Si algún creativo estratega del Gobierno no se inventa una nueva “maniobra envolvente” para evitar las próximas elecciones generales, el Órgano Electoral Plurinacional (TSE) deberá convocarlas, el lunes 29 de abril de 2019, para que se realicen, en primera vuelta, el 13 de octubre de ese mismo año. El lunes 15 de julio de 2019, se vencerá el plazo para la inscripción de candidaturas a la Presidencia, Vicepresidencia, senadores y diputados. 

 Ante sendas consultas que realizaron, primero el abogado Carlos Alarcón y luego varios colectivos ciudadanos, exigiendo una definición del Tribunal Supremo Electoral sobre si respetará o no el resultado vinculante del referendo del pasado 21 de febrero de 2016, la respuesta fue teórica, vaga e imprecisa. Los miembros del TSE, primero por boca de su Presidenta y luego mediante un lacónico comunicado, nos informaron que tomarán posición recién “cuando adquieran competencia”, y que lo harán basados en el “principio de jerarquía normativa”. En castellano claro: nos están diciendo que esperemos poco menos de un año para saber, a ciencia cierta, si aceptarán inscribir la candidatura de Evo Morales o si la rechazarán.

 Tomando en cuenta la temperatura política del país, esperar esa decisión del TSE tanto tiempo, no sólo parece una eternidad, sino una tremenda irresponsabilidad. La ciudadanía requiere certidumbre y claridad y espera de sus autoridades, especialmente de este novísimo órgano de poder del Estado contribuya a la paz social.

 Para nadie es desconocida la querella que actualmente enfrenta a dos causas excluyentes y contrapuestas en el ámbito político boliviano. Por una parte está la ciudadanía movilizada, que defiende el carácter vinculante del referendo del 21F y, por consiguiente, exige el respeto a la soberanía popular expresada en las urnas; mientras que, en la vereda del frente, está el partido de Gobierno, empeñado en lograr la reproducción del poder por cualquier medio, cueste lo que cueste. Unos estamos por la causa de la democracia y ellos están por la causa de la permanencia indefinida en el poder.

 Estas dos causas se enfrentan cotidianamente en las calles, en los medios de comunicación, en las universidades, en las fábricas, en los hogares y en todo espacio en que se debate el futuro del país. La causa de la democracia es claramente mayoritaria, pero no posee un liderazgo claro, ni tampoco una organización disciplinada y, menos todavía, medios, herramientas o recursos logísticos adecuados para el desafío; se nutre del entusiasmo y la voluntad incansable, sobre todo de los jóvenes. 

La causa del poder es minoritaria, pero está encabezada nítidamente por el Presidente y el Vicepresidente. Cuenta con una organización profesional y posee recursos, y medios logísticos y financieros inacabables; los mueve la ambición y el temor a rendir cuentas de sus actos algún día.

 El TSE asiste como espectador ante ese paisaje político y no se conduele de la situación. Está en sus manos definir la querella y dar certidumbre a la sociedad, pero no lo hace. ¿Por qué el TSE no responde a los desesperados pedidos de la sociedad civil? Me animo a pensar que parte de la explicación a esta conducta indecisa está en que, entre los siete miembros que componen su sala plena, no están de acuerdo y que la querella de la sociedad también está instalada internamente en el Tribunal.

 Están postergando su decisión, esperando que algún acontecimiento externo les quite la “papa caliente” de las manos. ¿Un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal vez? No podemos saberlo con certeza, pero sí podemos afirmar que es un camino equivocado.  

 El TSE no va a definir si Evo Morales está inhabilitado para ser nuevamente candidato, eso ya lo decidió el pueblo, pero su posicionamiento puede contribuir a evitar enfrentamientos inútiles y días amargos para Bolivia. Están de frente ante la historia. Pueden seguir haciéndose a los k’asas o asumir su responsabilidad.

Ricardo Paz Ballivián es sociólogo