Desde hace casi dos siglos, Santa Cruz viene manifestando disconformidad por la relación que tiene con el Estado boliviano y planteando a la vez demandas que nacen desde las necesidades de la región, pero que una vez aceptadas desde el poder central han tenido impacto nacional. Lo ha hecho a través de memorandos, manifiestos y cabildos a lo largo de casi dos siglos de historia compartida con Bolivia, en los que ha logrado dejar sentadas las razones de su disconformidad. Razones que tienen que ver más con un poder central que ha cambiado de sede y de mandos, pero no de mirada y trato a Santa Cruz, que con una actitud gratuita o prejuiciosamente adversa de ésta en relación a Bolivia.

Hoy, a 461 años del primer cabildo que marcó la fundación de Santa Cruz de la Sierra como una gobernación independiente tanto de Asunción como de Lima y a 146 años del primer cabildo cruceño ya en la historia republicana de Bolivia, otro cabildo aparece como propiciador de un nuevo replanteamiento de esa relación de Santa Cruz con el poder central que absorbe la representación nacional, los recursos económicos y las decisiones que hacen a cada una de las partes que conforman Bolivia. Un nuevo cabildo que irrumpe con una fuerza extraordinaria que se mide en un par de millones de cruceños nacidos y otros llegados desde diferentes regiones del país, movidos por un ideal presente desde el inicio de esta historia y que no es otro que el de ser libres.

Un ideal que se ha consolidado como idea fuerza que está tras cada una de las demandas surgidas desde Santa Cruz a lo largo de más de cuatro siglos y medio de historia, y que le ha permitido avanzar de a poco, tal vez muy lentamente y a tropezones, hacia otro ideal ya en construcción desde 1825, como es el de la convivencia con los otros departamentos que conforman Bolivia. Uno más complicado que el otro, y en una situación también más complicada, como la que estamos viviendo ahora, marcada por una arremetida violenta desde el poder central que ha desenterrado viejas prácticas de terrorismo de Estado, con desplazamientos de sus grupos de choque, cerco al departamento y uso de las fuerzas represivas para tratar de aplacar o más bien aplastar a la rebelde Santa Cruz.

No deja de sorprender ver cómo se repite la historia, sin que parezca vislumbrarse alguna señal de cambio desde el poder central de turno. Lo sucedido en las últimas décadas así lo demuestra, sobre todo esto que está ocurriendo ahora cuando Santa Cruz protagoniza una nueva batalla contra ese nivel central absorbente y violento, en demanda de algo tan simple como lo es un Censo Nacional de Población y Vivienda. Una batalla que, tal como están las cosas, parece que será apenas la primera de una seguidilla de otras tantas a librar en los tres años que nos separan de unas nuevas elecciones generales. ¿Cuántos otros cabildos tendrán que ser convocados en ese interín, hasta frenar en seco y revertir el proceso al que apuesta el Gobierno, mismo que amenaza desembocar en un régimen totalitario?

Tal vez todo parezca más complicado, en especial la resistencia a ese proyecto de poder absoluto, porque desde el frente rebelde que encarna Santa Cruz no se vislumbra aún la consolidación de un proyecto político que termine de darle forma y fuerza a ese capital social que se ha ido acumulando de cabildo en cabildo, que se hace letra en manifiestos y memorandos, pero que no logra salir de éstos para consolidarse como verdadero poder político. ¿Qué es lo que le está faltando a Santa Cruz para dar ese paso, para concretar el salto necesario que lleve su pelea y resistencia a otro nivel? Muchos hablan de la falta de un instrumento político, llámese partido, agrupación o lo que fuere, capaz de articular el ideal con la acción. Y no es que no hubiera habido intentos en ese sentido, como bien lo demuestra el movimiento federalista de Andrés Ibáñez, el intento del Partido Regionalista o el Movimiento Demócratas, por citar algunos ejemplos según los hitos de la historia.

Tal vez sea porque no se han superado las taras ya observadas por el Partido Regionalista en su Manifiesto del 29 de noviembre de 1920. Entre otras, “la desorbitada acción de los partidos políticos que corren intolerantes y desenfrenados entronizando caudillos, cuyos caprichos autoritarios no se inspiran jamás en la justicia ni respetan derechos por sagrados que éstos sean”, “la ambición de mando y la sed de especulaciones (que) han hecho de la política una guerra sin cuartel, al mismo tiempo una industria” o porque aún “se suceden los tiranos, sin conceder derechos al adversario político, llegando su influencia nefasta hasta a nosotros para dividir la familia cruceña, para hacer juguetes a sus dirigentes y esterilizar los mejores propósitos”.

Es hora de que esa vieja historia deje de repetirse, antes de que la solución venga por el desastre. Una advertencia válida no apenas para Santa Cruz en su tarea de repensar su relación con el Estado boliviano, sino también para cada uno de los otros departamentos que contienen a Bolivia.