El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, denunció este viernes que personas radicales quieren convertir el Censo de Población y Vivienda en “una bandera de guerra” y de confrontación para llevar al enfrentamiento a los bolivianos.

“Hoy estos radicales tiran la piedra para volver el Censo en la bandera de la discordia, en la bandera de la guerra, en la bandera de la confrontación. A ellos no les interesa Bolivia, pero por suerte no son muchos”, afirmó el vicepresidente durante el acto por la conmemoración de los CXIII años de la fundación de la provincia Ingavi, en el municipio de Tiwanaku del departamento de La Paz.

Sin identificarlos, Choquehuanca señaló que esos “radicales quieren llevarnos al enfrentamiento” entre bolivianos pues buscan “instalar la confrontación y el divisionismo, y atacar a nuestro presidente (Luis Arce Catacora) elegido por nosotros, por el pueblo”.

“Todos los que atacan a nuestro presidente están atacando a nuestro pueblo porque es nuestro pueblo quien ha decidido recuperar la democracia, el pueblo ha decidido quién va a conducir la nave del Estado”, afirmó.

Desde el 22 de octubre, en Santa Cruz se impone un paro indefinido por los integrantes del Comité Interinstitucional, instancia integrada por el Comité Pro Santa Cruz, dirigido por Rómulo Calvo, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con el rector Vicente Cuellar, y el gobernador Luis Fernando Camacho.

Si bien en un inicio la medida demandaba al Gobierno que realice el Censo de Población y Vivienda el año 2023, la exigencia cambió el 13 de noviembre a pedir una “ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes de las elecciones de 2025”.

La postura del Comité, avalada en el cabildo del 13 de noviembre, se interpretó como una aceptación del Decreto Supremo 4824, que fija para el 23 de marzo la realización del Censo de Población y Vivienda, pues la dirigencia del Comité no volvió a exigir la ejecución de esa tarea para el año 2023.

De hecho, el rector de la universidad cruceña dijo que Santa Cruz no “pierde” con la propuesta de Gobierno, que además de fijar la fecha del empadronamiento nacional, establece aplicar la distribución de los ingresos por coparticipación el mes de septiembre de 2024, a partir de los resultados oficiales del Censo que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, al momento de diseñar los proyectos de ley sobre el Censo, desde las bancadas de oposición, tanto de Creemos y como de Comunidad Ciudadana (CC), volvió a flote el pedido de que el proceso se ejecute en 2023.

Hasta el momento ya se presentaron tres incisivas que fueron remitidas a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Mientras el rector Cuellar inició gestiones para agilizar el tratamiento de la norma con el fin de que se pueda “generar certidumbre en la población” y así suspender el paro en Santa Cruz, que ya lleva 28 días, el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jaúregui, anunció que el lunes de la próxima semana iniciaría el debate sobre las distintas iniciativas.

No obstante, dejó en claro que el trabajo de la Comisión se ajustará a la normativa y no permitirá que se vulnere la Constitución Política del Estado.

Recordó que por mandato del numeral 16 del parágrafo primero del artículo 298 de la Constitución, la organización de los “censos oficiales” es una “competencia privativa” del nivel central del Estado.