Mientras los legisladores del MAS ponen trabas burocráticas al tratamiento de la ley del censo, el paro indefinido de Santa Cruz sigue, con los perjuicios generales consiguientes, y pone al descubierto que uno de los problemas centrales del conflicto, y que no permite solucionarlo, es la crisis de confianza.

La confianza se fundamenta en creer en el otro. Es depositar en el otro inclusive la hacienda o cualquier cosa, sin mayor aval que la buena fe y la opinión que se tiene de él, como expresa la RAE. Es creer de buena fe en las futuras acciones del otro y también, fundamentalmente, en su palabra, que debe ser corroborada por los hechos.

Eso es precisamente lo que se ha roto en la relación del Gobierno con Santa Cruz: la confianza. Y no espontáneamente, sino por actos y hechos concretos del Ejecutivo, que tenía la obligación de preservar esa confianza, porque por algo goza de una posición privilegiada; nadie los puso ahí para que defrauden la confianza ciudadana, sino para que la fortalezcan al convertir en hechos lo que prometen o dicen.

El derrotero de esta pérdida de confianza comenzó con la postergación, sin argumentos convincentes, del censo del 16 de noviembre de este año, cuando el presidente Arce y los funcionarios responsables de esta tarea aseguraban, apenas semanas antes, que todo estaba listo para llevar a cabo el empadronamiento.

Como no dieron razones válidas -hasta hoy, tampoco-, el Gobierno renunció a convencer y optó por forzar, para lo cual empleó la coerción estatal, pero también a sus grupos de choque que apelan a un uso ilegal e ilegítimo de la fuerza, sin que por ello sean sancionados; la Policía cometió excesos en la represión, como lo demuestra la gasificación de una bebé en el Plan Tres Mil o el intento de “sembrar” una bomba Molotov a un aprehendido; a esto se debe agregar la orden de cercar la ciudad para que no pasen alimentos; el veto a las exportaciones cruceñas y el uso de la justicia y fiscalía serviles al poder para perseguir a sus líderes, entre otras desatinadas medidas que, además de liquidar la confianza, causaron el efecto contrario de reforzar la resistencia de los cruceños.

También han destrozado la confianza cruceña las amenazas de muerte proferidas por un dirigente campesino masista o el ultimátum del ejecutivo de la COB para que los descendientes de croatas abandonen el país en 72 horas porque los verdaderos dueños de Santa Cruz son los sindicalistas; estos políticos oficialistas, que han sido hasta objeto de mofas, deberían ser procesados por la justicia, si la hubiera, por incurrir en delitos, pero gozan de impunidad ilimitada. 

El Presidente, en vez de reconstruir puentes de confianza, sigue en la línea de forzar una salida al conflicto, al repetir que la decisión de postergar el censo está avalada por “mesas técnicas”, cuando sabemos que estaban llenas de autoridades oficialistas; al expresar que se debe defender una posición con firmeza hasta el final o al prometer que ahora Beni -es decir, ya no Santa Cruz- será favorecido con la industrialización (otra promesa quimérica, además de tardía…). 

¿Cómo salir de esta crisis de confianza? El mejor camino es cumplir lo que se promete, pero el Gobierno, como primer paso, debería pedir disculpas a Santa Cruz para restablecer la confianza y el diálogo.