Una nueva encuesta publicó “Diagnosis” sobre la propuesta de reforma judicial vía referendo ciudadano. Esta vez la consulta de principios de noviembre, a 1800 personas en los nueve departamentos, versó sobre las cuatro preguntas que deberá responder el electorado ante las urnas. Los resultados, con el antecedente de que el 60% se adherirá con su firma a la propuesta, revelan, sin embargo, percepciones ciudadanas distintas. Veamos:

En la primera pregunta, sobre la selección de postulantes a magistrados a cargo de una “Comisión Independiente de Notables”, el 52% votaría por el “Sí”, pese a que la interrogante formulada por la encuestadora no expresa bien la propuesta que no habla de “notables”, término antipático para mucha gente, sino de una “Comisión Nacional de Postulaciones”. Sin embargo, la mayoría absoluta aprueba la propuesta porque identifica claramente que ése es el camino para lograr independencia de los jueces eliminando la intervención partidocrática de la Asamblea. Pero es llamativo que el 29% sea “indiferente”, lo que puede entenderse como que no conoce la propuesta o no tiene decisión sobre la misma. El voto positivo es mayor en la población adulta, 54%, y menor en los jóvenes por debajo de los 27 años, 46%, siendo mayor en la clase media, 67%, pero no a mucha distancia de los pobres, 51%. Sólo el 19% votaría en contra.

En la segunda pregunta, sobre el “Aumento del presupuesto judicial al 3%”, el resultado es casi inverso. Solo el 27% aprueba, el 39% es indiferente y el 34% está en desacuerdo. Más allá de que la encuestadora no ha resumido bien la pregunta original, ignorando el cambio del Consejo de la Magistratura, es evidente la desconfianza generalizada en el manejo de los recursos y la percepción de corrupción en la actual administración judicial. Esa desconfianza es menor en la clase media con el 48% y mayor en los estratos populares, cuyo rechazo o indiferencia superan el 70%, a lo que se agrega también un rechazo mayoritario de la gente afín a la oposición, más del 70%, frente a una aceptación moderada de gente proclive al Gobierno, 37%.

La pregunta 3 sobre la justicia indígena originaria está mal resumida por la encuestadora, que la formula como “aplicar la justicia comunitaria”, dándole preeminencia al “presupuesto” que se propone asignarle, antes que al ejercicio de sus propias normas y autoridades, que es lo principal. Tal vez por ello el desacuerdo e indiferencia suman el 70% y sólo el 30% estaría de acuerdo, siendo saliente que esos porcentajes sean similares en todos los estratos sociales, aunque la diferencia sea marcada cuando se le consulta a la población popular e indígena que aprueba en más del 40%, pero que de todos modos es indiferente en un 36% y negativa en un 21%.

La pregunta 4, sobre la Justicia de Paz, también recoge cerca del 70% de indiferencia y desacuerdo, junto a sólo el 30% de aceptación y donde, disgregado por estratos sociales, la clase media es la más proclive frente a los sectores “bajos” y pobres que no están de acuerdo en un 30%.

Los resultados anteriores nos aproximan a algunas reflexiones iniciales:

1.Es comprensible el abultado tercio que es “indiferente”, porque las preguntas, en la práctica, no han sido difundidas; fueron aprobadas por el TSE recién en septiembre de este año y es posible que su conocimiento haya llegado sólo a los sectores más atentos a la información pública.

2.Pese a ello, el “Sí” mayoritario para modificar la forma de selección de candidatos a magistrados, eliminando la intervención parlamentaria, da cuenta de la extendida y correcta comprensión popular de la causa de uno de los males principales: la manipulación partidaria de los candidatos. En un momento de mayor difusión de la propuesta será importante incidir en la composición de la “Comisión de Postulaciones”, la designación parlamentaria y el referendo ratificatorio.

3.Deberá explicarse y socializarse ampliamente que el mayor presupuesto judicial será ahora administrado honestamente; que sin ese incremento no es posible mejorar el servicio judicial; que la justicia indígena no es igual a la mal entendida “justicia comunitaria” y que la Justicia de Paz es el mecanismo para que todos tengan acceso gratuito a la resolución de los conflictos, abandonando la pleitomanía.

4.Si bien no estamos aún en el momento del referendo, es evidente que la difusión y el debate ciudadano tienen que extenderse para alcanzar la adhesión y las firmas necesarias, poniendo el énfasis en que los males visibles de nuestra justicia, como la corrupción, la impunidad, la retardación y el hacinamiento carcelario, no son las causas sino el efecto de los males profundos de falta de independencia, del presupuesto miserable y de la carencia de acceso a una justicia para todos.