“Advertimos que aunque no se defina la distribución de escaños en la “ley del censo” coordinada desde el Ejecutivo con la presidencia de Diputados a espaldas de la Asamblea, la pérdida de curules para uno o más departamentos, será atribuida a diputados que aprueben esa imposición”, señaló Morales a través de su cuenta de Twitter.

Para Morales, el ala de renovadores del MAS, a quienes calificó como traidores, impulsa una norma del censo que va contra la palabra el decreto del presidente Luis Arce.

El MAS presentó un proyecto de ley que es analizada en la Comisión de Constitución de Diputados, con la que ratifica los dispuesto en el Decreto Supremo (DS) 4824 que fija el censo para marzo de 2024 más la distribución de recursos con los resultados preliminares; con la ley se busca garantizar también la distribución de escaños.

La oposición también presento sus proyectos que proponen censo en 2023 y la redistribución de recursos y escaños para las elecciones de 2025. Ambas partes aguardan un consenso para que se garantice el censo, así como la distribución económica y electoral para 2025.

Morales considera que, de aprobarse la ley del censo en el Legislativo, será producto del pacto entre los renovadores del MAS y la derecha.

Acotó que esa posible aprobación reflejará un sometimiento a la derecha, además generará conflictos entre las regiones e inestabilidad política en el país.

“No solo se someterán al capricho de la derecha y traidores mal llamados “renovadores”, causarán confrontación entre departamentos hermanos e inestabilidad política que empeorará los efectos en la economía que ya está dañada por el paro del Comité pro Santa Cruz”, indicó.

La Comisión de Constitución continua en fase de análisis de los proyectos de ley del censo presentados ante esa instancia. Una vez concluya esa etapa, deberá emitir un informe a la Cámara de Diputados, para que esa instancia ponga a consideración la aprobación de una ley del censo.

Parlamentarios del ala evista en el MAS ya anunciaron que no aprobarán esa norma.

Por su parte, los cívicos cruceños llevan 32 días de paro indefinido, exigiendo que se apruebe una ley que garantice el censo y la