Un mes de paro. La movilización protagonizada por miles de ciudadanos bolivianos en Santa Cruz ya logró el compromiso de tres poderes del Estado respecto a la asignación de escaños y delimitación de circunscripciones, según los datos de población del próximo censo de población y vivienda.

Además, esta inédita movilización junto con el cabildo del 13 de noviembre se activó un debate sobre la vigencia del Estado Plurinacional que llegó con la Constitución de 2009. El expresidente Jaime Paz Zamora, por ejemplo, señaló que esa magna asamblea “marca el inicio del fin del Estado Plurinacional Boliviano” que estará refrendado con resultados del censo de una Bolivia más urbana.

“Vamos hacia la República Federal de Bolivia”, posteó el exmandatario en su cuenta en Twitter.

El economista Gonzalo Chávez afirmó que, al final de esta movilización, se van a señalar las pérdidas, pero no así otros aspectos que son transversales a esa realidad.

“Lo que no se está evaluando bien es el quiebre de la cohesión social y política que se está dando en el país con este problema y eso es irreversible. Se están haciendo o se están reviviendo heridas entre occidente y oriente, absolutamente innecesarias, que le van a serruchar el piso al crecimiento económico al Bolivia, en el mediano y largo plazo”, apuntó.

El debate, precisó, también debe contar “es el hecho de que hay una disputa de modelos económicos”. “Cuando se ve en detalle estamos frente a un problema que no es solo contar gente, sino que estamos frente a la alternativa de tener un modelo estatista, de amiguetes, basado en la economía formal, o un modelo económico basado en la producción y la competitividad. Ese es el choque de fondo” con Santa Cruz, añadió.

En todo caso, Chávez sugirió buscar la “complementariedad entre esos dos modelos de crecimiento” para apostar por un desarrollo de largo plazo. El último cabildo encomendó “revisar la relación entre con el Estado de Bolivia”. El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, anticipó que se anunciará la orientación de esa evaluación y, en breve, serán presentadas las personas que harán esa evaluación.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, señaló que antes de establecer los parámetros de la relación Estado-sociedad; Estado-Santa Cruz se debe evaluar si, efectivamente, funcionó el sistema autonómico.

“Estamos perdiendo la autonomía universitaria; estamos perdiendo la autonomía municipal y departamental. ¿Por qué? Porque, incluso, las leyes municipales ahora son revocadas a simple solicitud ministerial o solamente con una resolución de las instancias burocráticas de Gobierno”, afirmó.

Reclamó al centralismo por el control que posee, especialmente, sobre los recursos económicos. “Tenemos que recuperar lo que teníamos para poder profundizar las autonomías”, reflexionó el rector. Consideró así que se trata de “un proceso largo” y destacó la oportunidad de la región para “ponerlo en el tapete”. “Ahora, no hay nadie que puede oponerse a discutir la relación sociedad Estado y cómo debe ser la relación para la distribución de los recursos y cómo se debe manejar las instancias estratégicas entre Estado y sociedad. Obviamente eso implica llamar a una Constituyente o modificar la Constitución”, dijo.

Para la reforma parcial o total de la Carta Magna, este mismo instrumento jurídico prevé los mecanismos para poder hacer los ajustes en función de los desafíos y la agenda política del país y “nadie puede cuestionar una aspiración, dada la necesidad de responder a las necesidades de un pueblo, el pueblo también tiene la soberanía para plantear otras alternativas entre sociedad y Estado”, apuntó Cuéllar, cuya notoriedad y liderazgo evidenció a partir del conflicto por la fecha del censo.

En ese contexto y, a manera de evaluación, el rector de la Uagrm planteó la necesidad de que el Gobierno mejore su relación con Santa Cruz. “Más allá de estigmatización que tiene con esta región del país, el presidente Luis Arce y el Gobierno tiene que trabajar con todos los bolivianos”, apuntó.

Sin embargo, el paro sigue activo y la continuidad de la medida depende ahora de una ley que se tramita en La Paz. La norma movilizó al Órgano Electoral, la Cámara de Diputados y el Gobierno que prometieron “un trabajo coordinado” para que Bolivia llegue a las próximas elecciones nacionales de 2025 con información transparente sobre la verdadera cantidad de habitantes del país y con escaños que vayan de la mano de la nueva realidad demográfica que hay en cada departamento.

Actualmente, La Paz cuenta con 29 diputados; Santa Cruz, 28; Cochabamba, 19; Potosí, 13; Chuquisaca, 10; Tarija, nueve; Oruro, nueve; Beni, ocho; y Pando, cinco.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, declaró que “es suficiente” la entrega de los datos de población en septiembre de 2024 para distribuir escaños antes de las próximas elecciones. Hizo esa declaración frente al paro que se cumple en Santa Cruz desde el 22 de octubre con episodios de violencia policial, cercos y un intenso debate entre sus líderes. La autoridad hizo esa declaración sobre la base del Decreto 4824 que fija la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024 y luego de recibir información del INE, en el marco de una reunión que sostuvo el viernes con el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, y el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui.

Pero aún no es suficiente para que el paro se levante, según la percepción de instituciones cruceñas que promovieron la demanda del censo “oportuno y transparente”, pues se requiere la garantía de una ley “un documento escrito” que refrende las promesas que realizo el Ejecutivo. “Ya no es posible confiar en la palabra de las autoridades nacionales; se necesita un papel firmado”, apuntó, por ejemplo, el segundo vicepresidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis. La asamblea no mencionó la demanda del censo en 2023, pero tampoco validó el Decreto 4824, la norma que aprobó el presidente Arce y que fija el censo para 2024.

No obstante, Cuéllar, recordó que el plan del INE y del propio Arce no incorporaba la asignación de escaños en su último decreto.

La directora de censos del Instituto, Martha Oviedo, presentó el 11 de octubre en Santa Cruz un cronograma que establecía la entrega de datos en agosto de 2025, un mes antes de las elecciones nacionales sin espacio para que se asignen escaños y, de ese modo, postergaba esta tarea para el 2030.

El día que comenzó el paro, el 22 de octubre, el Gobierno ofreció adelantar la entrega de datos para septiembre de 2024 y la distribución de recursos a partir de ese mes a partir de los nuevos datos.

El vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas, consideró que, si bien es “muy importante la fecha, resulta mucho más importante la fecha de la entrega de sus resultados”. En ese contexto urgió la aprobación de una ley que ofrezca garantías a Santa Cruz y el resto del país. El censo estaba previsto para este año y, a pesar de las promesas del Ejecutivo, se postergó dos años merced de varios argumentos. El último de ellos fue planteado por el propio presidente Arce, quien dijo que “en 2012 no se hizo la actualización cartográfica”. Datos del Banco Mundial y la concejala cruceña Lola Terrazas mostraron una versión opuesta.

El viernes, Cuellar se reunió con presidente de Diputados y legisladores del MAS para que la ley que refrende los compromisos sobre los escaños sea aprobada lo más antes posible. “Esto va a permitir agilizar y dar una respuesta inmediata al pueblo cruceño y al pueblo boliviano para que lleguemos a un punto de encuentro”, dijo Cuéllar al evaluar su visita. Dijo que hay seis proyectos de ley, pero evitó comentar el contenido.

La alianza Creemos que está liderada por el gobernador Luis Fernando Camacho presentó, en ese marco, una propuesta que fija para el 2023 la realización del censo, además que instruye al INE realizar los censos cada 10 años.

El diputado Erwin Bazán (Creemos) cuestionó al presidente del TSE sobre el compromiso en favor de la asignación de escaños. “Esto genera más dudas sobre la independencia e idoneidad de quienes dirigen el TSE”, afirmó.