Problemas que el próximo censo hará evidentes

Evelyn Callapino señala en su columna del 16 de noviembre un problema en Potosí: están avasallando el territorio de una comunidad ante la ausencia de delimitación entre Potosí y Puna . ¡Un problema más ante la ausencia de delimitación, común a casi todos los municipios de Bolivia! Por ejemplo, en zonas de la ciudad de La Paz, como Calacoto o Aranjuez, cualquier construcción puede ser aprobada por los gobiernos municipales de Palca o Mecapaca. ¡Y esos municipios perciben los elevados impuestos anuales correspondientes a esas construcciones sin después gastar un centavo en mejorar los respectivos barrios!

Pero, además, esta indefinición tiene una directa incidencia en la distribución de las transferencias, que son asignadas según número de habitantes. ¿Qué municipio percibirá aquellas que correspondan a los habitantes de las zonas donde las circunscripciones no están definidas?

La definición de límites entre la gran mayoría de los municipios está pendiente desde 1994, cuando se aprobó la Ley de Participación Popular. En esa oportunidad se decidió que los límites municipales dejarían de ser los móviles “radios urbanos” y alcanzarían hasta la sección provincial.

¡Pero en su mayoría los límites entre cantones y entre secciones provinciales nunca habían sido claramente definidos! Al menos en el occidente del país, esta situación provenía de la Colonia, e incluso desde antes de la invasión española: las circunscripciones llegaban hasta donde el respectivo corregidor (o el curaca durante los Incas) podía alcanzar para el cobro del tributo (tributo en trabajo durante los Incas y en plata con los españoles), no geográficamente.

Aprobada la ley de municipalización correspondía ir definiendo, poco a poco, los límites intermunicipales, pero se dejó pasar el tiempo. Actualmente corresponde hacerlo a las gobernaciones, contemplando, con buen criterio, que en última instancia las delimitaciones se resuelvan por referéndum entre los habitantes de las áreas en disputa.

Pero esta importante tarea se ha ido postergando. Con frecuencia porque, para quedar bien con gobiernos municipales afines, gobernadores y/o mayorías de asambleístas prefieren mantener la indefinición de límites.

Pero no sólo los funcionarios electos, la administración pública en general no está cumpliendo sus funciones adecuadamente porque, al menos en el caso del MAS, también para ser funcionario designado la militancia prima sobre la capacidad profesional, y por ello el funcionamiento del Estado es cada vez más deficiente. Por ejemplo, en el caso del censo: ¿por qué el Instituto Nacional de Estadística, si se había definido que se llevaría a cabo el 16 de noviembre de 2022, no preparó con anticipación la necesaria cartografía?

En el Estado boliviano -inclusive en el órgano judicial- aún existen profesionales capaces y probos, pero con mucha frecuencia no son los que toman las decisiones sobre las tareas a realizar. ¡Ya es hora de que Bolivia opte definitivamente por la meritocracia para quienes están a cargo de los intereses comunes! Porque la explicación del mal funcionamiento del Estado, en general, es que están tratando de que opere en función de los intereses de los dirigentes de un partido, en vez del bien común. Es decir, se intenta llevarnos hacia un estado autoritario.

Por eso fue una gran victoria democrática lograr que, ante la comprobada injerencia del partido de gobierno en las elecciones de 2019, tuvieran que convocar a nuevas elecciones y cambiar de candidatos. Como ha sido un gran mérito de Santa Cruz evitar que se mantenga el padrón electoral correspondiente al censo de 2001 y que la distribución de escaños se haga según el próximo censo.

A propósito de esto último: ¿no será oportuno que, a la luz de sus resultados, se aumente en las asambleas departamentales la ponderación demográfica, para acercarnos al principio de “un ciudadano un voto”? Entre los departamentos que aún no cuentan con estatuto autonómico, en Beni no existe tal ponderación, y en los otros alcanza como máximo al 50% (La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí) (Ley 1353 de 7 de diciembre de 2020).