder y para el poder, en Bolivia, se ha convertido en una dictadura perfecta o dictadura legitimada que ha logrado tal consenso en su accionar que ya funciona sin problema alguno como un sistema político modelado y administrado por élites paraestatales que, además de administrar, también toman decisiones a discreción de una cabeza casi invisible llamada presidente.

Ahora bien, el concepto de una dictadura reflejado en el pensamiento clásico tiene un sentido claro y específico. Sin embargo, en estos tiempos, esos conceptos, se han diversificado tanto que su uso riguroso de dictadura relacionada con fusiles y botas militares se ha trasladado, y con sobrada razón, hacia gobiernos civiles que ejercen el poder sin control, sin pesos ni contrapesos. Es decir, el poder de los gobernantes sobre el pueblo no tiene restricciones, éste no posee garantías fundamentales. Fueron abolidas. En consecuencia, una dictadura implica, evidentemente, una concentración de todos los poderes en manos de un sujeto, de una clase política o de un partido específico.

Bolivia, desde hace 15 años, se sitúa en este régimen que lo controla todo: el Estado es un instrumento político que legitima lo ilegítimo. Actúa como un dique de contención para destrozar las garantías jurídicas, legislativas y desde luego la institucionalidad democrática.

El régimen actual adopta para su gobierno métodos coercitivos surgidos de un poder o poderes paralelos que propician la carencia mínima de acuerdos sobre la vida en común de sus ciudadanos y sus instituciones.

En Bolivia, el voto no siempre se traduce en una acción puramente democrática y plural. Las elecciones, aun siendo libres, no sirven para determinar quién debe gobernar el país, sino que está sujeto a una relación de fuerzas políticas, de intereses partidarios y con un gran riesgo de ejecutar un fraude electoral. Ergo, en Bolivia se vota, pero no se elige, todavía.

Para el Gobierno, que ignora por completo el concepto de independencia de poderes, institucionalidad democrática, resolución de conflictos, servicio y pluralidad, el día después es la espada de Damocles que pende sobre los cuellos de los revoltosos que osaron marchar, bloquear, rechazar las medidas del Gobierno y determinar paros, como es el caso de Santa Cruz, que pide censo para 2023, o como lo fueron los 21 días de resistencia civil al flagrante fraude ejecutado por el gobierno de Evo Morales.

Tras más de un mes de paro en Santa Cruz, la pregunta del millón es ésta: ¿Qué les espera a los que aún lideran el Comité Interinstitucional cruceño, a los que están directa o indirectamente ligados al paro, o a toda una población que aún resiste la medida? ¿Persecución, amedrentamiento, amenaza, arresto, tortura, cárcel o muerte?

Aunque sepamos, a priori, la suerte que correrán estás personas, no sabemos si el Gobierno tendrá el mismo “entusiasmo investigativo” con los sujetos que estuvieron y todavía están impresos en el otro lado de la moneda. Es decir, personajes, grupos de choque y enviados especiales a Santa Cruz que hicieron y hacen frente al paro indefinido. Por ejemplo: ¿La justicia se hará cargo de los que determinaron el cerco ilegal y criminal a Santa Cruz, no obstante de que ninguna norma nacional o internacional avala esa medida extrema de protesta y que además vulnera los derechos constitucionales de acceso a la alimentación y a los servicios básicos?

¿Se investigará la denuncia sobre policías que “sembraron” pruebas contra detenidos en La Guardia?

“La formación de la Policía es la de reprimir y los actos de abusos que se han visto no sólo en esta gestión, sino en las anteriores, muestran que el policía está formado primero para golpear y no tanto para dialogar, y creo que lo ha asumido tan así que cualquier movilización social que hay ya es pretexto para que ellos puedan desestresarse de tanta pasividad, y en acción hacen todo lo que no deben hacer”, señaló a ANF el activista de derechos humanos de la ciudad de El Alto, David Inca Apaza.

Al chúcaro y camaleónico secretario Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, ¿se le habrá movido algún pelo de la ceja cuando, en un discurso básico y primitivo, soltó una sarta de incoherencias con un profundo mensaje racista y discriminador? ¿Será procesado o, cuando menos, se le pedirá alguna explicación por estos improperios de dirigente dirigido?

“Indignados con estos croatas, ‘yugoslavios’ que se creen dueños de Santa Cruz, hijos de migrantes. Nosotros somos los dueños, los que hemos construido Santa Cruz, los que hemos aportado para el desarrollo de Santa Cruz y ahora recibimos discriminación, racismo, difamación, violencia, asesinatos”, afirmó Huarachi.

Ciertamente esta paradoja de paradojas no tiene explicación alguna en todo el planeta Tierra.

¿Se investigará la brutal agresión física al periodista Mario Rocabado por parte de grupos de choque del MAS?

“Rocabado fue golpeado en la cabeza y otras partes del cuerpo con golpes de puño, palos y piedras. Las heridas provocadas requirieron suturas de varios puntos en la cabeza del colega y la atención urgente en un centro médico”, dice el comunicado de la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia.

Un Gobierno ha de ser mediocre y miserable si sus mismos altos funcionarios se ponen al servicio de la beligerancia y de la violencia y no de la intermediación en pos de la pacificación y el diálogo, como es el caso del “desbloqueador” ministro de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, Édgar Montaño.

En Bolivia, el día después, se torna oscuro y de facto. Es cuestión de tiempo, la “vendetta” es una forma de hacer cumplir los mandatos de un régimen autoritario y dictatorial en ciernes.

Las represalias, pos conflictos, ya son parte de las políticas gubernamentales en este país.

Tras los 21 días de paro nacional en 2019, los arrestos, bajas a policías y militares, persecuciones, encarcelamientos, torturas y demás métodos de represalia no tardaron en llegar. En Santa Cruz, el día después, también se torna desalentador y doloroso.