El pleno de la Asamblea Departamental se centró ayer en un intenso debate sobre la alternancia política y el acoso que recibió la representante de la provincia Tapacarí, María Francisco (MAS), la pasada semana cuando fue presionada para renunciar por sectores sociales para que su suplente sea habilitado.

La asambleísta Lizeth Beramendi (Único) censuró la actuación que tuvo el presidente del legislativo, René Rocabado, al permitir la anterior semana que la asambleísta fuese retenida en esas instalaciones y por no llamar a la Policía para reportar que estaba tomada de rehén.

Añadió que la alternancia no está reconocida en las leyes ni en la Constitución Política, por lo que es “ilegal” y “una estafa”, porque no se dice al votante que sólo se estará mitad de la gestión y luego asumirá el suplente.

Rocabado rechazó las acusaciones de Beramendi y dijo que no intervino en el conflicto entre la asambleísta María Francisco, su suplente y las organizaciones sociales de Tapacarí. “Ésta es la casa del pueblo y puedo recibir a quien me lo pida”, dijo.

La asambleísta María Francisco continúa en sus funciones, pero ayer prefirió no intervenir en el pleno cuando se trataba la alternancia.

Beramendi recordó que las organizaciones sociales no están fuera del alcance de las normas.

EVALÚAN HACER UNA DENUNCIA

La bancada de oposición pidió denunciar ante la justicia ordinaria la retención de la asambleísta María Francisco.

Entretanto, el asambleísta Mario Orellana solicitó que la legisladora dé su versión de los hechos y realice la denuncia ante las instancias que correspondan.