El cabildo cruceño del 13 de noviembre de 2022 quedará registrado ante la historia como el que planteó “revisar la relación con el Estado boliviano”. ¿Qué significa esto en una concentración multitudinaria en la que cientos de miles de personas inician su manifestación cívica cantando el himno nacional de Bolivia? En mi opinión debería significar que el pueblo cruceño plantea al país un nuevo horizonte para la construcción del Estado boliviano en este siglo XXI, la solución federalista como opción para integrar la nación en su diversidad y pluralidad, para institucionalizar al Estado, en todos sus órganos y niveles, y promover que cada uno de los nueve departamentos pueda labrar su propio modelo de desarrollo e institucionalidad estatal.

Obviamente, como todo horizonte, habrá que estar conscientes que es un fin que tendrá su proceso de varios años para lograrlo y que en el camino deberá ir avanzando mediante la implementación de las autonomías establecidas en la Constitución del 2009, las cuales aún son muy limitadas, aunque se podría avanzar mucho mediante leyes que las desarrollen, particularmente con principios de federalismo fiscal que les proporcionen a los departamentos y municipios una efectiva autonomía económica.

En el camino, habrá que trabajar con el conjunto del país, para concertar los fundamentos comunes de ese Estado boliviano que, a poco de cumplir su bicentenario, aún continúa siendo un Estado precario, sin instituciones ni Estado de derecho, con lo cual las bases de su democracia son endebles y no constituyen garantías efectivas para las libertades y los derechos ciudadanos.

Obviamente, habrá que separar el concepto de la relación con la nación boliviana, de la cual Santa Cruz se siente parte y a la cual ha reivindicado, por ejemplo, frente a los intentos de desconocerla en la actual Constitución; de la conflictiva y compleja relación de Santa Cruz con el Estado boliviano, del cual el departamento se siente más bien víctima, no solo por los periódicos abusos que ha sufrido del mismo en distintos momentos históricos, sino también por los permanentes obstáculos que le pone para su desarrollo, como por ejemplo el cerco con el cual grupos políticos dirigidos desde el partido de gobierno procuraron asfixiar a la región, así como la prohibición de exportaciones con la cual el Estado, abusando de su autoridad administrativa, procuró quebrar las bases de la economía cruceña. 

Estos problemas han sido recurrentes a lo largo de la historia republicana con lo que trascienden las diferencias ideológicas con el oficialismo actual.

De todas maneras, habrá que tener claro que el fin último de toda esta lucha debe ser la construcción de un Estado institucionalizado, plenamente democrático y sujeto al Estado de derecho, donde el poder esté limitado en su ejercicio y distribuido en distintos órganos y niveles de gobierno, municipal, departamental y nacional, a fin de que nadie pueda concentrar el poder y establecer un régimen autoritario. Para ello, tanto la autonomía como el federalismo son sistemas que favorecen un mayor ejercicio democrático, aunque si no se respetan las constituciones que los establecen, también pueden ser distorsionados y manipulados, como sucede en Venezuela, por ejemplo.

Frente a esto no se debe abandonar el proceso de profundización de las autonomías municipales y departamentales; por el contrario, en la medida que se ejerzan sus competencias y se establezca un régimen claro de financiamiento mediante la asignación de fuentes tributarias que aseguren la autonomía fiscal de los gobiernos autónomos, será mucho más fácil que los nueve departamentos tengan las condiciones de adoptar el régimen federal. 

En el camino, habría que discutir cómo viabilizar temas que han sido estigmatizados por el centralismo, como la justicia y la policía a nivel departamental, como sucede en todos los países descentralizados, autonómicos o federales, sin que por ello se afecte la unidad del Estado nacional.

Finalmente, el camino hacia el federalismo debe posibilitar que cada departamento tenga su propio proyecto y modelo de desarrollo y que los servicios públicos sean administrados por quienes viven en la misma jurisdicción, sin que las entidades públicas sean botines políticos para extorsionar a los ciudadanos que se reparten los oficialismos de turno y que se distribuyen los cargos públicos para asaltar a la gente que con su trabajo sostiene al país.