Después de una semana especialmente intensa en el conflicto por la realización del Censo de Población y Vivienda, la actualidad pasa este domingo por la celebración de un cabildo en Santa Cruz que tomará nuevas determinaciones no tanto en las medidas a seguir sino en el rumbo a tomar por la demanda cruceña en sí.

Los analistas y expertos electorales reconocen que los cabildos que se celebran en Santa Cruz, por la cantidad de gente y su formato, dista mucho de ser el reflejo de lo que se recoge en la Constitución como ejercicio de democracia directa, pues no hay deliberación, pero no por ello no deja de ser la expresión de hoy por hoy la parte gobernante – y con mayoría absoluta – en la Gobernación cruceña.

De viernes a viernes se jugó la última fase del conflicto. Una fase que empezó con la Mesa técnica sentándose en Trinidad y la bancada del MAS volando por los aires consumando el “golpe” de Jerjes Mercado para ponerse al frente de Diputados con la ausencia de la bancada evista, y concluyó con un mensaje enlatado de Luis Arce en el que hablaba de la polarización y fijaba la fecha de realización del Censo en el 23 de marzo de 2024 y aseguraba que los resultados preliminares se entregarían en septiembre de ese año y se aplicarían de inmediato, al menos en lo que a redistribución de recursos de coparticipación se refiere, ya que la redistribución de escaños compete a otro poder del Estado. Una fase que ha redefinido el rol de unos y otros en el conflicto y que deja señalados unos cuantos nombres propios.

Como sea, las fuerzas vivas opositoras de Santa Cruz tienen sobre la mesa al menos cuatro alternativas principales para continuar la movilización con diferente grado de profundidad y calendarios de aplicación. Esta noche se desvelarán los planes que han trazado las instituciones que son parte del Comité Pro Intereses de Santa Cruz y que controlan básicamente la Gobernación y la Asamblea cruceña. Estas son las alternativas que analistas y estrategas contemplan:

Aceptar la palabra de Arce

La primera opción es la obvia y varios voceros y referentes políticos nacionales ya ahondan en esta opción de considerar el mensaje del presidente Luis Arce una victoria. Si bien el censo no se realizará en 2023, hay un compromiso – al menos televisado aún a falta de concretarse en el decreto - para aplicar los resultados preliminares en septiembre de 2024, un año antes de a cita electoral, lo que también dará tiempo al Tribunal Supremo Electoral a redefinir sus curules.

El propio Tuto Quiroga o el alcalde paceño Iván Arias reconocían con eso el éxito cruceño y añadía que “no hay rincón de Bolivia donde no se sepa qué es un censo y para qué sirve”. Políticamente es manejable: en tres semanas de paro han adelantado el censo seis meses y la aplicación de resultados dos años. Además, han hecho volar por los aires la unidad del Movimiento Al Socialismo (MAS) y retratado a más de un ministro. Cualquiera podría hacer carrera con estos resultados, pero no es el estilo de Luis Fernando Camacho, que sigue señalando que la postura fijada en un cabildo es 2023, y apenas le serviría una matización en la jornada de hoy.

Ir por la Ley

Las posibilidades de que el movimiento cívico y el propio Luis Fernando Camacho se conformen con lo logrado son remotas, y no tanto por el fondo sino por la forma. Luis Fernando Camacho sube en la confrontación y se hunde en la gestión, tal como han evidenciado todos los sondeos de valoración desde su asunción del poder en 2021.

En esas, si la estrategia es mantener el pedido de 2023 exclusivamente, la vía más factible para lograrlo es la de aprovechar el actual cisma legislativo en el MAS, entre el sector evista y los que son más cercanos al gobierno de Arce y Choquehuanca. La oposición tiene 55 curules en Diputados por 75 del oficialismo que se han partido más o menos por la mitad con lo que bastaría con que uno de los dos bloques se abstuviera para sacar la Ley adelante con mayoría simple.

El Senado está mayoritariamente controlado por el evismo, ya que fue Evo quien designó personalmente a los cabezas de lista en cada departamento, en cualquier caso y dado que ese bloque es el afrentado y que en la confrontación, a Evo Morales le conviene que el Gobierno sufra y se muestre como incompetente, la abstención también estaría garantizada para cualquier iniciativa en esa línea siempre que tenga una justificación, y la justificación es, evidentemente, la “pacificación” del país.

Esa estrategia necesita, sin embargo, multiplicar los choques violentos que se reprodujeron el viernes y llevarlos incluso a otros departamentos, algo que de momento no está sucediendo. El primer paso, en todo caso, sería mantener el paro con bloqueos y añadirle tomas de instituciones estatales o similar y esperar que alguien en el MAS, de vaya a saber qué bloque, avive también actos de choque con grupos de desbloqueadores o resuciten el “cerco· a Santa Cruz, que a tenor de los resultados, no ha sido efectivo.

Alternativas mayores: revocatorio o pacto fiscal

En el manual de retirada siempre está el de elevar la apuesta, exigir más y poner nuevos plazos a la espera de cómo evolucionen los acontecimientos. Políticamente permite gestionar los éxitos y darles perspectiva temporal, al mismo tiempo que no se admite una derrota. En función del contexto en el que vaya avanzando la relación, la nueva exigencia se diluye o se radicaliza.

Una de las posibilidades es exigir la apertura de la discusión del Pacto Fiscal ya, antes de conocer los resultados del censo, para precisamente acordar las líneas maestras sin tener en cuenta el resultado final, pues los criterios globales no deberían estar vinculados a cuanto le toca a cada uno, sino qué es lo que se considera justo: ¿La población?, ¿la despoblación?, ¿salvaguardar las fronteras? ¿La dispersión rural? Cuando Arce se compromete a redistribuir recursos con el resultado preliminar – lo que puede traer unos problemas de futuro graves – considera que no se modificarán los criterios de reparto actual, es decir, que seguirá repartiendo apenas el 9 por ciento de la coparticipación mientras el 90 por ciento se queda en Estado central. Sin embargo, el operativo para conseguir que esto se materialice es complejo, sobre todo si requiere movilización ciudadana para exigir una convocatoria en la que se está en minoría.

La otra alternativa de escalada es apremiar a la celebración de un referéndum revocatorio y liderar la coordinación para que se realice. Hay varios caminos para ello, pero lo cierto es que en el país solo se cumplió cuando fue el gobierno el que lo impulsó en 2008 para medir a Evo Morales y a los diferentes Prefectos y aplastar a su manera la rebelión del Conade. Le salió bien.

El Comité Cívico cruceño, respaldado por la Gobernación y las grandes empresas, tendría la capacidad logística para garantizar el revocatorio en plazo por iniciativa popular, pero no queda claro en qué le convendría a Santa Cruz abrir esa batalla, que, por otro lado, el evismo apoyaría más o menos veladamente porque contribuiría al objetivo de debilitar a Arce para acortar el mandato o, al menos, disuadirlo de cualquier intención de volver a candidatear.

Por otro lado, mantener un gobierno debilitado, golpeado y sin bancada mayoritaria mientras se consolida la bancada cruceña, actualmente en crisis similar, aunque por otros motivos más mundanos, parece ser la situación ideal para sacar partido de cualquier proceso legislativo.

Abrir la vía independentista

El último punto que se contempla es el de aprovechar el momento de desasosiego para abrir definitivamente la vía independentista, un camino unilateral y netamente cruceño para desligarse de la tutoría del Estado.

Para algunos analistas, este es la intención última de Luis Fernando Camacho y su grupo desde que apareció en el escenario nacional en septiembre de 2019. Un plan que ha ido cumpliendo a velocidad de vértigo y que es coherente consigo mismo, y que emula esencialmente al “procés catalán” en España, pues Santa Cruz, como Cataluña, lidera económicamente, demográficamente y paga más impuestos de los que recibe.

Los Demócratas de Rubén Costas agotaron la vía autonomista con éxito, pues incluyeron el concepto en la Constitución de 2009, donde no se contemplaba, poniendo contra las cuerdas al poderoso gobierno del MAS emanado de las urnas en 2005, pero en el desarrollo posterior fueron apareciendo las limitaciones del modelo.

En 2019 apareció Luis Fernando Camacho justo antes de las elecciones, y abanderó el movimiento que derrocó a Morales convirtiéndolo en símbolo de la resistencia antimasista, pero pronto su influencia se vio limitada al oriente, que por otro lado, era donde pretendía estar. Su candidatura presidencial en 2020 no tenía otro objetivo, como ha quedado claro después, que conformar una bancada cruceña propia que fuera relevante en una Asamblea Plurinacional más equilibrada ganara quién ganara. La abultada victoria de Arce trastocó los planes, pero no impidió que se presentara a las elecciones a Gobernador y arrasara con más del 50% en Santa Cruz.

Camacho y su círculo de confianza defienden, básicamente, los intereses cruceños, y aunque ha hecho alguna invitación a los departamentos vecinos, nunca ha mostrado una intención real de conformar un bloque opositor amplio. Hace unos meses ya lanzó la idea de avanzar en la construcción de un Estado federal sin que después eso haya tomado forma concreta de iniciativa legislativa, cambio constitucional o al menos conformando una mesa de diálogo entre promotores. En cualquier caso sirve para alegar que se ha intentado.

El sentimiento independentista es el que está anidando en buena parte de las nuevas generaciones de cruceños, un sentimiento que nace del prejuicio y ya no tanto del racismo por lo intercultural de Santa Cruz. En general, cunde la idea de que el país tampoco les quiere, que sólo Santa Cruz se moviliza por las cosas importantes – fraude, censo – y que después no se le reconoce. Esto va creciendo en lo que va de siglo.

Los analistas señalan que no será un asunto a velocidad y no se parece a la propuesta de la Unión Juvenil Cruceñista, pero que el cabildo de hoy puede marcar un rumbo de acción en el nuevo escenario de la Asamblea y con otras acciones planificadas que conduzcan a la independencia.