Con el país entrampado en el embrollo del Censo, muchos temas han pasado a un segundo plano y algunos requieren atención prioritaria. Entre ellos destaca el de la reforma judicial, que, según anuncios del Gobierno, debió comenzar en marzo de este año.

Por una parte, el Órgano Ejecutivo no movió más un dedo en ese sentido, luego de que durante varios meses hubo reuniones en Sucre entre el ministro de Justicia, Iván Lima, y las máximas autoridades judiciales; y, por otra, el Judicial ahondó su crisis con un nuevo escándalo en el Consejo de la Magistratura. Pese a todo, si revisamos lo que se publicó en los medios de comunicación a lo largo de este 2022, encontraremos que fue precisamente el Consejo de la Magistratura el que registró los mayores avances hacia el ansiado cambio, por lo menos hasta el momento en que estalló el escándalo del ahora expresidente Marvin Molina.

Pasó entre crisis y crisis. La penúltima fue la destitución de los hasta entonces consejeros Gonzalo Alcón y Dolka Gómez, acusados de corrupción y nepotismo y, por lo menos en el caso del primero, se confirmó la figura de la incompatibilidad en razón de parentesco. Ninguno quiso dejar el cargo; al final, su salida fue con ruido mediático. Quienes los reemplazaron fueron los abogados que obtuvieron la mayor votación detrás de los destituidos: Molina y Mirtha Meneses, en ese orden.

Molina llegaba al Consejo de la Magistratura precedido de una fama de abogado crítico con el manejo del Órgano Judicial. En enero de este año fue elegido presidente y comenzó una gestión notoriamente activa. Encaró los problemas personalmente, viajando a donde estos surgían, y anunció que la reforma de la justicia boliviana arrancaría con una nueva ley de Derechos Reales y con cambios en la Ley 025 del Órgano Judicial, puesto que ambos eran urgentes.

Pero su impulso se acabó cuando estalló el escándalo de los audios en los que se le escucha coordinar nombramientos de jueces con un diputado y dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS. La conclusión de esas grabaciones es que Molina terminó haciendo lo que criticaba: partidizar el Órgano Judicial. Aunque de inicio dijo que el audio había sido montado, el todavía Consejero no ha logrado desmentirlo suficientemente, y ni siquiera lo ha intentado puesto que acabó renunciando… a la presidencia.

De entonces hasta ahora no se sabe qué pasó con las acciones que Molina había iniciado en pos de una nueva ley de Derechos Reales ni con la reforma a la Ley 025. Desde luego, se sabe menos todavía del verdadero cambio que necesita la justicia: modificar la Constitución Política del Estado (CPE) para que las autoridades del Órgano Judicial dejen de ser elegidas por voto popular porque eso fue, precisamente, lo que partidizó a ese poder del Estado.

Meneses, que fue elegida presidenta tras la renuncia de Molina, ha caracterizado a su todavía corta gestión por un alejamiento total de los medios. Ha llevado su ostracismo a tal punto que les huye a los periodistas. No concede entrevistas ni tampoco convoca a conferencias de prensa. No se sabe por qué, pero lo que sí se sabe es que se escuda detrás de su personal subalterno.

Es curioso que, abogada como es, Meneses no se percate de que su resistencia a informar directamente atenta contra el artículo 106 de la Constitución Política del Estado y toda la normativa de acceso a la información. Es más, incluso una sentencia constitucional ha dejado en claro que los servidores públicos están obligados a proporcionar información y, los consejeros de la Magistratura lo son. Mientras tanto, las dudas sobre la reforma judicial crecen en proporción geométrica. No se advierte un interés genuino en promover un cambio o la mentada reforma del Órgano Judicial. Al menos, entre las autoridades de los dos poderes mencionados.