Las pugnas internas que se intensifican en filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), con dos facciones claramente identificadas, están empezando a cobrar factura en las actividades administrativas y legislativas del país.

Por ejemplo, en lo que se refiere al tratamiento de una ley por el censo, ya se vieron las desavenencias internas que están  impidiendo que este proceso se realice con la celeridad que el caso amerita.

Hay varios proyectos de ley para el Censo Nacional de Población y Vivienda, pero no existe un acuerdo para que su tratamiento sea con el rótulo de urgente, no obstante que el país no puede darse el lujo de seguir perdiendo millones de dólares a consecuencia de un paro indefinido de un mes.

Las peleas intestinas en el MAS, por acaparar más poder y con miras incluso a las elecciones de 2025, está socavando los cimientos de este partido político, pero también distrae a las autoridades que deberían estar concentradas al 100 por ciento en sus tareas.

Los desacuerdos en este partido han llegado al extremo de lanzar graves acusaciones de los denominados “evistas” contra los “renovadores” y viceversa.

Los “evistas” y quienes se mantienen leales al presidente Luis Arce parece que han olvidado que como partido gobernante tienen la obligación de cumplir primero con el país, trabajar en las tareas que les compete y resolver sus pugnas de poder en el ámbito interno, lavar la ropa sucia en casa.

La población espera que de una vez se aprueben la ley en el Legislativo y que se lo haga con la seriedad que corresponde, porque de esa norma depende que el país vuelva a la normalidad.

Si no se resuelve esta ley con la premura que se requiere, el cronograma del censo que ya es ajustado en este momento podría sufrir retraso, lo que implicaría que no se pueda redistribuir los escaños a tiempo ni cumplir con la reasignación de recursos económicos.

Si el MAS utiliza banderas azules o rojas en los actos en los que asiste el presidente es problema de este partido político porque, se supone, además, que no se trata de una actividad partidaria, sino de un acto oficial del gobierno. 

Es más, cualquier acto gubernamental debería estar exenta de actividad política partidaria, porque, al fin y al cabo, estas actividades se realizan con dinero del erario público y no así con recursos de una organización política.

El país requiere el trabajo y la contribución de todos los sectores, por lo que estas pugnas de poder están por demás y no interesan al ciudadano de pie que está cansado de estar en medio de un fuego cruzado.