Hoy se cumple un mes del paro indefinido en Santa Cruz por el Censo, cuyos impulsores están a la espera de la aprobación de una ley, en una medida que no consiguió hasta ahora que el proceso sea en 2023 y que ha generado pérdidas por $us 1.080 millones.

El 30 de septiembre, en el Cristo Redentor de la capital oriental, el Comité Interinstitucional, que tiene como representante al rector Vicente Cuéllar, y cuyo poder de decisión se apoya igual en el gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente cívico Rómulo Calvo, anunció que el paro indefinido comenzaría el 22 de octubre.

La advertencia se concretó porque el Gobierno no atendió la demanda de que el Censo se realice en 2023, y que se anule el Decreto 4760 que lo fijaba para mayo o junio de 2024. Otra exigencia era que los resultados del proceso se entreguen en 120 días y que con ellos se elabore otro padrón electoral para los comicios de 2025.

NOVIEMBRE.

Inicialmente, el empadronamiento en el país estaba fijado para noviembre de este año, pero por cuestiones técnicas se decidió postergarlo con el aval del Consejo Nacional de Autonomías, siendo Camacho la única autoridad regional que faltó a la cita, al igual que a un encuentro nacional en Beni que, a fines de octubre, coincidió en que el proceso se aplique en dos años.

Ello se tradujo en el Decreto 4824, con el cual el presidente Luis Arce fijó el Censo para el 23 de marzo de 2024 y, con base en los datos iniciales, se realice la distribución de recursos a las regiones en septiembre de ese año. Posteriormente, los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral garantizaron que la reasignación de escaños para la Cámara de Diputados se aplicará para 2025, con la aprobación de una norma.

Mientras estos pasos se fueron dando, el comité cruceño iba a contracorriente. En otro cabildo, el domingo anterior, definió un nuevo pliego, sin hablar explícitamente de 2023: recursos y escaños para antes de las elecciones de 2025, incluso una comisión que “revise la futura relación política de Santa Cruz” con el Estado”, desempolvando el discurso para avanzar hacia el federalismo.

También se apuntó a exigir a los demás departamentos que se sumen al paro y que se libere a los detenidos en medio de hechos vandálicos durante las protestas. Ahora, la demanda se ha centrado en que se apruebe una norma que viabilice el dinero para las regiones y los escaños, y se ha reflotado la idea del Censo para 2023, con miras al debate legislativo.

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La Comisión de Constitución analizará mañana tres proyectos de ley sobre el tema, aunque ha dejado en claro que se buscará un documento que respete los lineamientos del Decreto 4824, para que el pleno de las cámaras de Diputados y de Senadores lo debatan. Legisladores cruceños anunciaron unidad para garantizar la visión del Comité Interinstitucional.

SALDO.

Hoy, a un mes de la medida de presión, el saldo económico es preocupante. El Gobierno había adelantado que por día de paralización de actividades, Santa Cruz perdía $us 36 millones; por ello, pidió no ir en contra de la reactivación económica. O sea, en 30 días, las pérdidas llegan a $us 1.080 millones.

Más aún, el paro ha dejado hechos vandálicos, como la quema y el saqueo de la federación de campesinos y de la Central Obrera Departamental. Dos sentenciados por la violencia. Enfrentamientos con opositores a la medida. Cuatro fallecidos, una violación grupal, casi dos centenares de heridos. Asimismo, el asedio y saqueos en el Plan Tres Mil, con la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en la mira.