La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no encontró irregularidades en el requerimiento acusatorio contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, por lo que definió remitirlo a Sala Plena de esa instancia, para que sea evaluado y si cumple con todos los requisitos de forma, remitirán el pedido a la Asamblea Legislativa donde se definirá si se inicia o no un juicio de responsabilidades contra el exmandatario.

“En realidad lo que nosotros hemos hecho es una revisión formal de los requisitos del requerimiento acusatorio que ha presentado el Ministerio Público, en realidad no consideramos elementos de fondo. Nosotros no recomendamos, esa no es nuestra labor en esta instancia”, puntualizó el vocal de la sala penal del TSJ, Edwin Aguayo en contacto con EL DIARIO.

La Fiscalía General del Estado envió el requerimiento acusatorio al Órgano Judicial el pasado 9 de julio, después de cumplir el plazo de 30 días donde se desarrolló una investigación previa. En este proceso se convocaron a más de una decena de personas.

Una de las actuaciones que fue altamente criticada fue la remisión del cuestionario al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, faltando dos días antes de la conclusión de la indagación.

EN EL PLENO

El presidente de esa instancia judicial, José Antonio Revilla dijo que los antecedentes del caso más el informe de la Sala Penal fueron remitidos al pleno la tarde del pasado lunes.

Explicó que la valoración que realizarán también se basa en los elementos de forma que contiene el requerimiento acusatorio contra el expresidente.

Por su parte, Aguayo advirtió que, incluso, cabe la posibilidad que la Sala Plena realice otras observaciones y en caso de que haya alguna irregularidad, el pedido puede ser devuelto a la Fiscalía para que sean subsanadas.

Sin embargo, estos detalles serán evaluados hoy a partir de las 09.00. Se prevé que hasta primeras horas de la tarde se conozca el resultado de ese análisis.

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, explicó que la acusación se fundamenta en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

LOS TIEMPOS

El presidente de la cámara de senadores José Alberto Gonzales resaltó que el proceso que se inició contra el expresidente no tiene tintes políticos, además que los tiempos procesales no lo inhabilitarán, en caso de que se presente como candidato presidencial en las justas electorales del 2019.

“Lo que queremos decir a los que apoyan a Mesa es que estén tranquilos, porque no vamos a alcanzar con nuestros plazos a meterlo preso, o llegar a una sentencia ejecutoriada. Definitivamente los procedimientos nos aconsejan que un juicio de estas características no demore más de dos años, que descarte el señor Mesa que se trata de un juicio político, el resto es una novela, especulación y politiquería barata”, dijo el legislador.

En el mismo tenor el diputado del MAS, Víctor Borda explicó que, en caso que el TSJ remita al Legislativo los antecedentes, no se priorizará su tratamiento, ya que existen otras solicitudes de autorización de juicio de responsabilidades que están pendientes. Aunque no dio mayores detalles sobre estos casos.

Para el diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría, el objetivo del juicio es claramente electoral para inhabilitar una eventual candidatura de Mesa en las elecciones presidenciales.

“Hay gente en el Gobierno que va hacer lo imposible para que Mesa sea el único responsable y de esa forma ocultar el pésimo trabajo de defensa (en el caso Quiborax) “, afirmó.

OTROS RESPONSABLES

El abogado del expresidente, Carlos Alarcón reiteró el pedido que hizo la exautoridad de enjuiciar a los ministros de minería, cesar navarro; de justicia, Héctor Arce; además del Procurador, Pablo Menacho y la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, debido a la desastrosa representación legal en el arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que dictaminó un resarcimiento económico de $us42.6 millones a la firma chilena.

“El objetivo es destruir a Carlos Mesa y eliminarlo como potencial candidato opositor a Evo Morales y pretender que nos sumemos a la idea de que Evo Morales puede ser candidato presidencial y él tiene que escoger quien va ser su adversario político. Este es un caso básicamente político”, destacó.