Desacuerdos sobre la fecha y la redistribución de recursos económicos y escaños parlamentarios a las regiones frenaron el tratamiento de la ley del censo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que entró en cuarto intermedio hasta las 11:00 de este martes, informó el presidente de esta instancia, Juan José Jáuregui (MAS).

El tema de la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda es uno de los tres puntos que tropieza con más dificultades, debido a que el MAS, en su proyecto de ley, lo ratifica para 2024, mientras que los otros dos proyectos de las alianzas de oposición Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos lo proyectan para 2023.

El Presidente de la Comisión de Constitución señaló que también hay observaciones sobre los mecanismos que se quieren establecer para la redistribución presupuestaria por coparticipación a las regiones y la reasignación de escaños parlamentarios y que éstas deben ser debatidas en la comisión.

Jáuregui indicó que se solicitó mayor respaldo técnico a las alianzas de oposición para que sustenten la realización del empadronamiento censal para el próximo año, ya que el decreto supremo que lo establece para el 23 de marzo de 2024 tiene base en el trabajo de la comisión técnica que trabajó en Trinidad.

Mientras la comisión no eleva un informe al pleno de la Cámara de Diputados para el tratamiento del proyecto de la ley del censo, la sesión, suspendida ayer lunes por la tarde, aún no tiene fecha ni hora de realización.

Mientras tanto, asambleístas de oposición y representantes cruceños advierten que hay una actitud “dilatoria” de parte de los asambleístas del MAS respecto a la aprobación de una ley del censo para dar fin al conflicto que se tiene especialmente con Santa Cruz.

Este martes, el departamento de Santa Cruz cumple 31 días de paro indefinido, para exigir que el censo se realice en 2023.

Mientras tanto, hay un compromiso de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral para que los resultados del censo estén disponibles en septiembre de 2024 y sirvan para la redistribución de recursos económicos y escaños a los departamentos.

Parlamentarios de oposición y dirigentes cruceños exigen la aprobación de una ley que garantice el cronograma electoral.

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