El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe presentó ayer un proyecto de ley en el que se prevé que sin necesidad de un proceso judicial o trámites burocráticos los jóvenes, a partir de los 18 años, puedan cambiar su nombre en caso de que el que llevan le haya ocasionado problemas e incluso bullying.

Además, esta normativa propone que las mamás puedan inscribir a sus hijos con el apellido materno.

Luego de realizar una socialización, el proyecto de ley será presentado lo antes posible ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El vocal explicó que uno de los beneficios del proyecto de ley es “el derecho al consentimiento”, eso significa que si una persona tenía un nombre que atenta su honra o dignidad -incluso que por eso haya sido objeto de bullying- podrá cambiar su nombre a partir de los 18 años.

El proyecto de Ley de Identidad Cultural y del Nombre -que fue socializado ayer en un taller nacional- busca resolver problemas de fondo en torno al nombre y a la identidad.

Esta propuesta fue elaborada por el vocal, quien este año cambió su nombre de Daniel Atahuichi Quispe a Tahuichi Tahuichi Quispe. En una entrevista anterior, explicó que su primer nombre no representa su identidad aymara. “Ahora sí recién me siento reconocido como ser humano”, dijo en esa ocasión la autoridad electoral. “Antes yo me llamaba Daniel, es un nombre colonizante, nunca representó mi identidad, jamás, es una imposición que viene de otra cultura”, agregó.

Respecto a la posibilidad de impulsar esta normativa, el vocal dijo que tiene esas posibilidades. “El artículo 26 del Órgano Electoral faculta a que pueda promover un proyecto de ley de orden electoral u orden de registro civil ante la ALP, (por eso) soy el autor intelectual y material del proyecto de ley”, aseguró la autoridad electoral.

Contó que luego de redactar la propuesta, la misma fue presentada ante la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Al ser aceptada -indicó- que esta instancia la asumió como un proyecto del Órgano Electoral.

Los beneficios

Según el vocal, otro de los beneficios de esta normativa tiene que ver con la justicia de género, lo que significa que “las mamás podrán inscribir a sus hijos con el apellido materno adelante, seguido del apellido paterno, como una muestra de despatriarcalización”.

Por ejemplo -de acuerdo con la autoridad- por tradición patriarcal se determina un orden de apellidos: primero es el paterno y segundo el materno. “Este hecho delata una visión cultural patriarcal y fomenta relaciones inequitativas entre hombres y mujeres”, sostuvo.

Además -de acuerdo con la autoridad- como existen familias monógamas, en las que los hijos son criados por la mamá, este proyecto propone que ellas inscriban a sus niños sólo con su apellido. “(Con eso), el Estado reconoce un justo derecho a ellas”, sostuvo.

El proyecto busca -además- revalorizar la identidad cultural a través de dar al ciudadano la posibilidad de recuperar su apellido y su nombre de origen cultural, pues -según el proyectista- por motivos de discriminación tuvo que cambiarlo.

Contra la burocracia

La norma plantea -también- que se eviten los procesos judiciales para el cambio de una letra o un apellido ante el Servicio del Registro Cívico (Serecí).

“Un ciudadano realiza en el Serecí un trámite de cambio de letra o un apellido, el cual se convierte en un trámite judicial, lo que implica varios problemas porque termina siendo bastante largo en el tiempo, porque dura tres, cinco o más años”, dijo la autoridad electoral.

El vocal Tahuichi aseguró que ese trámite no sólo quita tiempo al ciudadano, sino también le implica la erogación de recursos económicos. Sostuvo que hasta se puede llegar a gastar “11.000 bolivianos o más” en este tipo de procesos.

Indicó que si se aprueba este proyecto de ley, este trámite judicial podrá desaparecer y se convertirá en un proceso administrativo. “Con ello, el ciudadano ganará en tiempo y en economía”, dijo.

Según el proyectista de la ley, cuando una persona cumple 18 años y quiere cambiarse de nombre, tiene que hacer un trámite judicial que implica recursos y tiempos. “(Justamente) esta propuesta normativa establece que este tipo de cambios serán administrativos y gestionados en el Serecí”, añadió.