En política perder la iniciativa es letal. Eso le está ocurriendo a Luis Arce y su gobierno en el conflicto del Censo, el más desgastante para su gestión. El Ejecutivo va detrás de los acontecimientos, no los conduce ni los orienta. Su conducta es reactiva y en muchos casos errática. Se nota que anda extraviado en medio de un laberinto.

Lo dicho y lo hecho por autoridades políticas del Gobierno después del súper cabildo del 13 de noviembre muestra su desorientación y cómo se ha ido enredando en sus mentiras e inconsistencias. Comienzo por la nueva batalla del Censo, la que se librará en la Asamblea Legislativa, si es que el tablero no vuelve a ser pateado desde Santa Cruz.

En dos días, lunes y martes después de la enorme concentración ciudadana, el oficialismo tuvo tres posiciones sobre la exigencia de que el Órgano Legislativo sancione y Arce promulgue una ley que eventualmente defina el Censo en 2023 y asegure distribución de recursos de coparticipación y el inicio del proceso de reasignación de escaños en Diputados en septiembre y diciembre de 2024.

El Presidente de la Cámara Baja y el jefe de la bancada nacional del MAS dijeron el lunes 14 de noviembre que no había ningún inconveniente para aprobar la Ley del Censo. Al día siguiente, el martes 15, el Ministro de Planificación, el principal colaborador de Arce en el tema del Censo, y diputados evistas y arcistas, desahuciaron en coro la consideración de cualquier proyecto de ley sobre ese tema.

Horas más tarde, terminando el martes, la bancada masista (o parte de ella) presentó un proyecto de Ley con un solo articulo que garantiza la reasignación de escaños antes de las elecciones de 2025, en base a los datos finales de población de la encuesta nacional. El zigzagueo puso en evidencia el desbarajuste que reina en el Gobierno desde que en julio decidió postergar el Censo para el 2024. Hay un par de ejemplos más.

Al día siguiente del impresionante cabildo cruceño y con el plazo de 72 horas ya corriendo para que se liberen a los 20 detenidos en los hechos violentos durante el paro indefinido, el Vocero presidencial no tuvo mejor idea que decir públicamente que no era una conminatoria para el Ejecutivo porque existe independencia de poderes y que no hay injerencia política en los otros órganos del Estado. Una mentira más grande que la Casa Grande del Pueblo.

¿Qué pasó al final? Antes de que venza el plazo de 72 horas, 15 de los 20 detenidos volvieron a sus casas, dos fueron sentenciados porque decidieron someterse a un juicio abreviado y no se sabe qué pasará con los detenidos por la muerte de un funcionario municipal de Puerto Quijarro, en el primer día del paro indefinido.

Además, en lo que va de la medida de presión en Santa Cruz, el Ejecutivo disparó toda su artillería discursiva contra el Gobernador y el Presidente cívico, sabiendo que la demanda ya estaba enraizada en la sociedad misma y que ya era una causa nacional. Sin sentido alguno, insistió obstinadamente en que hay un nuevo intento de golpe de Estado y un plan de desestabilización.

Del otro lado también hubo y hay falta de claridades sobre cuándo debe realizarse el Censo, cómo conducir el desemboque del conflicto y en qué consiste el desafío de mediano plazo que lanzó el súper cabildo al autorizar la conformación de una “comisión constitucional” para revisar la relación política del departamento de Santa Cruz con el Estado boliviano.

El Presidente del Comité Cívico dijo que el nuevo horizonte es el federalismo o la constitución de un Estado confederado. Más tarde, en una cadena internacional de noticias, el Segundo Vicepresidente de la entidad lo desmintió y dijo que nunca se planteó “ni federalismo ni independentismo”. Durante el paro indefinido se han visto desinteligencias y contradicciones entre los integrantes del Comité interinstitucional.

Pero, ¿en qué se diferencia la situación del Gobierno y de la instancia que conduce el movimiento regional? Erróneamente el Ejecutivo apostó por la postergación del Censo, creyendo que era el momento de derrotar a la región más opositora al MAS, y no vio que los liderazgos cívicos, políticos, institucionales, productivos y sociales cruceños se habían reconectado, decidieron resistir juntos la arremetida y trazaron una nueva ruta crítica que va más allá de la demanda del Censo,

El conflicto que empezó con la exigencia de un empadronamiento nacional en tiempo oportuno y con transparencia ha escalado y ahora se plantea un nuevo relacionamiento entre el departamento con mayor poder económico y gravitación política con el Estado boliviano. Arce y su administración están en la obligación de tomar en serio el desafío de Santa Cruz respaldado con la impresionante concentración del domingo 13 de noviembre.

Si siguen sin entender al departamento que los puso en jaque, continuará la desorientación gubernamental, el caos discursivo, las idas y venidas en la acción política, y la subestimación de una región que le habla de tú a tú al poder nacional. La manera de hacerlo es viabilizar la aprobación de la Ley del Censo con mínimos consensos para que el conflicto concluya y luego hacer una pausa en este viaje turbulento para meditar lo que se viene en los próximos tres años de gestión.

La última encuesta de Diagnosis dice que la opinión favorable de la gente sobre Arce bajó del 46% en octubre al 38% en noviembre y que la intención de voto del Presidente se desplomó del 20% al 11% en ese mismo período. Arce y su gobierno dejaron que las cosas lleguen a un punto crítico porque les cuesta entender al departamento más plurinacional del país.

Ahora mismo se nota que están espantados con que el conflicto se supere y sean señalados por unos y otros como los grandes derrotados. Asuman que cometieron errores de cálculo político y que fracasaron en su objetivo de someter por la fuerza a Santa Cruz. Hagan una verdadera autocrítica para entender el país que están gobernando y luego intenten retomar la iniciativa política, de lo contrario los próximos tres años serán un calvario.

Edwin Cacho Herrera es periodista