¡Todo el verso que nos llevó al paro de 28 días se cayó con este titular! El TSE anuncia que no podrá asignar escaños para las próximas elecciones si los datos del censo llegan en diciembre de 2024.

 Recordemos que la imposibilidad técnica de realizar el censo el 2023 es el argumento sin sustento técnico que esgrime el gobierno, a través del ministro de Planificación, y que haciendo todos los esfuerzos posibles se ha llegado al Decreto 4824, aprobado por el presidente Luis Arce el 11 de noviembre. Esta norma tiene un solo artículo con dos apartados: el primero determina que la fecha del empadronamiento sea el 23 de marzo de 2024 y el segundo instruye la difusión de “resultados preliminares” en septiembre de ese año.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, afirmó el domingo —20 minutos antes del cabildo— que el Gobierno iba a enviar los datos finales de la encuesta al Tribunal Supremo Electoral en diciembre de 2024 para que proceda con la asignación escaños, una de las consecuencias más sensibles del próximo operativo censal. Después del anuncio del TSE requiriendo los resultados “oficiales” en septiembre del 2024, planteado el 17 de noviembre, el ministro afirmo: “El Instituto Nacional de Estadística (INE) va a trabajar para poder emitir los resultados de población oficial en el marco del Censo de población y vivienda para permitir la distribución de los recursos económicos por coparticipación en el mes de septiembre de 2024; esos resultados también serán remitidos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirmó el ministro.

Las preguntas son: ¿Dónde está el director del INE? ¿Dónde está el criterio técnico de esta decisión? ¿Cuál es la diferencia de resultados preliminares, finales y oficiales? Todas estas dudas generan al menos desconfianza sobre la honestidad de la competencia de las autoridades, dentro del contexto de un país sumergido en una crisis por no cumplir la ley, llevar a la región con más habitantes de Bolivia a una de las medidas más duras pidiendo que se implemente una encuesta que nos brinde información para garantizar los servicios básicos a más de 1.000.000 de personas que no están contadas para salud, educación, infraestructura, seguridad, etc. En el último censo, Santa Cruz tenía más de 2.000.000. de personas, ahora por las proyecciones, Santa Cruz tiene más 3,3 millones de personas. Solo pedimos que seamos serios. El gobierno debe tener consideración y este incidente nos demuestra claramente que no hay argumento para: primero, no aprobar el censo para el 2023; y segundo, no escuchar a un pueblo que sufre y se sacrifica porque se hagan las tareas que el gobierno debe hacer por mandato de la constitución. En tercer ugar, no aprobar el cambio del decreto 4824 a ley, porque de todas formas debe modificarse ese decreto en el menor tiempo posible para que incluya la nueva fecha propuesta por el TSE y además garantice: a) La distribución de escaños b) La delimitación de las circunscripciones. c) la nueva distribución de recursos económicos a los departamentos.

El anuncio del TSE lo cambia todo. Veamos el cronograma electoral:

La fecha de posesión del presidente será el 8 de noviembre. Noventa días antes de la fecha de posesión, el 10 de agosto, tendrían que ser las elecciones para permitir el cómputo oficial, la probable repetición de mesas y segunda vuelta. La convocatoria a elecciones se debe hacer 150 días antes de la fecha de elección, o sea el 13 de marzo de 2025. Para ello debe estar lista la ley que defina la distribución de escaños y la delimitación de 70 circunscripciones; además de la fórmula de distribución de los recursos económicos a las regiones.

 Ahora bien, veamos el problemita que nos va a hacer saltar todas las razones técnicas para no hacer la encuesta el 2023. ¿Cuántos escaños son actualmente? Son 130 escaños ¿Cómo se reparten?  60 por criterios poblacionales; 63 por criterios uninominales y siete por criterios indígenas

Los escaños por ciudad son: La Paz tiene 29; Santa Cruz, 28; Cochabamba, 19; Potosí tiene 13; Chuquisaca, 10; Tarija tiene 9; Oruro tiene 9; Beni, 8; Pando tiene 5m haciendo un total de 130 escaños.

Ahora se debe explicar cómo se va a llegar a un consenso para hacer una ley con un cambio drástico de esos cuadros de escaños, en la delimitación de circunscripciones y formula de distribución de recursos a las regiones en los tiempos que se ha impuesto el INE (que no tiene director) y el ministro de Planificación para lograr que la asamblea acepte la nueva configuración y emita una ley hasta el 13 de marzo del 2025 para realizar la convocatoria a las elecciones con datos “oficiales”, que no sabemos si son preliminares o finales. ¡Entendiendo que si son los datos preliminares los que nutran la ley son susceptibles a ser impugnados!

 El ministro Cusicanqui aclaró que todos los resultados que entrega el INE “son oficiales”, cuando se le preguntó por el alcance legal de esos “resultados preliminares”. ¡El INE no tiene director! Cómo confiar en que los datos que nos están dando ahora no serán impugnados y así inhabilitar el proceso por una cuestión técnica.

No va a ser tan fácil el engaño señores. Por estas razones es que el censo debe ser al menos en noviembre del 2023. De esta manera se obtienen al menos 4 meses para hacer ajustes y entregar los datos finales y oficiales en septiembre de 2024 para la elaboración de la ley que permita hacer la convocatoria a elecciones con la nueva configuración de escaños, delimitación de circunscripciones y distribución de recursos.

Solo pedimos seriedad y consideración. Este pueblo valiente sufre por toda la nación. La justicia de nuestro reclamo se ha convertido en causa del espíritu de un pueblo. No se olviden que hemos sido golpeados, agredidos, encarcelados por gente que debe protegernos, garantizar nuestra digna convivencia, y darnos oportunidades para un futuro mejor. Santa Cruz sabe de estas luchas, ojalá no sea tarde y se canse de gritar a un gobierno sordo. ¡Solo digo ojalá!.