Brújula Digital |18|11|22|

Asambleístas del oficialismo y la oposición discrepan sobre la aprobación de una ley de censo, situación que dilata el conflicto, especialmente en Santa Cruz, por el establecimiento de la fecha del empadronamiento censal y la entrega de los resultados para la redistribución de recursos y escaños parlamentarios a los departamentos.

Hasta ahora se conoció la presentación de tres proyectos de ley sobre el censo, uno propiciado por la diputada Deisy Choque (MAS) y otros por Comunidad Ciudadana (CC) y las dos alianzas de la oposición más el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz.

Tanto asambleístas de la oposición como el comité cruceño demandaron la aprobación de una ley, para que se garantice el cronograma electoral y se dé fin al conflicto. Esta semana, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se frustró la aprobación de la norma, debido a que el oficialismo se opuso a la dispensación de trámites, para un tratamiento directo del proyecto de normativa.

En medio de ese panorama, hasta ayer jueves se conoció que oficialmente ingresó el proyecto de ley de Choque a las comisiones de Constitución y de Planificación de la Cámara de Diputados, para que el documento sea tratado a partir del lunes de la siguiente semana. Se calcula que la normativa tardaría al menos cinco días en ser aprobada, a través de un trámite regular.

Al respecto, la diputada Choque rechazó este viernes la posibilidad de dispensar trámites y considerar y aprobar la norma a la brevedad posible. Primero, justificó su posición con el argumento de que el proyecto de ley no llegó del Órgano Ejecutivo y, segundo, dijo que, actualmente, se conoce de tres documentos, pues si hubiera existido sólo uno, hubiera sido posible.

En ese sentido, Choque señaló que los tres proyectos de ley deben seguir su trámite normal en las comisiones, para que éstas emitan su respectivo informe, y luego pasen al pleno camaral para su respectiva consideración.

Al margen de ello dejó entrever que el MAS no apoyará la aprobación de los proyectos de leyes presentados por la oposición, debido a que en ellos se incluyen “caprichos” respecto a fechas para el censo y para la entrega de resultados. En ellos se indicó principalmente que la actividad censal se desarrolle en 2023 y que los resultados sean entregados hasta mediados de 2024.

Por ese motivo, Choque respaldó la aprobación de su proyecto de ley que se enmarca en el cronograma establecido en el decreto supremo de Arce, que prevé el empadronamiento censal para el 23 de marzo de 2024.

En respuesta, la senadora Andrea Barrientos (CC) cuestionó la postura de Choque de quien dijo que es “burócrata” al igual que asambleístas del MAS por no querer dispensar trámites para la aprobación de la norma.

La senadora de criticó al MAS por no tener la voluntad política para aprobar la norma de forma rápida y dar fin al conflicto en Santa Cruz, departamento que en este viernes cumple su día 28 de paro indefinido.

Tal como estaba previsto, el presidente del comité cruceño, Vicente Cuéllar, llegó este viernes a la ciudad de La Paz para reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, para pedirle que se agilice el tratamiento y se apruebe lo más antes posible el proyecto de ley del censo.

Ayer jueves prácticamente se definió el plazo para la entrega del resultado oficial del Censo Nacional de Población y Vivienda, hasta septiembre de 2024.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) salió el jueves para advertir que los resultados del censo deben conocerse hasta septiembre de 2024, si es que se busca que estos datos sirvan para la redistribución de escaños parlamentarios para las regiones. Indicó que si esa información es otorgada en diciembre de 2024 será extemporánea.

Horas después, el Gobierno, a través del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, aseguró el envío de los datos al TSE hasta septiembre de 2024, para que precisamente pueda cumplir con la labor de reasignación de escaños.

Si bien hay ese compromiso verbal para garantizar la redistribución de escaños, asambleístas de oposición y el comité cruceño buscan que ese compromiso esté contemplado en una ley.

BD/JJC