Apesar del abundante marco normativo que promueve la participación paritaria de las mujeres, y que ha permitido que alcancemos porcentajes de presencia en espacios de decisión antes no imaginados en nuestro país, persisten comportamientos como el acoso y la violencia política, que operan como mecanismo de sanción a la transgresión de las mujeres de ocupar lugares reservados para los hombres en el ámbito de la política.

Uno de los logros de las mujeres bolivianas es haber incluido el criterio de la alternancia como principio que garantiza su participación igualitaria en las listas de candidaturas, ofreciendo posibilidades reales de ser electas en los procesos electorales, sin embargo, una interpretación equivocada de la “alternancia” se está convirtiendo en un obstáculo para asegurar la presencia de ellas en los espacios de poder.

Si algo hay que reconocer es la capacidad del patriarcado para encontrar resquicios para perforar y debilitar los avances logrados. Y precisamente uno de ellos es la llamada “gestión compartida”, una distorsión de la alternancia, que es la firma de acuerdos entre candidatas titulares y sus candidatos suplentes. La alternancia en la normativa hace referencia a las listas de candidaturas, pero no a la gestión.

El 7 de julio pasado, el ampliado del MAS -IPSP resolvió que los/as concejales que tuvieran acuerdos de alternancia de gestión deberían cumplirlos, sin considerar que este mandato vulnera la ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política, la Ley de Régimen Electoral y fundamentalmente los derechos de las mujeres que han sido electas por una gestión de cinco años. Adicionalmente, se vulneran los derechos de la ciudadanía que confió su voto a candidatos/as, y que no informaron que solo cumplirían media gestión para habilitar a suplentes, además del perjuicio que implica para la gestión volver a formar a nuevas autoridades, en un corto período. La gestión compartida, así concebida, es una forma de acoso y violencia política.

Los datos del Tribunal Supremo Electoral indican que son las mujeres quienes están presentando sus renuncias y no los hombres, clara muestra del desequilibrio de poder en que se encuentran las mujeres que han asumido cargos de poder. La lucha contra el acoso y violencia política implica compromiso y voluntad política para avanzar hacia sociedades más igualitarias.