Por Mauricio Alzérreca Medrano, especialista en políticas públicas

El Censo se origina bajo el paradigma del positivismo con una postura técnico racional que establece de manera optimista al Censo como un procedimiento estadístico que permite recoger, recopilar, evaluar, analizar, publicar y difundir características habitacionales de los hogares y datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un país en un momento determinado y que permite diseñar y gestionar políticas públicas para solucionar los problemas que afectan a las condiciones de vida de la población.

La primera falsedad detrás de esta afirmación es que el Instituto Nacional de Estadística (INE) se ha institucionalizado y tiene la capacidad técnica para llevar a cabo este gran desafío con profesionales idóneos contratados en función a sus méritos y no en función al color de su militancia política. La segunda falsedad, se refiere a que la racionalidad técnica del procedimiento estadístico de recopilación, análisis y difusión de la información del Censo no se verá afectada por los distintos intereses políticos, regionales, étnicos y culturales. La tercera falsedad es que la información de las características demográficas, sociales, económicas y otras del Censo son utilizadas racionalmente para diseñar y gestionar políticas públicas en los ámbitos nacional y subnacional.

Además, en Bolivia la información demográfica del Censo afecta la distribución de recursos económicos públicos y los recursos políticos de la democracia representativa entre las distintas regiones, constituyéndose en una política pública redistributiva de suma importancia, que afectarán los intereses de poder, legitimidad y gobernabilidad de las autoridades y actores políticos y sociales en los ámbitos nacional y subnacional.

La redistribución del poder político y económico en las regiones originadas por el Censo afectará a la eficiencia y efectividad de los procesos políticos para llevar a cabo distintas alternativas de políticas públicas, limitando el interés de utilizar las políticas públicas para la reproducción de un poder hegemónico del MAS, por el contrario, podría fortalecer la legitimidad y gobernabilidad de autoridades de gobiernos subnacionales.

Es imposible realizar un análisis aislado de la política y la política pública redistributiva del censo, lo que no es novedad, sin embargo, no deja de sorprender la irracionalidad e ingenuidad de la sociedad, así como el cinismo del gobierno central para posicionar al Censo como un proceso exclusivamente técnico con el discurso que no hay que “politizarlo”, cuando el mismo INE y toda la administración pública del gobierno esta politizada, donde los funcionarios públicos tienen que ser militantes del partido del gobierno y, tienen que aceptar dar una contribución “voluntaria” para el partido, así como ser acarreados a movilizaciones organizadas por el MAS.

La impostura se hizo aún más grande cuando se estableció la conformación de una “comisión técnica” con la participación de múltiples autoridades políticas del ámbito nacional y subnacional, para que determinen la fecha del empadronamiento censal.

A través de un decreto supremo, el Gobierno estableció la fecha de empadronamiento censal el 23 de marzo de 2024 y la entrega de resultados para septiembre del mismo año para su aplicación en la redistribución de recursos políticos y económicos. Por la desconfianza totalmente justificada en un gobierno de imposturas, improvisaciones y poco técnico, uno de los mandatos del último impresionante cabildo multitudinario fue que el Poder Legislativo apruebe una ley que garantice la aplicación de los resultados del Censo en la redistribución de recursos políticos y económicos para el año 2025.

En todo este proceso se puede apreciar con total nitidez el compromiso y sacrificio extraordinarios de las personas y comunidades cruceñas para acatar un paro cívico por un mes, así como los multitudinarios cabildos, que son el reflejo de un poder político descentralizado de la población con capacidad continua de enfrentarse al poder del Gobierno central.

Lamentablemente, también se puede observar un gobierno central incapaz de leer esta realidad del poder descentralizado en el ámbito local y, trasnochado con la idea de un poder hegemónico absoluto en el nivel central, que dispuso un extraordinario uso de recursos de la Policía que apoyó a las organizaciones sociales afines al MAS en el uso ilegal de la violencia contra las persona a favor del paro, acarreo a funcionarios públicos para un cabildo organizado por el MAS, prohibición de la exportación de ciertos productos y limitación a la distribución de combustibles, entre otros, con la intención de subalternar a este movimiento político cruceño y perjudicar las condiciones de supervivencia de las personas en Santa Cruz.

Las características de los procesos políticos en la política pública redistributiva del Censo en lo que se refiere a la estructura de poder político y económico en las regiones, no responde al retórico discurso del enfoque marxista que supone que las decisiones públicas provienen de una relación directa entre un estatus socioeconómico (élites) y el poder, más bien se relaciona con un enfoque pluralista del poder que está altamente descentralizado, con un sistema con muchos centros que viven en constante y mutua relación de conflicto y negociación.

La estrategia política del Gobierno de Arce en la política pública redistributiva del Censo pone en evidencia su lectura e interpretación errónea de la realidad política pluralista de las regiones del país. Esta lamentable experiencia demuestra que la posición ideológica, visión monológica del poder y estrategias políticas del MAS atentan contra el diálogo intercultural para una convivencia armónica entre bolivianos, dañando los principios democráticos constitucionales con repercusiones negativas en las políticas públicas macroeconómicas y sectoriales que permitan solucionar los principales problemas que limitan nuestras condiciones de vida.