El cabildo del domingo pasado en Santa Cruz tendrá consecuencias mucho más duraderas y profundas de las que probablemente tuvieron en mente los dirigentes cívicos y políticos que lo convocaron, y que tampoco imaginaron la impresionante cantidad de gente que concurrió al evento con un talante completamente pacífico.

Resulta, entonces, incomprensible que luego se haya condicionado la suspensión del paro a una serie de condiciones de muy desigual calibre, entre las cuales se menciona la necesidad de que se promulgue una ley que contenga las fechas en que se debe contar con la información definitiva referida a la distribución de los recursos de coparticipación tributaria y de los escaños de la Cámara de Diputados.

Llama la atención, entre otras cosas, que no se haga mención a la evidente necesidad de que la distribución equitativa de la coparticipación tributaria a los municipios y universidades públicas del país no contemple el compromiso de llevar a cabo una profunda reforma tributaria, con miras a un aumento significativo del universo de contribuyentes y al incremento consiguiente de los ingresos fiscales.

Conviene señalar respecto de ese particular que, para dejar atrás el modelo extractivista de desarrollo, se requieren importantes incentivos tributarios y una modificación de la configuración de los precios relativos entre los cuales destacan el tipo de cambio, el precio de la energía, la política salarial, las tarifas de los servicios básicos y la política arancelaria respecto a ciertos productos que requieren ser protegidos para su desarrollo inicial.

Más importante todavía es el hecho de que la cuestión de las fechas de realización del empadronamiento censal y de la publicación de los resultados correspondientes, demandando que dichos resultados estén disponibles antes de fines de 2024, se haya trasladado, sin previa preparación, al debate sobre el cambio del Estado con autonomías establecido en la Constitución Política del Estado hacia el establecimiento de un esquema de república federal, lo que constituye ciertamente un salto enorme, y que todo hace pensar que no hay por de pronto las mínimas condiciones políticas para iniciar un debate de esa envergadura.

Se ha dicho, en cambio, que el Censo constituye un requisito primordial para la elaboración de políticas públicas, pero no se menciona que las cifras censales únicamente proporcionan, si se las interpreta correctamente, señales respecto de las metas que se deben alcanzar, así como de las brechas sociales que es imprescindible achicar con miras a lograr mejores niveles de cohesión social. En consecuencia, constituye un requisito no menor el contar con una visión nacional completa del país que queremos construir colectivamente. Sin una visión estratégica de tales alcances, los intereses de muy corto plazo seguirán dominando la gestión de las políticas públicas en lo sectorial, en lo territorial y en la inserción del país en la economía y en la geopolítica internacionales.

A tal efecto se necesita, por supuesto, un proceso preparatorio que articule las variables en discusión y las opciones existentes en el país, de tal manera que no se improvisen ajustes coyunturales de las políticas públicas al calor de las presiones de grupos o movimientos con poder de negociación.

El cabildo ha abierto de una manera inesperada las compuertas para una discusión profunda, a condición de que las deliberaciones se lleven a cabo bajo una convocatoria horizontal consensuada de representaciones políticas capaces de proponer y promover una estrategia nacional de largo plazo, donde se inserten de manera central la democracia, el dinamismo económico, la cohesión social y la responsabilidad ambiental, con potencial de contrarrestar las fuerzas centrífugas, las pugnas regionales y los discursos de intolerancia y odio vigentes en la actualidad.