El Tribunal Supremo de Justicia ahora debe definir si aprueba o no la apertura del caso contra el exmandatario. La exautoridad recordó la “expropiación” de Guaracachi y acusó al Presidente.

 | LA PAZ/AGENCIAS Twitter: @DiarioOpinion |  25 jul 2018

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recomendó la apertura de un juicio de responsabilidades en contra del expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax y remitió el expediente a la Sala Plena, que sesionará hoy.

La Sala Plena es la instancia que debe aprobar o rechazar el proceso y enviar la solicitud de juicio a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde el caso debe ser aprobado por dos tercios de los votos. Con esa autorización se daría inicio al proceso por el caso Quiborax.

La Sala Penal, que fue la encargada de revisar la proposición acusatoria contra Mesa, planteada por el Procurador General, llegó a esa decisión el lunes y este miércoles la Sala Plena se reunirá para tratar la propuesta de Juicio de Responsabilidades, confirmó el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, según ERBOL.

JUICIO A EVO Tras conocer la noticia, el expresidente Carlos Mesa pidió al procurador Pablo Menacho, mediante una carta, que inicie una demanda en contra del presidente Evo Morales por el caso de la empresa eléctrica Guaracachi-Rurelec.

"El 24 de julio de 2018 le he entregado una carta al Procurador diciéndole que debe acusar al presidente Evo Morales por la expropiación de Guaracachi-Rurelec, en estricto cumplimiento del artículo 14, I de la CPE, que establece igualdad de trato para todos los ciudadanos. De lo contrario debe retirar la acusación en mi contra", emplaza Mesa al Procurador, según ANF.

Según el exmandatario, el Laudo, contrario también a Bolivia, en el caso Guaracachi desarrolló exactamente los mismos argumentos que usó el CIADI para Quiborax.

El también vocero de la demanda marítima argumenta que la Procuraduría ha violado el artículo 14, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, que sancionada "toda forma de discriminación", porque "en un caso de igual naturaleza ha procedido de manera radicalmente diferente", sostiene.

Asimismo, señala que este acto discriminatorio es la prueba de la “persecución política” en su contra desatado por la Procuraduría, el Ministerio de Justicia y el Gobierno bajo el disfraz de una búsqueda de reparación de los daños contra el Estado a través de un "espurio proceso" que -dice- cuenta con la complicidad del Fiscal General del Estado.

Sin embargo, Mesa reafirma que si el Procurador “opta por la presentación de la Proposición Acusatoria en el Caso Guaracachi, con relación al caso Quiborax mantengo el total apego a la Ley y a Derecho de mi DS 27589 y la Resolución de la Superintendencia de Minas de 24 de octubre de 2004, razón por la que el Daño económico al Estado es de exclusiva responsabilidad de la actual gestión de Gobierno, por las desastrosas negociaciones y pésima defensa de Bolivia en este proceso arbitral”, dice.

Indemnización

Bolivia pagó 42.6 millones de dólares a la compañía chilena Quiborax, a diferencia del caso Guaracachi, en el que rechazó el laudo arbitral en contra y no efectuó ningún resarcimiento.