Las medidas de presión de Santa Cruz, en protesta por la postergación del censo, han sido graduales; en primer lugar, huelgas de 24 y 48 horas, para finalmente, en el cabildo del 30 de septiembre, establecer un ultimátum hasta el 22 de octubre, con el fin de anular la decisión gubernamental de realizar el empadronamiento en 2024; al no recibir ninguna respuesta a su demanda, la capital económica del país resolvió ingresar en un paro indefinido que dura ya un mes. En el interín, el Ejecutivo ha confirmado la fecha: 23 de marzo de 2024.

A lo largo de un mes, las posiciones se han radicalizado, de tal modo que el Gobierno no cede en la fecha, pero Santa Cruz tampoco da señales de abandonar su medida de presión. Por el contrario, en medio de la protesta, la pujante región oriental ha avanzado más en su histórica demanda de autodeterminación al expresar, en el último y multitudinario cabildo, que una comisión de constitucionalistas y notables se encargará de proponer, en el marco democrático y legal, una nueva vía para la relación política entre esa región y el Estado. Inmediatamente se ha ligado esta demanda al federalismo, que en otras etapas de su historia Santa Cruz ha enarbolado como estandarte en su larga lucha contra el centralismo, que deriva, como han señalado los intelectuales de esa región, del modelo unitario de Estado.

En estos 30 días, los ánimos de los bloqueadores se han exacerbado en la medida en que se perdía la confianza en el Gobierno, que dio señales contradictorias entre lo que afirmaba y lo que hacía: en la postergación del censo sin una sólida argumentación, en la intención de imponer que el censo se realice en 2024 y sobre todo en la decisión de aplicar la coerción para resolver el conflicto.

Este mes, hemos visto cómo el Gobierno renunció a convencer y optó por forzar, para lo cual empleó la coerción estatal, pero también a sus grupos de choque que apelan a un uso ilegal e ilegítimo de la fuerza, sin que por ello sean sancionados; la Policía cometió excesos en la represión, como lo demuestra la gasificación de una bebé en el Plan Tres Mil o el intento de “sembrar” una bomba Molotov a un aprehendido; a esto se debe agregar la orden de cercar la ciudad para que no pasen alimentos; el veto a las exportaciones cruceñas y el uso de la justicia y fiscalía serviles al poder para perseguir a sus líderes, entre otras desatinadas medidas que causaron el efecto contrario de reforzar la resistencia de los cruceños.

Hoy, el conflicto se ha trasladado al ámbito legislativo. No  obstante, el problema central no ha cambiado: Santa Cruz exige que una ley determine que el empadronamiento se llevará a cabo en 2023, pero el oficialismo, que hoy está escindido en “evistas” y “arcistas”, sostiene que la fecha ya está definida: 23 de marzo de 2024.

La promulgación de la ley del censo es un requisito para el cese del paro cruceño. El Legislativo debería dar prioridad a esta norma, pero por las señales que se han emitido hasta ahora el oficialismo tiene la intención de dilatar su tratamiento, de modo que la protesta durará lamentablemente más de lo previsto.