Hacía tanto que no se hacía política parlamentaria en Bolivia que decir que los diputados y senadores están oxidados sería mentir: la mayoría de ellos ni siquiera soñó que estas cosas pudieran pasar, que tendrían en sus manos la posibilidad de decidir algo que realmente tiene la atención del país.

La suspensión de la sesión de ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional retrata muy bien el momento en el que vivimos. Las bancadas habían comprometido asistir a la ya famosa sesión para aprobar “una ley sobre el censo” y la Directiva se había comprometido a ponerla en agenda, pero a la hora de la verdad, la negociación se seguía llevando por fuera y no hubo más remedio que suspender, porque efectivamente, las leyes no se discuten en la plenaria y ni siquiera en las comisiones, sino en otros cuartos a veces mucho más oscuros.

Por primera vez en años la aritmética parlamentaria cuenta: una abstención o la simple ausencia de los diputados leales a Evo Morales podría dar mayoría a la oposición

Aún así, la negociación en Comisión es importante y las posturas son por demás divergentes. La parte leal a Luis Arce en la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) está dispuesta a negociar todo, particularmente los plazos de entrega de resultados que ya ha comprometido, con ley o sin ley, para septiembre de 2024, y en forma bastante, cuando sea, para que el Tribunal Supremo Electoral pueda aplicarlos en el reparto de curules, algo para lo que había pedido ni más ni menos que un año de anticipación…

En la oposición el objetivo de la negociación se pierde por momentos. En Comunidad Ciudadana tienen claro que quieren protagonismo, pero son más pragmáticos, de ahí que se haya planteado llevar a votación del pleno un artículo abierto sobre la fecha definitiva del censo, sea octubre de 2023 como planten los opositores; sea marzo de 2024 como planteó el decreto de Luis Arce.

En ese punto, el partido cruceño Creemos ejerce de oposición dura y se cierra en el 2023 porque al fin y al cabo es lo que ha tenido a su gente en la calle por 30 días, en cualquier caso, esa posición férrea es descartable en tanto la democracia contempla las mayorías.

Del resto de puntos referidos a la ejecución del censo y la entrega de resultados para su aplicación hay prácticamente unanimidad, al menos declarada. En la negociación no se ha entrado en otros asuntos polémicos como el contenido de las preguntas y su “mestizo”, que podía haber hecho implosionar cualquier avance, por ejemplo.

Así, el problema no radica en el censo, sino en la posibilidad de propinarle un nuevo revés al presidente Luis Arce y volver a dejar la credibilidad de su gobierno en figurillas, precisamente lo que “parece” desear la parte de la bancada leal al jefe del partido, el expresidente Evo Morales, que cada día manda sus tuits envenenados señalando que la Ley es innecesaria y que minaría la autoridad del presidente Luis Arce, que ya puso la fecha.

Por primera vez en años la aritmética parlamentaria cuenta: una abstención o la simple ausencia de los diputados leales a Evo Morales podría dar mayoría a la oposición y, finalmente, darle el pretendido sacudón a Luis Arce y su equipo, todavía cándido en estas luchas de poder.

La cuestión pasa entonces por si es tolerable que un asunto importante como es el censo sea utilizado para un ajuste de cuentas que poco le aporta al país. Ojalá reine la madurez y Bolivia supere este impase sin salir demasiado lastimada.