Hay una doble moral que ahora muestra el Gobierno nacional al acortar, por lo menos en apariencia, los plazos de entrega de los resultados del censo a la vez que el partido gobernante dilata y pone trabas al tratamiento de la ley en la Asamblea Legislativa.

Sí, ya conocemos la respuesta de memoria: ‘Son poderes del Estado independientes’. En teoría sí, pero en los hechos eso se ha acabado hace muchos años: Cuando quiere el Gobierno es capaz de impulsar la aprobación de una ley desde la etapa de recepción del proyecto hasta su promulgación por el Ejecutivo en 24 horas. Lo ha hecho más de una vez y también podría hacerlo ahora.

De manera que no es creíble aquello de que ‘nosotros cumplimos enviando el proyecto a la Asamblea, y ahora está en manos del Legislativo, donde nosotros nada tenemos que hacer’. Si hay auténtica voluntad política por resolver de una vez por todas este conflicto que implica un paro indefinido en Santa Cruz que ya lleva 28 días, el Gobierno y sus parlamentarios debieran dar un tratamiento rápido, por la vía expedita, para dar la garantía de que lo que se dice verbalmente, se firmará en una ley.

No tendría que hacer falta todo ese procedimiento, pero en este caso se justifica plenamente porque es el Gobierno el que ha perdido la virtud de la credibilidad: ya no le creen y por eso se prefiere tener la garantía de una ley.

Seguir dilatando la solución parece una provocación a Santa Cruz, a sabiendas de que el paro indefinido ya lleva casi un mes. Esta región necesita volver a su normalidad, a trabajar y producir, y la gente quiere retornar a esa rutina, pero no puede hacerlo a cambio de nada y mucho menos después de tantos días de sacrificio.

Tendrían las autoridades nacionales que preguntarse si no fue suficiente ya con las largas dilaciones que ellos mismos propiciaron con aquellas improductivas mesas de trabajo conformadas para respaldar la idea gubernamental de hacer el censo el 2024. ¿Cuánto más esperan alargar este conflicto?

En ese contexto, la errática estrategia del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, de cambiar las fechas de entrega de los resultados según se van produciendo los acontecimientos, confirman que esto de las fechas nunca fue una cuestión técnica, sino política, y no contribuye, por tanto, a encontrar una salida definitiva a estos días de tensión y paralización.

Así como tampoco contribuyen las desafortunadas expresiones del vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, de amenazar con hacer pública una lista con nombres y apellidos de quienes estarían supuestamente ‘traicionando a Santa Cruz y a la Universidad’, en una nueva marcha que se efectuará este viernes.

¿La misma Universidad que en este conflicto se ha convertido en una referencia de despolitización, sensatez y ciencia, es esa misma Universidad la que ahora va a ser una especie de inquisidora moderna que hará listas de quienes ellos consideran traidores?

Qué distinto ese comunicado de la Uagrm de las expresiones equilibradas y serenas de su rector, Vicente Cuéllar, quien de una manera discreta y distante de cualquier búsqueda de protagonismo, ha conducido hasta aquí con acierto y sin estridencias el Comité Interinstitucional para impulsar un censo oportuno y transparente.