Desde el punto de vista de la historia larga de Bolivia, el conflicto nacional por el censo representa la cabeza de un iceberg. Como tal, condensa tanto las contradicciones coyunturales (referidas al período 2019 – 2022), como las contradicciones ancestrales, de la sociedad boliviana. En lo principal, estas últimas se refieren a la incapacidad mostrada por los diferentes grupos sociales para crear un sentimiento nacional que identifique a todos, y en consecuencia, posibilite la construcción de un Estado nacional. Tras esa imposibilidad se esconde el irresuelto problema respecto a la hegemonía; o sea el problema de un proyecto nacional que logre consenso entre todos. Como se verá, el conflicto ha actualizado ese ancestral problema gracias a y por medio de la coyuntura crítica que supone la protesta ciudadana.

Tal es así que con el conflicto nacional por el censo, el modelo del Estado plurinacional ha entrado en crisis y comienza a experimentar el inicio de su proceso de desmoronamiento. Siendo que en este hecho (la crisis estatal y el conflicto nacional) la historia larga se expresa por medio de la historia corta, circunscribiremos, en las siguientes líneas, el tema al conflicto del censo, recordando que el cuerpo del iceberg está conformado por la historia larga. Por tanto, nuestra exposición se concentrará en las variables (permítasenos esta terminología) “conflicto por el censo” y “Estado plurinacional”.

Partamos de la idea de que en gran medida el conflicto ha sido motivado por el pretendido fraude electoral para el 2025, que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) planificaba garantizarse, con un censo manipulado. La finalidad de tal propósito estaba en las ansías de recuperar, a su vez, al truncado (en octubre del 2019) proyecto político estatal. En las pequeñas ideas de los “estrategas” del MAS la manipulación del censo y el fraude electoral constituían, para estos tiempos, el “proyecto” del partido.

En consecuencia, el abordaje a la demanda ciudadana de contar con un censo fiable y no manipulado, fue direccionado para no atender el pedido. Esa decisión justificaba la dilación en la atención a la protesta ciudadana, los burlotes escenificando supuestas mesas de diálogo y la represión a la ciudadanía democrática. En el MAS se pensó estas acciones como argumentos sólidos, con los que debía mantenerse en pie el “proyecto”. Toda la estratagema, claro, escudada de manera cobarde, tras complacientes organismos internacionales.

El mejor argumento del gobierno de Luis Arce Catacora estuvo confiado a la represión. Ya al inicio del paro cívico indefinido en Santa Cruz dijimos que, dada la extensión de la demanda (nacional y no sólo departamental) y la consistencia democrática de los argumentos de la protesta, ésta desbordaría la capacidad de contención de la represión. Así sucedió, efectivamente; pero conviene detenerse en este punto.

En Santa Cruz, los grupos de choque del MAS, trasladados principalmente desde La Paz y el Chapare, aún contando con el militante apoyo de la policía “boliviana” y la participación de extranjeros vestidos con uniformes policiales -según denuncias, del todo creíbles, de la población cruceña-, fueron inútiles para doblegar a la ciudadanía. Sin embargo, en otros departamentos, los grupos vandálicos del MAS, junto a la policía, tuvieron éxito en su propósito. Así sucedió en La Paz, Cochabamba, Oruro; mientras que en departamentos como Tarija o Beni, la protesta ciudadana comenzaba, poco a poco, a rebasar la represión.

Es también cierto que la actitud pusilánime de los alcaldes de La Paz y Cochabamba y el descabezamiento de sus organizaciones cívicos, contribuyó en gran medida a que los propósitos masistas salieran a flote. El vergonzoso comportamiento de Iván Arias (La Paz) y Manfred Reyes Villa (Cochabamba) les puso en el papel de verdaderos quintacolumnistas del gobierno, dentro del movimiento ciudadano democrático. De hecho, ambos, junto al alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, fueron los mejores aliados del gobierno, para ayudarle a sortear la protesta democrática. Arias y Reyes Villa seguramente pensaban congraciarse con el MAS, bajo la esperanza que éste, a la hora de continuar los juicios que se les sigue, recordara tan esmerado servicio. En Fernández la razón del apoyo al gobierno parece encontrarse en la peregrina aspiración de respaldo político, en la ciudad de Santa Cruz.

Sin embargo, uno de los efectos no previstos que ha generado el conflicto, es que los tres alcaldes aliados del masismo, han perdido legitimidad ante la sociedad de sus respectivas ciudades. La objetiva traición a la demanda ciudadana, de cada uno de ellos, seguramente generará consecuencias políticas en cada uno de estos tres gobiernos municipales; lo cual es algo que al gobierno del MAS le tiene sin cuidado. Al fin y al cabo sólo se trata de peones, en el tablero de ajedrez, en el que el gobierno juega su partida totalitaria.

Como adelantáramos líneas arriba, el impacto mayor provocado por el conflicto se refiere al Estado plurinacional, en términos de su deslegitimación social y legal. Esa pérdida de legitimidad ahonda la crisis de las instituciones estatales a extremos. Es que la administración masista del Estado ha despojado a éste de todo discurso legitimador. Con la narrativa del supuesto golpe de estado (“al igual que el 2019”, según Luis Arce) puesta al descubierto como mentira, sin mediaciones institucionales y en medio de un gobierno en el que ninguno de sus integrantes goza de la más mínima credibilidad entre la población, el Estado plurinacional no tiene discurso alguno que lo sostenga hacia el futuro.

A ello debe añadirse la crisis de instituciones tales como el poder judicial, la fiscalía, la policía, por efecto de la sujeción al gobernante partido del MAS. El impacto que sobre estas instituciones produjo el conflicto ha servido para incrementar el divorcio entre Estado y sociedad. De esta manera, lo que tenemos es que el Estado plurinacional no cuenta con la legitimación ni social y legal.

En lo social la división nacional se ha ahondado en todos los sentidos: político, regional, social. Bajo el cuadro de división semejante, ningún Estado puede generar legitimación social. Pero a la vez, tampoco puede hablarse de legitimidad legal, cuando las instituciones son instrumentalizadas, en función del interés particular del MAS, contraviniendo todos los preceptos constitucionales.

Lo que para la historia corta deja el conflicto del censo es, pues, el comienzo del desmoronamiento del modelo plurinacional de Estado (lo que no quiere decir, claro está, que se desmoronen también los derechos de la ciudadanía plurinacional). Con ello también se derrumba el proyecto de Estado totalitario delincuencial, inherente al modelo durante algo más de década y media. Puede decirse, por otra parte, en lo inmediato, que Santa Cruz ha posicionado en el debate nacional la temática del federalismo. Más allá de los apoyos o rechazos a la discusión en torno al federalismo, resulta novedoso que el tema -considerado hasta hace poco separatista- adelante formar parte del debate político nacional próximo.

El conflicto ha actualizado viejos problemas no resueltos por la sociedad boliviana. Entre ellos, uno de los más importantes se refiere a la nacionalización de esta sociedad, es decir a la creación de una identidad y sentimiento nacional. A este problema le es concomitante la también irresuelta disputa hegemónica. Lo que la historia de esta eterna disputa boliviana parece sugerirnos ahora, es la necesidad de un cambio en el enfoque sobre el problema. La historia parece invitarnos a considerar la posibilidad de pasar de pensar en la hegemonía de una parte sobre la diversidad social, en pensar en la hegemonía de la diversidad. Un cambio de enfoque que ya a inicios de la década de 1990 había formulado Luis H. Antezana, en su estudio sobre La diversidad social en el pensamiento de Zavaleta Mercado.

Omar "Qamasa" Guzmán es sociólogo y escritor